Félix Población
El gobierno de la Junta de Andalucía, que como todo el mundo sabe fue fruto de un acuerdo entre el Partido Popular de Casado y Ciudadanos con el apoyo de la ultraderecha resurgente, acaba de eliminar la subvención de 10.000 euros a la web de memoria histórica en la que están registrados hasta 97.615 represaliados por la dictadura franquista, no sólo en Andalucía sino en Extremadura y el norte de África.
La página sirve de punto de encuentro a familiares e investigadores para que sobre esa represión brutal que en Andalucía superó los 45.000 muertos no persista el olvido, como así fue durante buena parte de de los últimos cuarenta años. Todos los nombres recibía desde 2016 esa cantidad del anterior gobierno de la Junta por considerar que el proyecto es la herramienta más efectiva para buscar información sobre desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. Sólo en Andalucía hay más de 700 fosas comunes.
Los responsables de la web estiman que la retirada de la subvención pone en peligro la viabilidad de un proyecto que nació hace algo más de doce años con el objeto de generar un proceso social de memoria frente a olvido, en particular el que afecta a las personas que, como consecuencia de la represión, deben ser objeto de reparación ética y reconocimiento público, al tratarse de delitos de lesa humanidad.
En los pasado comicios generales, el Partido Popular sufrió la más dura de sus derrotas electorales al pasar de 137 diputados a 66. No ocurrió lo mismo con Ciudadanos, que se sirvió de esa derrota para incrementar sensiblemente su número de escaños. Creo que ante las municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo sería preciso que también a Ciudadanos le afectara la ignominia que se está cometiendo en el gobierno andaluz con la memoria histórica por agradar a la extrema derecha resurgente.
La España de los votos de este mes de mayo debería tener en cuenta que condenar al olvido Todos los nombres, como parece que se pretende en Andalucía, equivale a dar por permanente sobre las víctimas la España la pisada de la bota que los asesinó, no la del voto. Por ser esta y no aquella la España que vivimos, el voto está democráticamente reñido con quienes mantienen en Andulucía las pisadas impunes de las botas sin dar lugar a la memoria y reparación de sus víctimas.
Se da la circunstancia de que en la capital de la comunidad andaluza tiene su santo sepulcro el máximo responsable de haber llevada a cabo en aquella región una auténtica masacre durante la Guerra de España. Los restos del general felón Queipo de Llano siguen inhumados en la basílica de La Almudena de Sevilla y así será mientras gobiernos como el actual accedan a la Junta de Andalucía.
En este país se debería haber reconsiderado hace mucho tiempo que si las víctimas de la dictadura tienen derecho a la memoria, una sociedad democrática tiene el deber de esa memoria, porque enterrar con dignidad a los muertos enriquece humana y democráticamente a una sociedad. Si no se ha hecho todavía a lo largo de tantos años es porque nos falta mucho para eso.
La Guerra Civil, decía hace poco en un artículo el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira i Virgili Alberto Reig, se acabará definitivamente cuando haya un pacto de Estado entre todos los partidos para no que quede ni un solo español mal enterrado. El criterio de Reig coincide con el de dos ancianas casi nonagenarias que buscaban hace años los restos mortales de sus respectivos hermanos, fusilados en una cuneta en la comarca de Babia: "Hasta que no se levante la tierra, no habrá paz".
La página sirve de punto de encuentro a familiares e investigadores para que sobre esa represión brutal que en Andalucía superó los 45.000 muertos no persista el olvido, como así fue durante buena parte de de los últimos cuarenta años. Todos los nombres recibía desde 2016 esa cantidad del anterior gobierno de la Junta por considerar que el proyecto es la herramienta más efectiva para buscar información sobre desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. Sólo en Andalucía hay más de 700 fosas comunes.
Los responsables de la web estiman que la retirada de la subvención pone en peligro la viabilidad de un proyecto que nació hace algo más de doce años con el objeto de generar un proceso social de memoria frente a olvido, en particular el que afecta a las personas que, como consecuencia de la represión, deben ser objeto de reparación ética y reconocimiento público, al tratarse de delitos de lesa humanidad.
En los pasado comicios generales, el Partido Popular sufrió la más dura de sus derrotas electorales al pasar de 137 diputados a 66. No ocurrió lo mismo con Ciudadanos, que se sirvió de esa derrota para incrementar sensiblemente su número de escaños. Creo que ante las municipales, autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo sería preciso que también a Ciudadanos le afectara la ignominia que se está cometiendo en el gobierno andaluz con la memoria histórica por agradar a la extrema derecha resurgente.
La España de los votos de este mes de mayo debería tener en cuenta que condenar al olvido Todos los nombres, como parece que se pretende en Andalucía, equivale a dar por permanente sobre las víctimas la España la pisada de la bota que los asesinó, no la del voto. Por ser esta y no aquella la España que vivimos, el voto está democráticamente reñido con quienes mantienen en Andulucía las pisadas impunes de las botas sin dar lugar a la memoria y reparación de sus víctimas.
Se da la circunstancia de que en la capital de la comunidad andaluza tiene su santo sepulcro el máximo responsable de haber llevada a cabo en aquella región una auténtica masacre durante la Guerra de España. Los restos del general felón Queipo de Llano siguen inhumados en la basílica de La Almudena de Sevilla y así será mientras gobiernos como el actual accedan a la Junta de Andalucía.
En este país se debería haber reconsiderado hace mucho tiempo que si las víctimas de la dictadura tienen derecho a la memoria, una sociedad democrática tiene el deber de esa memoria, porque enterrar con dignidad a los muertos enriquece humana y democráticamente a una sociedad. Si no se ha hecho todavía a lo largo de tantos años es porque nos falta mucho para eso.
La Guerra Civil, decía hace poco en un artículo el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira i Virgili Alberto Reig, se acabará definitivamente cuando haya un pacto de Estado entre todos los partidos para no que quede ni un solo español mal enterrado. El criterio de Reig coincide con el de dos ancianas casi nonagenarias que buscaban hace años los restos mortales de sus respectivos hermanos, fusilados en una cuneta en la comarca de Babia: "Hasta que no se levante la tierra, no habrá paz".
DdA, XV/4165
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