Félix Población
Dos acepciones tiene la palabra "emérito" en el diccionario de la RAE y me parece que ninguna de las dos le corresponde a quien lo es como rey y hasta hace poco cobraba por ello. "Emérito" es una expresión que se aplica sobre todo a los profesores jubilados en reconocimiento a sus méritos y que, con carácter general, ha derivado a otros cargos profesionales.
El pasado 3 de marzo, el diario Tribune de Genéve informó en su portada a cuatro columnas de que la Fiscalía de Suiza indagaba en una donación de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí al rey emérito, fruto de su supuesta intermediación en el contrato del AVE a La Meca, donación que había acabado en un banco de ese país. Durante los siguientes días se publicaron en distintos medios los detalles de la investigación que obligaron a reaccionar a la Casa Real, aunque la noticia en España no alcanzó en principio la notoriedad que se le dio en la prensa extranjera, salvo en eldiario.es. El 15 de marzo, en plena pandemia por el virus de la corona, Felipe VI renunció a su herencia (no a la que le hace ser Jefe del Estado) y retiró la asignación constitucional que hasta entonces percibía su padre.
Anteayer fue noticia que la Fiscalía del Tribunal Supremo de España asume la diligencias por blanqueo de capitales y delito fiscal con el rey emérito como protagonista, sobre quien se dice que quiere fijar su residencia en la República Dominicana, según Diario 16, después de juntar un patrimonio valorado en 2.000 millones de euros. Estaría esa residencia en La Romana, un lugar de privilegio para los potentados de los cinco continentes (léase hoy la columna de Martín Medem Los amigos de los Borbones tienen esclavos).
Habrá que tener en cuenta el tratado de extradición que tiene España con ese país para saber lo que el rey emérito persigue poniendo como dirección postal la de esa república centroamericana donde se juntan millonarios del universo mundo, no vaya a ser que tal tratado permita determinados privilegios ante la justicia, que como bien sabemos en España no es igual para todos.
Ante lo que le toca dirimir el Tribunal Supremo cabe hacerse estas preguntas, siendo como ha sido la restauración de la monarquía española: ¿Alguien calcula las consecuencias que tendría una condena de quien fuera Jefe del Estado de este país durante casi cuarenta años, por gracia de un dictador que lo fue por la gracia de Dios -según la iglesia de Roma- a lo largo de casi otros cuarenta? ¿No se empezarían a cuestionar, en ese caso, otros aspectos de su reinado? ¿Estaría entre ellos el esperpéntico episodio vivido por el país el 23 de febrero de 1981 y del que seguimos pendientes de información?
DdA, XVI/4524
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