La web ‘Versión Original’ puede gustar o no, pero no es más que una herramienta de comunicación que se encuadra dentro de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Federación de Sindicatos de Periodistas
La Federación de Sindicatos de
Periodistas (FeSP) manifiesta en un comunicado que son totalmente
desproporcionadas muchas de esas reacciones y son peligrosos los argumentos
utilizados en esas críticas legítimas. Algunos argumentos son contrarios al
ejercicio del Derecho a la Información y parece que pretenden colocar a los
periodistas y a los intereses de los medios por encima del resto de la
ciudadanía, sostiene la FeSP. La FeSP concreta que: Muchas de esas críticas
parten del supuesto de que en España existe una democracia informativa real
cuando está lejos de alcanzarla, según han puesto de manifiesto informes y
pronunciamientos de distintos organismos independientes internacionales. En
ellos se ha documentado la parcialidad de la información de los grandes medios
de comunicación españoles y su alineamiento con sus particulares intereses
económicos, legítimos pero de dudosa ética.
Suponer que una administración
pública no debe dudar de la veracidad e independencia de los medios resulta
insostenible cuando estudios como el Informe de la Profesión Periodística
2014, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid, demuestran que
son gran parte de la ciudadanía y los propios periodistas los que no tienen
confianza en la veracidad de las informaciones. En ese informe se indica:“Para
los propios periodistas, el amarillismo, el sensacionalismo, el periodismo como
espectáculo (57,5%) es la principal causa de la opinión negativa sobre los
propios periodistas, seguida de los intereses políticos de los grupos editoriales,
la falta de rigor, el intrusismo profesional, la falta de independencia, los
intereses económicos de los grupos editoriales, la precariedad, los tertulianos
y las tertulias y otros.”
Es cierto que se puede solicitar el derecho de
rectificación ante una noticia errónea, carente de veracidad o difamatoria;
pero todos los periodistas saben que esta es una de las asignaturas pendientes
de nuestra democracia. Solo un fallo judicial puede obligar a que se
cumpla ese derecho, pero la experiencia demuestra que esos fallos llegan tarde
y cuando el daño provocado ya es irreparable. Un ejemplo de ello es la
sentencia favorable a CCOO en su denuncia contra TVE, por la información que
facilitó sobre la huelga general del 20 de junio de 2002; en octubre del año siguiente,
cuando el periodista Alfredo Urdaci tuvo que leer el fallo en los telediarios
porque le obligaba la sentencia, citó a ese sindicato deletreando sus siglas
(“c, c, o, o”, dijo ) y no por su nombre, Comisiones Obreras, lo que se
consideró una burla.
La web ‘Versión Original’ puede gustar o no, pero no
es más que una herramienta de comunicación que se encuadra dentro de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que
en su artículo 12 establece: “Todas las personas tienen derecho a acceder
a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la
Constitución Española, desarrollados por esta ley”.
La propia Comisión Europea dispone, desde hace
decenios, de la web ‘Euromitos de la A a la Z,’ de las mismas características
que la del Ayuntamiento de Madrid, y nunca ha recibido críticas de ninguna
organización de periodistas.- Hay que recordar que el Código Europeo de
Deontología del Periodismo, redactado por el diputado español Manuel Núñez
Encabo y aprobado por unanimidad por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, establece lo siguiente:
“19. Sería erróneo deducir que los medios de
comunicación representan a la opinión pública o que deban sustituir las
funciones propias de los poderes o entes públicos o de las instituciones de
carácter educativo o cultural como la escuela. 20. Ello llevaría a convertir a
los medios de comunicación y al periodismo en poderes o contrapoderes
(mediocracia) sin que al propio tiempo estén dotados de la representación de
los ciudadanos o estén sujetos a los controles democráticos propios de los
poderes públicos, o posean la especialización de las instituciones culturales o
educativas correspondientes.”
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP considera que
todas las críticas son totalmente admisibles y respetables, pero que no se
deben sustentar en argumentos demagógicos porque así se confunde a la
ciudadanía.
DdA, XII/3029
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