lunes, 1 de octubre de 2018

LA PEOR TIRANÍA ES LA QUE SE EJERCE A LA SOMBRA DE LAS LEYES


Jaime Richart 
En todo escrito que se precie ha de haber concisión y ele­gancia. También, o quizá con mayor motivo, en los que hablan del ejercicio abominable del poder en toda su exten­sión. Aunque para este caso conviene añadir bizarría, pues el eufemismo y la metáfora para el caso son recursos retóricos superfluos, como las margaritas son alimento in­apropiado para el puerco. Pero ahora, en este escrito, por una complejidad nauseabunda inaudita en un país de la postmodernidad como es España, no puedo ser ni ele­gante ni conciso a pesar de que, lo reconozco, todo puede reducirse a una sola idea. Pero el intelectual, tiende a hacer inteligible lo complejo y a hacer complejo lo simple. Por eso me disculpo, porque ahora, por momentos, me constituyo en intelectual y de la simple idea “corrupción de proporciones siderales” que padece este país, voy a hacer una apretada y sumaria descripción. Confío en que el lector no sea muy severo al juzgarme.
En la España que vivimos el ejercicio abusivo del poder no está asociado ahora a una dictadura personal. Esta claro. Pero sí a una dictadura de la clase económica y so­cial predominante. El despotismo  está repartido entre mu­chos; muchos incrustados en las instituciones del Es­tado en proporción de la variable electoral. Sin embargo, no es tanto el número como el pelaje de los que ocupan los órganos decisorios, es decir, los puestos clave de los que, amparados en la ley o en el aforamiento pero frisando o ca­yendo sin más en el delito, muestran ante los demás un atrevimiento que a menudo retrae a los políticos que no son de su misma catadura. Y si eso ocurre cuando enfrente están los que no son de su partido, qué no harán cuando actúan junto a los suyos... La prueba es que cuando un miembro del partido ha denunciado la fechoría de sus con­militones, el denunciante es perseguido por el aparato del propio partido como  las bandas de forajidos o las ma­fias persiguen a  quienes les traicionan.
El ejemplo estructural del ejercicio abusivo del poder está en la cabeza de todos: el metódico saqueo de las car­gas públicas durante al menos dos o tres décadas a cargo de esa formación compuesta básicamente por herederos del franquismo y de oportunistas sin ideología sólo hábi­les para el negocio turbio aprovechados por aquellos. Pero aparte de este fondo de pantalla, los ejemplos más calien­tes del poder abusivo son: en primer lugar, la actitud desa­fiante del cabecilla actual del partido conservador en un caso de flagrante impostura y engaño académicos que él mismo protagoniza; en segundo lugar y relacionado con ello, la presunta connivencia del poder judicial a través de la fiscalía y de miembros del alto tribunal que o no le juz­gará y si lo hace será para exonerarle; y en tercer lugar (aunque habría que haber empezado por esto), el modo de tratar el poder ejecutivo y el judicial el conflicto catalán.
Y en este asunto hay que decir muy alto que no es necesa­rio ser catalán, tener familia o intereses en Cata­lunya para ser intelectualmente honesto y despojar de to­das sus razones a esos poderes que se envilecen. Pues este conflicto no es cuestión de simple ideología. Pero si se afirma que lo es, será una ideología  de esas que matan a ca­ñonazos las hormigas, pues no puede ser otra distinta la que no permitió en absoluto un referéndum, vinculante o no, acerca de la voluntad de un territorio expresada en las urnas. Por eso me pronuncio. Mi propósito de objetividad y de mesura, ausentes en la mentalidad de los verdugos que están al frente inmerecido de la nación a la que hasta ahora pertenece aquel territorio, significa que las aspiracio­nes de Catalunya y de dos millones de catalanes han puesto a prueba la calaña de los españoles que mane­jan de uno u otro modo al país entero. Esto es lo que me preocupa... precisamente como español.
Hay que hacer historia. Primero, tanto el poder guberna­mental como el judicial malogran el Estatut por medio de un tribunal, el constitucional, politizado hasta la náusea, que parece más un tribunal de orden público franquista que un tribunal de instancia neutral y aséptico cuyo equi­valente no existe en país alguno de la Unión Europea. Luego el ejecutivo aborta  la intención de un referéndum para despejar, como el  caso de Escocia o de Quebec, la vo­luntad del pueblo catalán medida en votos y no en son­deos demoscópicos de agencias privadas. Y por fin remata su miserable proceder acusando de delito de rebelión, pese a no haber precedido violencia de ninguna clase, a las cabezas visibles de una declaración de independencia. De­claración que responde más al asco y la repulsa del pueblo catalán hacia el poder central que le hizo objeto de humilla­ción al desvirtuar el Estatut, que a una intención real dependiente de una mayoría cualificada que a todas lu­ces no parecía existir; delito de rebelión, por cierto, que tribunales suizos, alemanes y belgas ni aprecian ni secun­dan en las resoluciones que por distintos motivos han de­bido formular desde que estalló el conflicto.
Y es que esto es el cuento de nunca acabar... Todo em­pezó en 1978 con una Constitución cocinada por 7 "pa­dres" que el pueblo no eligió, inspirada por el propio dicta­dor para sucederse a sí mismo. Desde entonces ha sido un suma y sigue de canalladas, de expolios, de cacica­das, de franquismo puro y duro y de traiciones al espíritu de la verdadera democracia. Y lo que es peor, en la magis­tratura y la justicia...
Ahora lo del líder del partido conservador que se autode­nomina de centro, lo del  fiscal, lo del Supremo, lo de ese instituto privado del demonio enquistado en la uni­versidad... Todo verdaderamente insoportable ¿De verdad seguimos deseando seguir siendo españoles de esa cata­dura? ¿De verdad no se comprende que 2 millones de cata­lanes se nieguen a seguir siendo españoles?
Porque, después de presenciar en presente histórico déca­das de desmanes, de saqueo metódico de las arcas públicas, no sólo por parte de políticos incontables sino también por parte de miembros de la monarquía, llegó el turno de la justicia que ha debido ir rindiendo cuentas de su verdadero fuste en el  enjuiciamiento de todo eso. Aun­que la medida más precisa de la calaña tanto de los gobier­nos anteriores como de los políticos que controlan la justicia y los jueces que completan su control, la da el con­flicto catalán. Es entonces cuando se ha puesto al descu­bierto que a diferencia de lo que ocurre en el parlamento donde las fuerzas políticas opuestas se encuentran frente a frente y más o menos muestran su verdadero pensamiento (aunque a menudo esté velado y más tarde se revele su falsía o su debilidad una vez en el poder), la justicia con­tiene en su estructura las mismas o parecidas fuerzas ide­ológicas entre sus jueces; ideología que a cadauno deter­mina su tarea de interpretar las leyes y aplicarlas. Y en esa correlación de fuerzas son los conservadores del espíritu franquista los que ganan por goleada.
Es sabido por distintos conductos que la realidad es, para unas cuestiones poliédrica y para otras dual, como lo es la propia naturaleza del proceso jurídico penal que gravita en torno al principio contradictorio. Sin tecnicismos más allá de los imprescindibles eso quiere decir que todo delito o supuesto delito va a ser sometido al juzgarse a por lo me­nos dos puntos de vista: el del fiscal, por un lado, y el del abogado defensor, por el otro. Lo que a su vez signi­fica que la verdad material, la que se depura en el procedi­miento, la que se supone está expuesta al castigo o a la ab­solución de un individuo admite la valoración penal y ética en un recorrido que va desde distintos grados de cul­pabilidad hasta la absolución. Lo que a su vez significa que esa verdad, como todo, depende del color del cristal con que se mire.
Y aquí está la prueba de fuego de lo que el asunto catalán representa en España en este aspecto, pues la manera despótica de tratarlo el poder central primero y el poder ju­dicial predominante después demuestra que al amparo de las leyes, leyes elegidas previamente para fundamentar decisiones que, vistas de cerca, resultan arbitrarias, se ha ejercido la tiranía. Y al decir de Montesquieu, la peor ti­ranía es la que se ejerce a la sombra de las leyes. Justo la que sucede en España...

DdA, XV/3968