Félix Población
Hace poco leíamos que el Ministerio de Defensa mantiene bajo secreto delicados archivos España sobre la Guerra Civil y el franquismo, pasados ochenta y cuarenta y pico años respectivamente. Hoy me quiero referir al de la Fundación Francisco Franco.
España dispone desde 1985 de una ley (16/1985) que en su artículo 49.2 indica que son de propiedad pública "los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por cualuqier organismo o entidad de carácter público (...) y por las personas privadas, físicas o jurídicas gestoras de servicios públicos".
Siendo esto así, como es desde hace más de treinta años, tres décadas, seis lustros, hoy es noticia que el vigente gobierno -después de más de veinte de gobiernos del PSOE- va a reclamar a la Fundación Nacional Francisco Franco los casi 30.000 documentos que conserva de quien ocupó la jefatura del Estado durante casi cuarenta años. La respuesta la ha dado el ejecutivo al senador Carlos Mulet, que lo es por el partido valenciano Compromís.
La propia Fundación señala en su página web que su archivo es el principio activo de la entidad, por lo que muy posiblemente para desactivar la Fundación Franco hubiera bastado o bastaría con que los gobiernos de España hubieran aplicado la ley a la que hacemos referencia, de modo que los investigadores de nuestro siglo XX tuvieran libre acceso a esos casi 30.000 documentos que pueden ser muy importantes para el estudio y análisis de un largo periodo de nuestra historia, muy requerido de tal necesidad. Se trata, ni más ni menos, de toda la documentación que pasó por el despacho del dictador durante su dilatado caudillaje.
¿Se puede confiar en la integridad de ese fondo documental estando donde ha estado y siguiendo donde está? ¿Quién nos asegura que ante el requerimiento del actual gobierno no pueda "sufrir" alguna merma"?
El Código Penal advierte de la imposición de penas de prisión de seis meses a tres años a quienes expolien "bienes de valor histórico", pero solo quienes han estado gestionando durante más de cuarenta años los documentos del dictador están al tanto de todo su contenido.
DdA, XV/4.017
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