viernes, 29 de noviembre de 2019

¿QUÉ HARÁ EL GOBIERNO DE COALICIÓN PROGRESISTA CON LOS PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA?


Félix Población

El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, otrora prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y actual vicepresidente de la Conferencia Episcopal  Española, defiende con soflamas propias del nacional-catolicismo en que gestó su profesión  los privilegios que la iglesia vaticana obtuvo del viejo régimen. 

Ya se echaba de menos la homilía del primado Cañizares estando en lo que el país anda, ante la posibilidad de que por primera vez en cuatro décadas un gobierno de coalición progresista se atreva a recortar esos privilegios, únicos entre los países europeos de nuestro entorno. Todo vale con tal de preservarlos, incluso los argumentos empleados por aquellos generales felones que en su día se alzaron en armas contra un régimen constitucional, llevaron a esta país a una crudelísima guerra que los jerararcas eclesiásticos denominaron cruzada y otorgaron a su caudillo la prerrogativa de serlo por la gracia de Dios. 

El primado Cañizares, después de que la institución a la que representa rindiera palio y preces al dictador durante décadas, acaba de propalar en su carta semanal a la feligresía valenciana que con el preacuerdo de gobierno "entre socialistas y socialcomunistas" se atisba un cambio cultural y la imposición de un pensamiento único. Este último atisbo resulta especialmente insultante partiendo de un pastor de la iglesia católica española, máximo ejemplo de imposición del pensamiento y credo únicos bajo el régimen franquista y más allá (salvo durante la segunda República).

Es de esperar, ante la posibilidad de ese gobierno en el que confía la mayoría de la población española, porque así lo ha expresado con sus votos, que como dice mi querido amigo el escritor Alejandro Álvarez, "denunciar el concordato entre España y la Santa Sede,  así como acabar con las importantísimas subvenciones económicas del Estado a la Iglesia Católica sean cuestiones urgentes" para el bipartito en vísperas, con el IBI y las inmatriculaciones como asuntos inmediatos a tratar en la agenda gubernamental.

Hay que hacerlo tanto por respeto constitucional a la aconfensionalidad del Estado, como por la dignidad democrática en la que Cañizares no cree -como la derecha radical- si las urnas no le son favorables. Tampoco se puede seguir financiando con miles de millones de euros a una institución como la iglesia católica, a cuyo carácter antidemocrático suma una reaccionarismo propio de los siglos de privilegios otorgados históricamente por el Estado español.

Súmese a eso la anticonstitucionalidad con la que Cañizares y sus colegas -o al menos la mayoría de ellos- no aceptan derechos que son básicos en nuestro ordenamiento jurídico como el divorcio, el aborto, la igualdad de género, los derechos del colectivo LGTBI o la Ley de Memoria Histórica, con tantísimas víctimas de la dictadura denunciadas o no amparadas por quienes eran los representantes de una doctrina de amor al prójimo. 

Dudo que ese gobierno que el primado de Valencia atisba con recelo nacional-católico acabe con todos los privilegios eclesiales derivados del viejo régimen, pero tengo la  confianza puesta en que, por dignidad democrática y respeto a la Constitución -tan defendida como programa político durante la campaña electoral por Unidas Podemos-, parte de esos privilegios queden atrás, como corresponde a su origen.




                     DdA, XV/4351                

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