LAS DOS CARAS DE LA JUSTICIA

El de la justicia en España es un poder doblegado por los de­más poderes, incluidos los de facto: políticos, económicos, bancarios y financieros. Así mal vamos

Jaime Richart

Una cara es la de la instrucción y de los instructores, órga­nos unipersonales. La otra es la del juicio oral, la de los juzgado­res órganos colegiados en los innumerables casos que nos preocupan. Que ambos espacios están sometidos a presiones sin cuento, lo sabemos; que los jueces instructores no tienen que ser héroes frente a las presiones, lo sabemos; que los tribunales resuelven cómodamente las presiones por­que a la hora de resolver los cinco que componen el ór­gano de­cisorio una infamia, o absolver a quien la ha cometido, el voto par­ticular de los disidentes no afecta a una resolución fi­nal eventualmente bo­chornosa, lo sabemos.

El caso es que entre unas cosas y otras la justicia española deja mucho que desear. Hace lo que se ha hecho toda la vida en este país por unas razones o por otras: ser implacable con los socialmente débiles, y permisivos hasta la náusea con los que tienen o han tenido poder arropados por los componentes del partido político o de la banda a la que pertenecen o han pertenecido.

Y todo eso lo sabemos porque una de dos, o en España tene­mos una pléyade de medios de comunicación que mienten como bellacos (en cuyo caso la justicia debiera proceder de ofi­cio contra ellos por libelos o calumnias) o dicen la verdad. Pues bien, si dicen la verdad y voto a bríos que la dicen, el país entero, el pueblo español entero, con los datos y relatos minuciosos aportados por esos medios tiene derecho a juzgar moralmente a cientos de protagonistas de delitos gravísimos causantes de  estragos que alcanzan a todos y a menudo de una manera muy concreta a muchos otros; derecho a juzgar­les a ellos, los indeseables, y a sus eventuales juzgadores en todas las fases del proceso. De manera que la  afiligranada jus­ticia ordinaria impartida para depurar la responsabilidad pe­nal de dichos protagonistas, tiene que verse las caras con el pa­recer colectivo. Y mala o pésima justicia será si para no afectar  a los intereses políticos del partido del gobierno o a los intereses económicos de grandes corporaciones y bancos, retrasa los procesos por dilaciones técnicas consentidas o con­desciende con los presuntos culpables. La interpretación de las leyes penales es restrictiva en favor del reo, pero hom­bre, aplicarla restrictivamente cuando el reo es poderoso y en sentido amplio cuando el reo es común, es cuanto menos una bajeza moral.

Por otro lado, con los datos detallados que llegan en forma de información de esos medios al pueblo hay ya pruebas más que suficientes para meter en la cárcel a un batallón de políti­cos y a otro de cómplices, de testaferros y de empresarios. Con lo recopilado en la instrucción de la mayoría de los casos hay material para abrir ese juicio oral que llevamos esperando años que se cuentan ya por lustros o decenios. Y si aparecen nuevos motivos para acumular los cargos contra los procesa­dos, procédase de nuevo contra ellos por esa causa pero es­tando ellos ya en la cárcel.

No hay derecho a que en un sistema que se califica a sí mismo de democracia, las tretas, los intríngulis y los retrasos maliciosamente buscados por los abogados de los imputados y permitidos por los funcionarios de la justicia, bloqueen la sus­tanciación de los procedimientos hasta desembocar unas veces en la prescripción de los delitos, otras en la prescripción de la acción penal y la mayoría de los casos en la nada del ol­vido. Eso no es justicia. Eso es un poder doblegado por los de­más poderes, incluidos los de facto: políticos, económicos, bancarios y financieros. Así mal vamos.

Como las desviaciones de poder en la Administración del Es­tado son crónicas, la gestión política de los partidos se viene re­velando desde el principio de la democracia muy destarta­lada y proclive a perpetuar los males sociales (a excepción de ese periodo orgiástico de casi veinte años) y la ciudadanía toda­vía está perpleja, si la justicia integrada por individuos for­mados severa y técnicamente para desempeñar su función fa­lla al pueblo, ese poder será el mayor responsable de la deriva de una nación que jamás acabará de ser grande pese al sem­piterno empeño de minorías nostálgicas de hacerla grande a la fuerza.

DdA, XII/3101