Fernando de Silva
"Dispongo de todos los datos y son la repera patatera",
afirmaba hace unas horas en el Congreso de los Diputados Santiago
Menéndez, Director General de la Agencia Tributaria, para referirse a
los inconfesables secretos que guarda a buen recaudo de los grandes
defraudadores de este país, y que se nos ocultan a los sufridos
ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Se justifican afirmando que
la intimidad de los presuntos delincuentes, unos 715 en total, debe ser
preservada porque así lo establece la ley que elloss mismos han
aprobado, y no es bueno poner en entredicho su "honorabilidad" para
preservar el derecho a la presunción de inocencia. Eso mismo podían
haber pensado cuando por motivaciones exclusivamente políticas filtraron
una información de Juan Carlos Monedero, que paga impuestos en España y
no debe nada a nadie, para colocarlo a los pies de los caballos. ¿Serán
jetas?; más bien delincuentes con traje y corbata. Porque la revelación
de secretos es delito siempre, y no cuando a ellos se les antoja.
La
intervención de Santiago Menéndez fue chulesca, retadora, amenazante,
impropia de su cargo, al estilo de su jefe, Cristóbal Montoro, el mismo
que sacaba pecho para acusar en la tribuna del Congreso a la familia
Pujol, y ahora mete el rabo entre las piernas cuando afecta a su exjefe
y uno de los suyos, pringado hasta los tuétanos en fechorías que con el
tiempo parece resultarán mucho más escandalosas. Porque lo de Rodrigo
Rato va a traer cola, y muchos poderosos pueden caer si se investiga de
verdad.
¿Y
qué dice el gobierno a todo esto?. Por el momento ya sabemos que
Mariano Rajoy se enteró por la prensa y tuvo un gran disgusto; ¿el
primero?, porque suponemos que también sabrá por la prensa que su
"íntimo amigo" está imputado por los desmanes de Bankia y en el caso de
las "tarjetas black", por lo que cabe pensar que será, al menos, el
tercer disgusto. Ni mencionar al resto de los miembros del Gobierno ni a
los dirigentes del PP, que parecen estar en este tema en "búsqueda y
captura". La ley del silencio, al estilo de la mafia siciliana en estado
puro.
Los
ciudadanos queremos saber la lista completa de los supuestos grandes
defraudadores, porque nos han robado en nuestras narices con la
complicidad de nuestros gobernantes, y han empobrecido al país,
contribuyendo de manera decisiva a las consecuencias de la crisis
económica que padecemos. ¿Que la ley no permite hacerlo?, pues cambiemos la ley.
Unos políticos que fueron capaces de modificar en 72 horas el art. 135
de la Constitución para favorecer los intereses especulativos de los
grandes inversores en perjuicio de las necesidades vitales de los
españoles, suponemos tendrán capacidad para modificar una ley de menor
rango en 24 horas. Querer es poder, y cuando se tiene el poder absoluto
no existe ningún obstáculo para hacerlo. Otra cosa es que no se quiera,
porque es muy probable que muchos de los suyos formen parte de la lista
secreta, y hasta algunos tengan previsto presentarse en las listas de
las próximas convocatorias electorales.
Soraya
Sáenz de Santamaría, tan parlanchina ella cuando le viene en gana, nos
debería seguir explicando en qué consiste la transparecencia. Porque si
permite ocultar los nombres y apellidos de quienes nos roban, por mal
camino vamos.
SinLaVenia DdA, XII/2982
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