Félix
Población
Durante tres semanas,
un grupúsculo de adictos al odio ha estado acosando el domicilio privado de dos
representantes del Gobierno. Esto es algo que no había ocurrido jamás en los
últimos cuarenta años de democracia, por lo que bien podría haber sido motivo
de atención mediática. Hasta cierto punto resulta alarmante que no haya sido
así entre la mayoría de los analistas de los medios de comunicación.
La repetida incidencia
ha venido sucediendo a medio centenar de kilómetros de la capital del estado
durante casi tres horas al día, todas las tardes y hasta bien entrada la
noche. Se utilizaron para ello megáfonos de gran potencia que expandían al aire
a todo volumen el cancionero del viejo régimen y un cúmulo de gritos y
exabruptos afines al ideario retrógrado y guerracivilista con el que esos
sujetos abonan su inquina.
Lo han venido haciendo
hasta el pasado lunes, sin que los agentes de la Guardia Civil allí presentes
tuvieran en cuenta que los reunidos carecían del correspondiente permiso para
ese tipo de convocatorias y que los vecinos de Galapagar, la localidad en donde
tuvieron lugar los hechos, como los de todo municipio de la geografía española,
tienen derecho a no ver turbada la tranquilidad y descanso en sus
hogares, cuya preservación y protección corresponde a los agentes del
orden.
Cuentan esos vecinos,
que se manifestaron a su vez para hacer valer esas razones frente a la abusiva
reincidencia de los alborotadores, que los agentes les obligaron a
identificarse, sin que no lo tuvieran que hacer los que alteraban el orden
público, liderados al parecer por una concejala del partido neofranquista en el
Ayuntamiento de Galapagar, cuya lenguaraz homofobia contra el
ministro Marlaska -según La última hora- da cabal reflejo de
su estofa mental.
Es muy significativo
que solo después de que la información apareciese en este periódico, se puso
fin a esas concentraciones, de las que cabe suponer tuviesen puntual referencia
los superiores de los agentes personados, facilitada como es de ordenanza por
los mismos día tras día hasta hacer nada menos que 22 de extraña e inédita
manga ancha.
¿Se podría
suponer, por lo expuesto, que si la familia compuesta por Irene Montero, Pablo
Iglesias y sus tres hijos no fuera la acosada -gracias a la puntual información
sobre su domicilio servida en su día con todo detalle por el periodismo de
cloaca o muladar, iniciador a su vez de estas prácticas-, la Guardia Civil
hubiese actuado con más celo? La respuesta a la negligencia, o a lo que fuere, queda
por saber mientras no conozcamos la identidad de los responsables.
Recordemos que
el cesado jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid estaba muy al
tanto de la intrahistoria de Galapagar, hasta el punto de ordenar a sus agentes
a que instasen al supermercado de aquella localidad para que conservase un
vídeo en el que aparecía Pablo Iglesias haciendo la compra sin mascarilla. Esa
orden se dio sin que existiera denuncia ni diligencia alguna y después de que
el supermercado se negase por ello a entregar ese material.
Como es
sabido, fue también esa orden la que alertó a la cúpula de la Guardia Civil,
semanas antes del falaz informe sobre el 8M que acabó con el cese de Pérez de
los Cobos y evidenció la chapuza de su elaboración, de la que se sigue
nutriendo la airada oposición bipartita, cuyo objetivo a lo bolsonaro es hacer sin escrúpulos de la mendacidad ruido
y fango, con la colaboración estelar del
burdo periodismo de alcantarilla, que para eso está.
*Artículo publicado en La última hora
*Artículo publicado en La última hora
DdA, XVI/4526
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