*Sabemos que durante los últimos cuatro años se han escolarizado en
la enseñanza pública cerca de 70.000 alumnos y alumnas a la vez que se
perdían 7.500 puestos de trabajo
*Sabemos que en Madrid hay pobreza
infantil, y hemos oído a Ignacio González decir que este curso habrá
52.000 ayudas al comedor, cuando hace tres tres años eran 120.000 los
menores que recibían beca
*Sabemos que en 2010 recibía educación
compensatoria el doble del alumnado que la recibe este curso: ni apoyos,
ni refuerzos, ni programas de mejora para miles de menores
Isabel Galvín
Sabemos que en Madrid faltan plazas escolares en los
centros públicos. Hemos visto imágenes de alguno de los 18.000 jóvenes
que no tienen plaza en FP. Hemos oído a madres denunciar que su hija o
su hijo, entre muchos otros, no tenían una plaza para estudiar
Bachillerato en un centro público. Conocemos familias que han
peregrinando con el curso empezado en busca de una plaza escolar.
Equipos directivos, profes, vecinos, alumnas, alumnos nos cuentan que
están en aulas en las que no caben. Nos llegan testimonios de clases con
29 alumnos en Primaria, 35 en Secundaria y hasta de 47 en Bachillerato.
Al mismo tiempo se cede suelo público para concertar centros que –lo
sabemos– van a segregar por sexo porque unas decenas de familias lo
solicitan inscribiéndose en la parroquia, como está ocurriendo en Rivas y
en Parla.
Sabemos que –y ello con vergüenza y mucha
indignación– en Madrid hay hambre. Hay pobreza infantil. Hemos oído a
González decir que este curso habrá 52.OOO ayudas al comedor. Sin
embargo, hace apenas tres años, con menos incidencia del paro que en la
actualidad, 120.000 menores recibían beca. En este Madrid, todas las
familias, hasta las que cobran la renta mínima de inserción, han de
pagar una cuota por el comedor.
Hemos visto rastros,
rastrillos, ferias, trueques de textos escolares porque dicen que
tampoco hay dinero para libros. Conocemos algunas de las decenas de
miles de familias, porque son gente como nosotros, que no pueden llevar a
su peque a la Escuela Infantil porque las altas tasas se lo impiden. La
explicación que dan el presidente de Madrid, Ignacio González y su
consejera de Educación, Lucía Figar, a los medios afines es que el
"gratis total" acostumbra mal y hace que la gente abuse. Quizás por eso,
para no abusar –¿verdad Sr. Wert?– el curso pasado 9.956 estudiantes
dejaron las aulas de las universidades madrileñas, cuyas tasas son las
más altas de toda España. Mientras tanto, Figar cobra una beca por
escolarizar a su hija en un centro privado de élite sin que ello
constituya un abuso porque ella, según dicen, está en su derecho.
Sabemos que en Madrid no se garantiza la universalización, ni la igualdad. Nada es para toda la ciudadanía: ni la universidad, ni la FP, ni la educación infantil, ni el inglés, ni la tecnología, ni la música, ni los libros, ni la comida
Sabemos que en 2010 recibía educación compensatoria el
doble del alumnado que la recibe este curso. El número de aulas de
compensación educativa se han reducido significativamente y algunos
programas, como las aulas de enlace, prácticamente han desaparecido. Ni
apoyos, ni refuerzos, ni programas de mejora para miles de menores y de
jóvenes con rostros que cuentan historias de pérdida, de carencia, de
desposesión. Sabemos –porque es de sentido común y porque lo dice la
OCDE– que sin atención a la diversidad ese alumnado está condenado a la
exclusión educativa, y, a la postre, social. Lejos de remediarlo, bien
empezado el curso, el servicio de Inspección recibe órdenes de recontar
los estudiantes matriculados o buscar centros en los que se haga algo
diferente para acabar con ello, cerrar grupos y suprimir profesorado.
Mientras, a pesar de la bajada de matrícula, se mantiene en muchos
centros al profesorado de religión a tiempo completo para atender a un
solo alumno.
Sabemos que durante los últimos cuatro
años se han escolarizado en la enseñanza pública cerca de 70.000 alumnos
y alumnas a la vez que se perdían 7.500 puestos de trabajo. Hay menos
profesorado para más alumnado. Docentes de todas las especialidades han
desaparecido de las aulas, aunque la expulsión del sistema educativo de
los profesionales que atienden la diversidad ha sido la más grave, por
numerosa y por su impacto en el conjunto del sistema. En las
universidades madrileñas se han perdido miles de empleos al no reponerse
las jubilaciones o al suprimirse contratos temporales. Se ha perdido el
derecho a la formación continua y se niega, al parecer –por
innecesario, dicen– el tiempo de preparación de clases o atención al
alumnado y a sus familias.
Sabemos que miles de
profesoras y profesores son contratados por unos pocos meses para
trabajar con jornadas parciales y sin derecho a cobrar el verano
mientras que, en estos cuatro años, se ha contratado a nativos de lengua
inglesa sin titulación homologada, sin conocimiento del currículo y sin
saber español. Y en este contexto desolador han sido nombrados
centenares de asesores en la Consejería de Educación mientras se
amortizan las plazas de estructura o simplemente no se convoca su
reposición.
Sabemos que en Madrid no se garantiza la
universalización, ni la igualdad. Nada es para toda la ciudadanía: ni la
universidad, ni la FP, ni la educación infantil, ni el inglés, ni la
tecnología, ni la música, ni los libros, ni la comida. La desigualdad se
multiplica. Y sabemos que, de continuar esta situación, se perderán
varias generaciones, como esas otras que ya están condenadas al paro, a
trabajos precarios o al exilio.
La situación es –lo
sabemos, todo el mundo lo sabe– de emergencia. Cada día que pasa alguien
se puede estar quedando en el camino. La actuación ha de ser inminente y
hay que empezar por restituir el presupuesto que se le ha arrebatado a
la educación, terminando con una fiscalidad regresiva que redistribuye
dando al que más tiene para quitárselo al que más lo necesita. Sabemos
que hay que derogar los recortes y toda la normativa que legaliza el
expolio de las arcas públicas para beneficio de los grupos económicos
afines al Partido Popular.
Necesitamos auditar todas
las externalizaciones y privatizaciones que se han producido; garantizar
el regreso del profesorado y del alumnado desahuciado de las aulas
públicas; restablecer la normalidad democrática en el sistema educativo
acabando con la normativa que consagra la desigualdad entre familias,
alumnado o centros.
Sabemos que es necesario rescatar
la educación madrileña del uso partidista, de la codicia y de los
fundamentalismos. Sí, sabemos lo que tenemos que hacer: recuperar la
educación para que sea de tod@s y para tod@s.
ElDiario.es
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