Félix Población
En cualquier país con un democracia asentada y una clase
política medianamente decente, en el que el acceso a puestos de responsabilidad
política no obedeciera tanto como en el nuestro a mangoneos, peloteos y otras
inercias más o menos cutres propias de la vida interior de los partidos que se han venido turnando
en el poder a lo largo de cuarenta años, las declaraciones de Cristina
Cifuentes respecto al piso de Pablo Iglesias no hubieran podido darse más que
en los escalafones de mentalidad y nivel intelectual más precarios de una
organización.
Si en este supuesto caso ya habrían sido indicativas tales
manifestaciones de la carencia de argumentos de un partido consumido por su
impotencia para criticar al que sin duda será el adversario a combatir en la
próxima legislatura, ¿qué decir cuando quien así se expresa es nada menos que
la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo puede una persona en la que ha
concurrido tal responsabilidad, máxima mandataria del gobierno de una región, reprochar
a Iglesias que viva con su sueldo en un piso de protección oficial, propiedad
de su madre, sin que al hacerlo no se le caiga la cara de vergüenza? ¿Acaso
prefiere que lo haga en el Palace, como durante años lo estuvo disfrutando un
diputado catalán ya retirado? ¿O que cobre las dietas por alojamiento que reciben
algunas señorías pese a disponer de vivienda en Madrid?
El secretario general
de Podemos, Pablo Echenique, se reía ayer sin disimulo en Las Mañanas de Cuatro cuando el
presentador de este programa reclamó su opinión al respecto y Echenique no tuvo reparo en suponer que a doña Cristina se le había ido la olla. Ciertamente, sería
de risa la crítica de la presidenta -al modo que va adquiriendo el periodismo sectario de Ana Rosa o Indainfamia-, a la que enseguida se apuntó Rafaelito
Hernando el portavoz macarra del PP, pero viniendo de quien viene y contando con el refrendo del mentado, más bien sería cosa de bochorno y asco, sensaciones que no conviene acumular y afectan al menos a cinco millones y pico de votantes.
DdA, XIII/3382
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