LA JUEZA DE LA CAUSA 8M SABE QUE SE QUEDARÁ EN NADA

Fernando de Silva

46 años continuados de ejercicio profesional de la abogacía, con experiencia en asuntos penales, me permiten concederme algunas licencias sobre la instrucción de algunas causas, su grado de politización, y el alcance de los informes de “expertos” para fundamentar en derecho las resoluciones que se dicten. Ciertamente los jueces no tienen en muchos casos la libertad de escoger quién debe de asesorarles, por motivos de presupuesto; pero deben de ser conscientes de la relevancia y alcance que pueden tener algunos informes, en razón de quién los emita. Y si se dejan llevar por ellos a sabiendas de que no son expertos en la materia, no deben de molestarse ante las críticas por su actuar, si reciben acusaciones de excesivo protagonismo o de politizar innecesariamente las causas penales.

A examen se encuentra la jueza de la causa del 8M, Carmen Rodríguez Medel. No pongo en duda su profesionalidad y la fama que tiene de ser muy exhaustiva y aparentemente no casarse con nadie, pero le gustan en exceso los focos, dentro de su más que fingida discreción, y ya se lo han echado en cara la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que piden el archivo de la causa contra el Delegado del Gobierno en Madrid y denuncian públicamente que se está excediendo en sus funciones.

Pero la propia jueza, si es lo suficientemente inteligente, sabe que la causa abierta se quedará en nada, porque de muy poco valen los informes de “expertos a posteriori” a los que acude para fundamentar sus acusaciones, de muy escaso valor como prueba pericial. Me estoy refiriendo al Forense y a la Guardia Civil.

Con el máximo respeto a los forenses, sus conocimientos son asimilables a los de los médicos de medicina general, que saben un poco de todo, y no son especialistas en nada concreto, salvo en hacer autopsias, que no es el caso. Parece evidente que un forense no es competente para emitir una pericia sobre el alcance de la manifestación de 8M, y sobre si esta podía haber sido prohibida o no. Puede opinar a titulo personal, como cualquier otro ciudadano, pero nada más; y resulta perverso que lo haga a posteriori, tras conocer los efectos y consecuencias de la pandemia, cuando fueron absolutamente inesperadas hasta para los expertos.

Lo mismo podemos decir de la Guardia Civil, cuya preparación está encaminada a investigar y perseguir delitos comunes, pero carecen de conocimientos para analizar si debe o no autorizarse una manifestación en razón a las posibles consecuencias de una pandemia cuyos efectos eran aún desconocidos el 8M. Sus informes son chapuceros en su contenido, erróneos en muchos de los datos que incluyen y malintencionados por sus fuentes de información, ya que se limitan a la analizar opiniones de prensa de los medios más reaccionarios de este país, o a usar de forma tergiversada una frase “off the record” de la Ministra Irene Montero.

Si aún así pretende continuar, como parece, la instrucción de la causa basándose en tales informes demostrará ignorancia o malicia y hará un flaco a la justicia. Esto no funciona así.

Pues bien hace unas horas, y con inusitada rapidez, impropia del ritmo judicial habitual, ha decidido desestimar las peticiones de archivo y continuar la tramitación de la causa, en base precisamente al Informe del forense, introduciendo un nefasto precedente y una manifiesta inseguridad jurídica con su peculiar interpretación de lo que es una prevaricación. Pero afortunadamente nuestra justicia es muy garantista, y al final todo quedará en nada. Tiempo al tiempo; aunque ya se está haciendo daño innecesario.

DdA, XVI/4523