Madrid, 15 de noviembre de 2018
Estimado:
Nos
dirigimos a usted, en el ejercicio de nuestra responsabilidad
parlamentaria, para solicitarle su comparecencia a petición propia en el
Congreso de los Diputados con el fin de dar cuenta de su actividad
institucional como jefe del Estado durante más de 38 años y como rey
emérito desde 2014.
Las personas abajo
firmantes somos representantes electos por la soberanía popular en el
Congreso de los Diputados y en el Senado. En el ejercicio de nuestras
funciones parlamentarias, nos dirigimos a usted por su condición de rey
emérito, o lo que es lo mismo: por haber ostentado durante casi 39 años
la jefatura del Estado hasta su abdicación en la persona de don Felipe
de Borbón y Grecia. Nos dirigimos a usted convencidos de que el
ejercicio de responsabilidades en el Estado conlleva obligaciones frente
al soberano, el pueblo, pues —más allá de los privilegios reales
contenidos en la Constitución— debe primar su artículo 1.2: «La
soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los
poderes del Estado».
Vivimos en el
siglo XXI y la democracia en España goza de suficiente madurez para
ejercer su derecho a saber si la jefatura del Estado es una institución
idónea para la corrupción, aunque no esté sujeta a ninguna responsabilidad.
El
16 de octubre de 2018, la Mesa del Congreso se negó a admitir a trámite
la solicitud de creación de una comisión de investigación relativa a
las presuntas ilegalidades cometidas por su majestad Juan Carlos I, con
el siguiente argumento:
(...)
Considerando asimismo que el artículo 76 de la Constitución ha de
interpretarse de forma integrada con el resto de los preceptos
constitucionales y así, en este caso concreto, aun cuando las comisiones
de investigación puedan versar sobre cualquier asunto de interés
público, no cabe por esta vía se pretenda exigir, como se dice
expresamente en la iniciativa inadmitida a trámite, responsabilidades
políticas a quien no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad y, en
consecuencia, no puede ser sometido a control político directo o
indirecto, de ninguna clase (…).
Desde
hace unos años el pueblo español ha asistido a la publicación de una
serie de informaciones que ponen en cuestión la institución monárquica
al relacionarla con tramas de corrupción y de enriquecimiento ilícito.
Esta cascada informativa ha suscitado un amplísimo debate público en
nuestra sociedad. Hemos conocido diferentes versiones de dichas
informaciones y creemos que usted tiene derecho a dar su versión con
todas las garantías y que el pueblo español tiene también derecho a
escucharle. Entendemos que el derecho a la verdad es previo al debate
acerca de la protección otorgada por la inviolabilidad e
irresponsabilidad de la jefatura del Estado durante el ejercicio de sus
funciones.
Las noticias aparecidas en
los diferentes medios de comunicación hacen referencia a hechos
ocurridos durante su mandato como jefe del Estado y, asimismo, desde que
usted ostenta la actual condición de rey emérito. Somos conocedores del
aforamiento otorgado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
reserva al Tribunal Supremo el conocimiento de cualquier causa civil o
penal contra su majestad. Precisamente este hecho acredita, de forma
indudable, que la pérdida de la jefatura del Estado conlleva la pérdida
de la inviolabilidad y la existencia de responsabilidad por sus actos.
En
el año en el que se conmemora el cuarenta aniversario de la
Constitución de 1978, han sido dos las veces que hemos solicitado la
apertura de una comisión de investigación en el Congreso y las dos veces
hemos recibido una negativa a la posibilidad siquiera de debatir este
asunto. Entendemos que los partidos monárquicos deberían ser los más
interesados en que el pueblo pueda conocer su versión de los hechos,
pero desgraciadamente no ha sido así.
La
corrupción es el mecanismo antidemocrático de las élites económicas
para controlar el Estado sin presentarse a las elecciones. Por ello, el
principal objetivo de su comparecencia a petición propia en el Congreso
de los Diputados sería el de evaluar la idoneidad de la institución
monárquica para afrontar la corrupción y para que ninguna institución
del Estado haga de la irresponsabilidad un privilegio.
Le
agradecemos su atención a este Grupo Parlamentario Confederal, y
esperamos que comprenda la importancia de la comparecencia que le
solicitamos. Esperamos su respuesta.
Atentamente,
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
DdA, XV/4.013
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