Antonio Aramayona
"El independentismo ganaría en escaños pero no en votos el 27-S”,
titulaba el diario El País la noticia de la encuesta del CIS del 10 de
septiembre: Junts pel Sí obtendría entre 68 y 69 escaños, es decir, la
mayoría absoluta en el Parlament Catalán (135 diputados), si la CUP
decidiere sumar sus escaños. Sin embargo, considerando los votos válidos
obtenidos, esa supuesta coalición no llegaría a la mitad más uno, sino
solo al 44% de los votos. Pues bien, ese “sí en escaños, pero no en
votos” ha estado repitiéndose sin descanso en los medios y en las
tertulias de todo pelaje y condición. Incluso relevantes dirigentes del
CUP han manifestado sus dudas de proclamar la independencia de Cataluña
si solo contara la mayoría absoluta en el Parlamento, mas no en el
número de votos obtenido.
Ante este laberinto
hispano-catalán, me puse a indagar algunos datos de otras elecciones
pasadas y me llevé sendas sorpresas que me llevaron a nuevas
indagaciones. ¿Qué se entiende por mayoría absoluta? ¿Qué mayoría
legitima la toma de decisiones desde el poder político democráticamente
obtenido? Veamos algunos datos.
El Partido Popular obtuvo en 2011 un sonoro triunfo
electoral obteniendo “la mayoría absoluta”. Sin embargo, la realidad
revela otras facetas distintas: el Partido de Mariano Rajoy obtuvo
10.866.566 votos para el Congreso, lo que convierte su mayoría absoluta
en un 44,62 % de los votos (24.666.441 para el Congreso, menos para el
Senado) y de un pobre 30,3 % del total del censo (35.779.491). Un 30,3%
de la ciudadanía española (mucho menos de “la mitad más uno”) llevaron a
gobernar a un Partido que impuso al 100% de la ciudadanía unas leyes,
reformas, recortes y medidas que han ido llevando al empobrecimiento y
precarización de una buena parte de la población. ¿Vale, pues, según el
sistema electoral, una “mayoría absoluta” de solo un 44,62% de los
votantes y del 30% de todos los españoles? ¿Podría aplicarse este
concepto de mayoría absoluta a otros casos electorales?
Como botones de muestra, la Comunidad de Madrid está regida por el PP
con el 33,1% de los votos y el 21,5% sobre el total del censo. El
Gobierno de Aragón está en manos del PSOE con el 21,43 % de los votos y
el 14,02% sobre el total. Castilla La Mancha ha vuelto a colocar al PSOE
en el Gobierno con el 36,11% de los votos y el 25% sobre el total del
censo. Y en Castilla y León sigue gobernando el PP con el 37,8% de los
votos y el 23,6% sobre el total del censo. ¿Puede aducirse entonces que
la mayoría en unas elecciones, generales o autonómicas, no tienen nada
que ver con la mayoría de otras elecciones, si y solo si son catalanas?
¿Puede afirmarse que el actualmente PP representa la voluntad popular
con el 44% de los votos y el 30% del conjunto de los censados, de tal
modo que durante cuatro años hace y deshace sin contar en la mayor parte
de los casos con el parecer y la postura del resto de las formaciones
políticas? ¿Quién dictamina en qué casos se trata de una “mayoría
absoluta” aceptable y en qué otros, no?
Vale,
aceptemos al menos que unas elecciones, generales o autonómicas, no
tienen nada que ver con los resultados de un plebiscito o un referéndum
(algo que el Gobierno de Rajoy achaca sin fundamento al caso del 27-S:
no permite a priori referéndum alguno a y en Cataluña). Recuerdo otro
referéndum en 1986, con Antonio Gala a la cabeza del NO, Felipe González
mareando la perdiz y diciendo Diego donde juró decir Digo (“De entrada,
no”) en el Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, y
Manuel Fraga recomendando la abstención a sus correligionarios.
Recuerdo que con gran estupor e indignación conocíamos que el Gobierno
del PSOE “considera conveniente, para los intereses nacionales, que
España permanezca en la Alianza Atlántica” y se nos aseguraba que tal
permanencia cumpliría los siguientes términos: 1º No incorporación a la
estructura militar integrada de la OTAN. 2º Prohibición de instalar,
almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. 3º
Reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en
España.
Pues bien, de 29.024.494 electores, votó solo
el 59,4%, consiguiendo el SÍ el 52,5% de votantes y el 21% sobre el
total del censo. Aquello fue un referéndum legal en toda regla. Y
aquello fue también un auténtico atraco. Y para colmo, el engaño no se
hizo esperar: en 1997, el Presidente José Mª Aznar incorporó a España a
la estructura militar integrada de la OTAN, se introdujo una cláusula
por la que Estados Unidos puede instalar, almacenar o introducir armas
nucleares en territorio español, “previa autorización del Gobierno de
España” y, lejos de producirse una reducción progresiva de la presencia
militar de Estados Unidos en territorio español, ha ido aumentando año
tras año en nuestro país dicha presencia de fuerzas norteamericanas de
combate y/o agresión. En resumidas cuentas, finalmente ese referéndum
terminó por ser un fraude al pueblo español.
Queda
también el Referéndum sobre la aprobación del proyecto de Constitución
de 1978 (¿para cuándo una reforma constitucional o una Parlamento
Constituyente para una nueva Constitución?), que obtuvo un sí del 87,8%
de los votantes y el 58,97% del censo electoral. Por proximidad, no me
resisto a añadir los referéndums franquistas sobre la Ley de Sucesión en
la Jefatura del Estado (1947, aprobado por el 93%) y sobre la Ley
Orgánica del Estado (1966, aprobado por el 95%). Echo en falta, no
obstante, el referéndum nonato en agosto de 2011 sobre la reforma del
artículo 135 de la Constitución española de 1978.
Eldiario.es
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