Envalentonado sin duda por la última encuesta, publicada hoy por eldiario.es, el Partido Popular tiene volcada toda su ruidosa y enlodada artillería en defender a Díaz Ayuso de la que se le viene encima con la denuncia de cientos de familiares de los miles de ancianos fallecidos en la residencias de la Comunidad de Madrid, en su mayoría privadas. Según esa encuesta, el Partido Popular y su extrema derecha sumarían cinco diputados más en el Congreso que el Partido Socialista y Unidas Podemos. Cabe preguntarse si le está dando resultado su forma de hacer oposición, única en el mundo por su agresividad en contra del Gobierno y ante una excepcional crisis sanitaria internacional, la mayor que ha vivido España en un siglo. La mayor de las inmoralidades para este Lazarillo es considerar a un anciano como una vida sin valor social. Y si esto se hace desde un gobierno, sea el que sea, en Aragón, Galicia, Castilla y León, Cataluña o Madrid, debe ser un delito y tienen que pagar por ello sus responsables:
David Torres
Con Díaz Ayuso te ríes mucho hasta que un día dejas de reírte. Una cosa es llevar la cuenta de twitter de un perro y otra dirigir una Comunidad Autónoma con todas sus competencias y servicios. Entonces los chistes involuntarios, las sonrisas orgásmicas, las caras de Santa Teresa en éxtasis y las frases de peón caminero se convierten en desastres mientras las carcajadas se van helando una a una en la boca. Después de hacer el ridículo con test defectuosos, mascarillas inservibles y aviones aterrizando con semanas de retraso, le ha estallado en plena cara el escándalo de las residencias, donde miles de ancianos madrileños murieron sin ser atendidos o, peor todavía, después de comprobarse que el gasto sanitario de atenderlos y cuidarlos no merecía la pena, ya que se iban a morir de todos modos. Es lo que pasa cuando se privatizan los servicios públicos en hospitales y residencias de ancianos, y a continuación se aplican los criterios de rentabilidad económica a los enfermos: que hay enfermos que salen más rentables muertos que vivos.
Lo dijo la propia presidenta Ayuso en una entrevista en el diario El Mundo hace un mes, cuando le preguntaron por la denuncia de la patronal de residencias acerca de la decisión de no hospitalizar residentes durante el pico de la pandemia: "Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que esa persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado". La verdad es que se trata de un diagnóstico seguro, porque fallecer, lo que se dice fallecer, vamos a fallecer todos, más temprano o más tarde. La sanidad bien entendida consiste en agilizar recursos y ahorrar tiempo, de manera que lo que uno pierde en camas lo gana en ataúdes. En estos cambalaches de aquí paz y después gloria, al PP siempre le sale el negocio redondo.
El protocolo de actuación en las residencias de ancianos empezó a circular cuatro días después de la entrada en vigor del estado de alarma, llevaba un membrete oficial de la Comunidad de Madrid y estaba firmado por Carlos Mur, por aquel entonces director general del Coordinación Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud. No era más que un borrador, explicaba Ayuso, concretamente un borrador de ancianos. El documento, entre otras barbaridades, señala que hay que "valorar a aquellos pacientes que menos se benefician del ingreso hospitalario". El beneficio es un concepto fundamental para estos políticos neoliberales que llevan privatizando los servicios sanitarios durante decenios, aunque hay que asombrarse ante el humor negro y el sentido del eufemismo de unos tipos que consideran un beneficio la posibilidad de no morirse. Ayer mismo se descubrió que mientras los residentes con seguro privado sí pudieron disfrutar del beneficio de la hospitalización y el oxígeno, los demás se iban muriendo por culpa del feminismo.
Los voceros y alabarderos de la derecha llevan tiempo optando por la táctica del calamar, asegurando que el control de las residencias pasó directamente a manos del gobierno a raíz de la declaración del estado de alarma. Lo mismo podían haber dicho que las residencias las controlaba Maduro desde Venezuela. Lo cierto es que el artículo 6 del B.O. E. del 14 de marzo dice bien clarito que cada administración conservará las competencias otorgadas por la legislación vigente para adoptar las medidas que en cada momento estime necesarias. Con lo cual, a la comisión de investigación interna anunciada por Ayuso este mismo jueves no le va a quedar otro remedio que investigarse a sí misma, una broma macabra más de este monumento viviente a la incompetencia que nunca debió ir más allá de teclear los ladridos de un perro.
Público-DdA, XVI/4526
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