Félix Población
Tal como lo resalta el articulista y bien lo supo mi querido y recordado amigo Antonio Aramayona, el doctor Montes fue un hombre bueno al que la derecha incivil -aquella que no ceja en parecerse a la más reaccionaria de nuestra historia- no cesó de atacar por su defensa del derecho a una muerte digna. Quien quizá de forma más vil y pública se portó con Luis fue el sujeto que asesora en la actualidad a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno puede ser acusado de haber dejado morir en la residencias para mayores de esa región a 6.007 ancianos, todos ellos afectados o con síntomas de la enfermedad que ha causado casi 30.000 muertos en todo el país. El doctor Montes fue absuelto en su día por la justicia, pero ahora falta por dirimir la responsabilidad del gobierno de la señora Ayuso en no prestar asistencia hospitalaria a los ancianos fallecidos por contagio de la COVID 19. Por decencia, esa señora ya debería haber dimitido ante lo que ya sabemos, pues se trataría -caso de confirmarse- de uno de los delitos más graves que se puede cometer en el ejercicio de la política. No debe haber futuro para el actual gobierno regional de Madrid y le toca a Ciudadanos hacerlo posible. Todos recordamos la actitud del asesor de Ayuso llamando repetidamente nazi al doctor Montes en un plató de televisión. Es de esperar que Alberto Reyero (Ciudadanos), el consejero de Asuntos Sociales al que se le privó de sus competencias en las residencias en plena crisis y calificó de inmoral y hasta posiblemente de ilegal la decisión de su gobierno, cuente dentro de su partido con el apoyo suficiente para hacer posible una moción de censura que toda la oposición debe proponer y para la que ya está tardando. ¿No habrá con Reyero dos políticos decentes que lo respalden? Una civilización que se comporta así con sus mayores está condenada a la extinción y creo que se debe hacer todo lo posible para que lo ocurrido no se repita o pueda plantear jamás. ¿Cómo que por error?
Antonio Maestre
El doctor Luis Montes fue un hombre bueno, en el mejor sentido de la palabra. Luchó como médico para hacer más llevadero el tránsito a la muerte de personas en estado terminal en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. Eso le costó la campaña más miserable y despiadada del PP de Madrid desde que gobierna. Y es mucho decir. Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y sus palanganeros mediáticos se ocuparon de destrozar su vida. Le llevaron a los tribunales y perdieron, pero el daño ya estaba hecho. Como dijo el propio Luis Montes, consiguieron que la gente muera peor que antes.
No cejó en su empeño el buen doctor que, como presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente desde 2009, siguió luchando para que los enfermos terminales pudieran tener una muerte plácida, sin dolor y lo más humana posible. La justicia le absolvió hace años, la historia también. Qué pena que no pueda haber vivido para presenciar con la cabeza alta la miseria de quien utilizó su bonhomía por motivos políticos para destruirle.
La campaña orquestada contra el doctor Montes acusándole de decidir quién vivía y quién moría se demostró falsa. Ahora, en 2020, hay que dirimir si quien tomaba esa decisión era el Gobierno de la Comunidad de Madrid al enviar instrucciones a hospitales y residencias para que no se derivara a los ancianos con COVID-19.
No parece que seamos conscientes aún de la gravedad de la decisión que tomó la Comunidad de Madrid. Una orden política que consistía en decidir quién tenía oportunidades de salvarse y quién quedaba desahuciado sin tener asistencia hospitalaria. A mediados de marzo dejé escrito el drama al que se vería sometido el personal clínico al tener que realizar triajes extremos para decidir quién tenía oportunidad de salvarse en detrimento de otras con menos posiblidades. Un dilema profesional que no ha sido exclusivo de España. El político italiano Mario Sberna, que estuvo ingresado grave por COVID-19, dijo: "Me he salvado gracias a la bombona de oxígeno que le quitaron a un hombre de Mantova de 84 años para dármela a mí." Pero la orden de la Comunidad de Madrid no estaba sujeta a motivaciones clínicas, era un expurgo motivado por la incapacidad asistencial que la privatización sistémica de décadas de Gobierno popular había propiciado en el ámbito geriátrico y que le explotó en la cara con esta crisis sanitaria.
Uno de los mandados que intentó despedazar el buen nombre del doctor Luis Montes fue Miguel Ángel Rodríguez, que en un programa de TVE le llamó nazi repetidas veces de forma despreciable, asegurando que lo era por decidir quién vivía y quién moría. Una afirmación por la que el consejero áulico de Isabel Díaz Ayuso fue condenado a pagar al doctor 30.000 euros. Si el asesor repetidamente condenado atendiera a las preguntas de los periodistas, se me ocurriría una para MAR: ¿a quién llamarías nazi ahora, Miguel Ángel?
Madrid no es Berlín cuando se implementó al Aktion T4. La consejería de sanidad no está ubicada en Tiergartenstraße 4 y Enrique Ruiz Escudero no es Viktor Brack. Ustedes no son nazis y no hace falta serlo para que el escándalo de las residencias en Madrid sea uno de los más terribles de su historia política. Como dijo Alberto Reyero, consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al que le despojaron de las competencias en las residencias en plena crisis, la decisión de no dar traslado a los ancianos a los hospitales fue "inmoral" y veremos si "ilegal". Y no hace falta ser un nazi para poder acabar en prisión. Que de eso en el PP sí que tienen experiencia.
DdA, XVI/4521
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