Si Hacienda no somos todos, y es el Estado
–y no los ciudadanos– el único perjudicado del presunto fraude fiscal
de la infanta, la doctrina Botín salvaría a Cristina de Borbón del
juicio que esta semana acaba de arrancar.
Ignacio Escolar
Que la infanta Cristina se haya sentado en el banquillo
de los acusados es un milagro nacional. No es la prueba de que “el
sistema funciona”, como tantos cacarean. Es la consecuencia de la
heroicidad y la persistencia de un juez valiente, el juez José Castro,
que ha logrado mucho, a pesar de todas las presiones y los palos en las
ruedas.
Algunas de estas zancadillas han funcionado:
no están en el juicio ni Francisco Camps ni Rita Barbera, a pesar de que
la trama Nóos se llevó más millones de la Comunidad Valenciana que de
Baleares. Ambos políticos se han librado gracias a que estaban aforados:
gracias a que la decisión sobre si debían ir a juicio la tomó un
Tribunal Superior de Justicia valenciano que está formado por jueces que
fueron nombrados por el PP.
Camps y Barberá se van por ahora de rositas –a Jaume
Matas le piden once años de prisión–, y los palos en las ruedas del juez
Castro también han servido para que la infanta Cristina llegue al
juicio con medio pie fuera, gracias a la Fiscalía y especialmente al Ministerio de Hacienda. Ambos organismos, dependientes los dos del Gobierno, quieren justificar que la escandalosa doctrina Botín, que fue después cambiada para poder condenar a Atutxa –otro escándalo–, sirva ahora para crear la doctrina Borbón.
El enésimo favor del Gobierno a la infanta Cristina produce especial
rubor. Dice la abogada del Estado que representa al Ministerio de
Hacienda en el juicio que lo de “hacienda somos todos” solo era un lema publicitario; que no hay que tomarse la frase al pie de la letra ya que fue creado “exclusivamente como forma de concienciación del país”.
El argumento es reversible: habría que preguntarse qué clase de
conciencia fiscal promueve ver cómo el mismo implacable Ministerio de
Hacienda, que no pasa ni media al ciudadano vulgar, en el caso de la
infanta haya aceptado que unas facturas falsas sirvan para desgravar
o que Hacienda permita a doña Cristina de Borbón deducirse impuestos
por el pago de empleados imaginarios; todo ello, con el único objetivo
de rebajar la cantidad defraudada por la infanta al mínimo y que así
pase por debajo del límite a partir del cual empieza el delito fiscal.
La abogacía del Estado no solo ha hecho lo imposible para no presentar
una acusación contra doña Cristina de Borbón sino que hoy se ha puesto
de lado de la Fiscalía para intentar que nadie más pueda hacerlo,
tampoco la acusación popular. Si Hacienda no somos todos, y es el Estado
–y no los ciudadanos– el único perjudicado del presunto fraude fiscal
de la infanta, la doctrina Botín salvaría a Cristina de Borbón del
juicio que esta semana acaba de arrancar.
Se supone
que la Abogacía del Estado no solo representa los intereses de Hacienda,
sino también de todos los ciudadanos. Aunque tal vez esto también sea
publicidad engañosa, como lo de la igualdad de los españoles ante la
ley.
Eldiario.es DdA, XII/3182
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