lunes, 20 de agosto de 2018

EL ODIO ESTÁ DONDE SE DEFIENDE LA IMPUNIDAD DE LA DICTADURA

  Conviene leer, si así se desea, el artículo al que hace alusión mi estimado Emilio Silva, publicado en Diario de León, y que ha merecido esta respuesta por parte del presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, publicada hoy en ese mismo periódico. Conviene recordar que fue en Priaranza del Bierzo, en octubre del año 2000, donde esa asociación memoralialista abrió la primera fosa, en la que estaba el abuelo de Emilio junto a doce republicanos más, asesinados por las tropas golpistas que desataron una cruenta guerra y una larga y cruel dictadura. Emilio Silva Faba era militante de Izquierda Republicana y reclamaba una escuela pública para su pueblo, recuerda su nieto. Las víctimas de esos asesinatos -escribe Silva- nunca han recibido un gramo de reparación de ninguno de los gobiernos de la recuperada democracia. Y el movimiento de la memoria histórica ha hecho, con cientos de voluntarios de más de veinte nacionalidades, una labor que le corresponde al Estado que es la defensa y garantía de los Derechos Humanos. Convertir eso en una amenaza, tacharlo de venganza o de propagación de odio no es más que tratar de perpetuar la impunidad de la dictadura. Entiende este discreto Lazarillo que el odio anida allí donde se defiende la impunidad de la dictadura, incapaz de reconocer el derecho humano y cristiano de enterrar dignamente a los muertos, víctimas de esa dictadura.


 Emilio Silva Barrera 

En la Tribuna de opinión De qué memoria histórica estamos hablando, publicado el pasado 11 de agosto, por Francisco J. López, el autor repite términos como conflicto bélico, Guerra Civil… omitiendo que el 18 de julio se llevó a cabo un golpe de Estado, orquestado por algunos mandos del Ejército, con el fin de conquistar el poder político por la fuerza. Se repiten esos términos cuando en León no hubo guerra con trincheras. A menudo se utiliza el discurso de la guerra para ocultar la dictadura, acerca de la que las cunetas leonesas pueden contar muchas cosas a partir del 20 de julio de 1936. En la exposición de sus argumentos afirma que el objetivo de los nietos al rescatar a las personas desaparecidas es generar odio y venganza.
Las exhumaciones de fosas comunes de asesinados por la represión franquista y la lucha contra la impunidad de la dictadura no las inicia «la izquierda cuando toca el poder». Durante décadas nuestros parlamentos, con su diversidad ideológica, han convivido con el silencio de las cunetas, con la enorme tristeza de los familiares y con el relato escolar que ocultaba los crímenes del franquismo. Así pasó el tiempo de silencio hasta que despertó la voz dormida.
Que una persona, con independencia de su ideología, quiera enterrar dignamente a un ser querido es un derecho básico; y que ese deseo sea discutible envilece a la sociedad que lo hace. Que la dictadura honró a los que consideró «sus muertos» e impidió a las familias de sus víctimas hacerlo es un hecho. Que las cunetas están llenas de civiles republicanos que vivieron sus últimos días en territorios en los que en 1936 no hubo una guerra es otro hecho. Que Franco dio pensiones, puestos de trabajo en la administración para toda la vida, becas, reparaciones para familias de religiosos conservadores y todo tipo de reparaciones a los que consideraba suyos, también lo es.
Todas las víctimas de todos los delitos hablan del pasado, de su duro pasado, de su terror y que lo hagan y que reclamen justicia es su derecho, que nada tiene que ver con la venganza. Las del terrorismo, las de la represión franquista o las de la violencia machista merecen que un Estado garantice sus derechos, pero en España no ocurre eso.
Ningún gobierno desde la muerte del dictador Francisco Franco se ha responsabilizado de buscar a las personas desaparecidas en la dictadura. Ningún responsable de decenas de miles de muertes se ha sentado nunca en un banquillo como acusado. Ningún presidente de ningún partido ha hecho públicamente un acto de agradecimiento a los hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura para que regresaran las urnas en las que cupieran papeletas de ideologías muy distintas a las suyas.

El abandono que han sufrido las víctimas de la dictadura debería ser insoportable en una democracia y no lo es porque durante décadas los diferentes gobiernos se han encargado de fabricar ignorancia, de que lo que ocurrió en el campo de concentración de San Marcos no esté en los libros de texto, de que la historia de los civiles cuyos cadáveres fueron escondidos en fosas comunes siga en las cunetas de los programas escolares o que los actos de reconocimiento de la aviación nazi que ocurrieron en la ciudad de León no se relaten en las aulas
Cuando se abrió la fosa de Priaranza del Bierzo, en octubre del año 2000, ya afirmaron algunos columnistas, fabricantes de sustos, que venían los nietos a vengarse. Lo que ha ocurrido, casi dieciocho años después, es que esos nietos han ayudado a miles de personas a ejercer un derecho que el Estado se ha negado a garantizarles. Lo que han hecho es pelear para obtener la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho. Quienes estaban de acuerdo con la ignorancia, con lo confortable que ha sido esta democracia para las consecuencias de la dictadura trataron de convertirlos en una amenaza. Primero hablaron de la venganza, cuando lo único que reclaman es justicia. Después afirmaron que querían destruir la historia, como si alguien pudiera regresar al pasado y destruirlo. También se les ha acusado de sembrar odios y crear las condiciones para otro conflicto, cuando lo que han hecho ha sido una labor humanitaria que impidió la dictadura y que la recuperada democracia no ha querido todavía llevar a cabo.


 
La lucha por la justicia, por los derechos humanos es universal y debe ser garantizada y protegida por los Estados democráticos. A mi abuelo, Emilio Silva Faba, un militante de izquierda republicana que reclamaba una escuela pública para su pueblo, lo asesinó una banda armada que lo detuvo ilegalmente durante unas horas y después lo sacó del ayuntamiento de Villafranca del Bierzo en un camión y cuatro pistoleros de falange lo asesinaron en una cuneta. Hasta ahí su crimen podría ser igual que el de Miguel Ángel Blanco. Pero sus asesinos no se conformaron con el dolor que iba a causar su muerte en su familia y el impacto que iba a tener social y políticamente en la villa. Antes de matarlo le habían esquilmado el almacén de coloniales La Preferida, el negocio familiar. Y después su viuda y sus hijos vivieron durante décadas bajo el poder de sus asesinos, sin posibilidad de llorarlo o nombrarlo públicamente, ni de enterrarlo.
Ese crimen atroz, como tantos otros, nunca ha sido causa de la justicia. Las víctimas de esos asesinatos nunca han recibido un gramo de reparación de ninguno de los gobiernos de la recuperada democracia. Y el movimiento de la memoria histórica ha hecho, con cientos de voluntarios de más de veinte nacionalidades, una labor que le corresponde al Estado que es la defensa y garantía de los Derechos Humanos. Convertir eso en una amenaza, tacharlo de venganza o de propagación de odio no es más que tratar de perpetuar la impunidad de la dictadura. Y no entender que una sociedad sin cunetas repletas de fosas comunes hace nuestra sociedad mejor y nuestra democracia más sólida y profunda.



DdA, XIV/3930