IRRUMPE LA CIUDADANÍA EN EL DEBATE SOBRE LA EUTANASIA

Gracias a unos y otros, el clima social ha llegado a un punto sin retorno, y los partidos políticos se van a ver obligados a admitir que no pueden seguir actuando en contra del conjunto de la sociedad.

Antonio Aramayona

Cada día se hace más evidente la brecha entre lo que demandamos de nuestros políticos y lo que obtenemos de ellos. La falta de sintonía entre la actividad política y la calle tiene una especial relevancia dado que -lo dice la Constitución de 1978- "la soberanía nacional reside en el pueblo", "del que emanan los poderes del Estado". Constitucionalmente, la acción política, sea de carácter legislativo en los parlamentos, sea en la gestión diaria de la cosa pública, es una labor delegada por el voto. Sin embargo, "el pueblo soberano" tiene aspiraciones que el poder político, hasta el momento, no parece dispuesto a satisfacer.

Aunque la lista de cuestiones en que se da este desencuentro es larga, quiero referirme concretamente a lo que ocurre con las conductas eutanásicas y el derecho a una muerte sin sufrimiento. No hay correspondencia entre lo que la sociedad demanda a este respecto y lo que el Parlamento ha legislado hasta el momento. Y, hay que decirlo, no sólo pasa en nuestro país; ocurre también en otros de nuestro entorno que cuentan con una más sólida tradición democrática. Basta dar un vistazo a la encuesta trasnacional publicada por The Economist a comienzos del verano para percatarse cómo, a pesar de un refrendo muy mayoritario entre los británicos, franceses o españoles a la legalización de la eutanasia -entre el 70 y el 84%- los parlamentos de estos países han rechazado recientemente legislar de acuerdo a esa demanda o, en el caso francés, lo han hecho a años luz de lo que reclama la sociedad francesa. Cabe preguntarse a quién representan esos parlamentarios.
Significativamente, los países con más alto grado de aceptación social y menor rechazo son, precisamente, Bélgica y Holanda, que cuentan desde hace años con una ley que despenaliza la eutanasia. La lectura podría hacerse en dos sentidos: en el de que tienen ley como consecuencia del abrumador apoyo ciudadano, pero también en el de que tras más de diez años de aplicación de la ley, la ciudadanía no ha encontrado motivo para la desafección, echando por tierra la falacia de la pendiente deslizante en la que se escudan los responsables políticos del resto de países para no legislar. Un paternalismo, el de los legisladores, claramente injustificado a la vista de los hechos.

Desde luego, la reivindicación del derecho a decidir sobre la propia muerte con el mismo grado de libertad que se nos reconoce para diseñar el resto de nuestras vidas, es una reivindicación silenciosa. La reivindicación de una muerte digna no moviliza la protesta pública en la calle como lo hace la reivindicación de cualquier aspecto de la vida digna; sea el derecho al trabajo o la vivienda dignos, sean las libertades públicas. Pero que no se exprese tumultuosamente no significa que no exista.

La última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS del año 2009), además de mostrar el respaldo muy mayoritario de la sociedad española a la eutanasia y la ayuda médica para morir -respaldo que es independiente de credos políticos o religiosos-, puso de manifiesto que la experiencia de muertes cercanas ocurridas con un sufrimiento intolerablemente obsceno, que hiere la sensibilidad más atrofiada, afecta a más de la mitad de los encuestados. Sin duda, esta experiencia lamentable ha ejercido una pedagogía extraordinariamente útil para que la sociedad se cuestione ideas, culturalmente trasmitidas, acerca del valor del sufrimiento y de la propiedad de la vida. Pero no es sólo esta experiencia lamentable que, de hecho, incrementa sólo ligeramente el grado de apoyo ciudadano a la eutanasia. Es que, por más que algunos pretendan ignorarlo, e incluso impedirlo, nuestras sociedades se reconocen a sí mismas más libres cada vez y reclaman a los poderes que debieran representarles mayores cotas de autonomía.

Sólo hay que analizar cómo se moviliza la sociedad española ante los casos que trascienden al ámbito público y, más aun, qué resultados consigue esa movilización. Basta contemplar el caso más reciente, el de Andrea, la niña gallega a quienes sus médicos negaban una muerte natural y sin sufrimiento. La movilización de la práctica totalidad de la sociedad española, incluidas instituciones que no se distinguen precisamente por su defensa de la eutanasia, sino todo lo contrario, ha terminado por torcer el empecinamiento de unos profesionales médicos que, no debemos olvidarlo, han sido apoyados hasta el último momento por sus responsables administrativos y políticos, desde el gerente hasta el presidente de la Xunta, pasando por la consejera de Sanidad que, por cierto, es la única que lo ha pagado con su cargo.

Cada vez más clamorosamente, cuando los medios de comunicación cumplen su deber de informar a la ciudadanía, esta se moviliza en apoyo a quienes tienen el valor de afrontar públicamente la reivindicación de su derecho. Y cada vez se escuchan menos voces de fundamentalistas reclamando, incluso judicialmente, la obligatoriedad de seguir vivos en cualquier circunstancia. La sociedad avanza, no solo en su convicción de que la vida -nuestra vida- nos pertenece a cada uno, sino también, y muy trascendentemente, en el número de personas dispuestas a asumir los riesgos -y el sufrimiento añadido- que comportan su exposición pública en situaciones vitales tan deplorables. Y avanza igualmente, con toda claridad, en el nivel de movilización social que generan con su testimonio.

Gracias a unos y otros, el clima social ha llegado a un punto sin retorno, y los partidos políticos -al menos los que consideran la libertad como el bien más preciado- se van a ver obligados a admitir que no pueden seguir actuando en contra del conjunto de la sociedad. Han de empezar a ser conscientes de que no vale con que algunos tengan posibilidades económicas para sufragarse un viaje a Suiza o con que siempre quede el recurso de una muerte violenta e indigna. Lo que la sociedad está reclamando a sus representantes políticos es que tengan el mismo valor que les reconocemos a esos héroes individuales, como los padres de Andrea, y que, en el futuro Parlamento que nacerá de las próximas elecciones, aborden la disponibilidad de la propia vida, dando cumplimiento al mandato del pueblo.

Con la intención de llevar el consenso ciudadano existente a favor de la eutanasia al nivel de movilización que despierte y avise a los responsables de los partidos, la Asociación Derecho a Morir Dignamente ha realizado un vídeo en el que decenas de personas, unas anónimas, otras con rostros conocidos, de la literatura, el periodismo, la justicia y la cultura en general, reclaman a las futuras parlamentarias y parlamentarios que regulen la eutanasia en la próxima legislatura.

Se presentará mañana jueves 8 de octubre a las 19:00 en la Cineteca de Matadero Madrid (Sala Azcona) con la participación del doctor Luis Montes, presidente federal de la Asociación y de algunos de los rostros conocidos que aparecen en el vídeo.

Si te es posible asistir, considérate invitada o invitado pero, en todo caso, contamos contigo para que, una vez sea accesible tras su presentación, colabores en su difusión por las redes sociales. Cuanto mayor sea el conocimiento público, más garantía de que la voz ciudadana llega a todos los niveles de la política hasta conseguir que en los programas electorales aparezca el compromiso concreto de legislar sobre la eutanasia en la inminente legislatura.

Es tu oportunidad. Es nuestra oportunidad.

El Huffington Post  DdA, XII/3101