Rafael Jiménez Claudín
En Avila (Castilla y León, España) uno de cada tres trabajadores con
empleo es pobre porque gana menos del salario mínimo interprofesional de
648 euros mes, y la mitad de la fuerza laboral de la provincia, de
56.418 personas, no alcanza los mil euros, datos que el Partido Popular
publicita como un atractivo para la inversión empresarial, evidenciando
que la política laboral de quienes gobiernan es ofrecer trabajadores a
precio de saldo para hacer negocios.
La
vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría,
anuncia junto a los ministros Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y
Fátima Báñez, despidos más baratos para crear empleo y para ganar
competitividad
Los datos que manejo para este análisis los ha facilitado José Alberto Novoa,
coordinador provincial de Izquierda Unida de Ávila, quien entiende que
“convertir a los abulenses en pobres no es para estar orgulloso ni para
presentarlo como aliciente alguno”, ya que conduce a “una espiral de
destrucción y contracción económica” porque una persona que no llega a
los 648 euros al mes no puede consumir, lo cual imposibilita el
desarrollo de las empresas establecidas en la provincia, cuyo mercado
interior es imposible que adquiera aquello que se produce.
Pongo el ejemplo de Ávila porque es una provincia en la que tengo
raíces familiares y me duele por ello especialmente, pero se trata de
una realidad extendida por todas las comunidades autónomas gobernadas
por el Partido Popular, que hacen así seguidismo del Gobierno de España
cuando el presidente Mariano Rajoy ofrece como
atractivo los bajos salarios de los trabajadores españoles en su viajes a
China o los Emiratos Árabes, o cuando los ministros económicos de su
gabinete repiten el mantra de la mejora de la competitividad gracias a
los bajos salarios que han conseguido implantar con la reforma laboral,
olvidando que otros factores de la competitividad aparte del ambiente
macroeconómico, como la calidad de las instituciones públicas y la
situación tecnológica, están cayendo por falta de inversiones.
Teniendo en cuanta que en España estamos gobernados por aquellos
políticos que hemos votado democráticamente, la pregunta es qué grado de
masoquismo seremos capaces de soportar antes de proceder al cambio
político cada vez más necesario, porque un país de pobres solo es
atractivo para fondos buitre que pueden comprar barato y empresarios sin
escrúpulos, y el Partido Popular parece empeñado en situar a España por
delante de los países asiáticos y africanos que ocupan los primeros
puestos en competitividad por la pobreza de sus poblaciones, sus bajos
salarios o la carencia de derechos sociales.
DdA, XII/2904
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