martes, 1 de julio de 2014

SOBRAN MOTIVOS PARA UNA HUELGA GENERAL INDEFINIDA


Ana Cuevas

Allá por 1920 la represión contra los sindicalistas españoles, la mayoría integrantes del sindicato mayoritario CNT, adquirió dimensiones terroríficas. Los patronos contrataban bandas de pistoleros para asesinar a los trabajadores insurrectos, el estado aprobó la tristemente celebre "ley de fugas" que permitía matar a tiros a los detenidos argumentando el intento de huida. Eran tiempos feroces para la lucha de la clase obrera. Pero ni el clima de horror, ni la sangre derramada evitaron una huelga general indefinida que logró, entre otras cosas, que en España se consolidara la jornada laboral de ocho horas. Muchas fueron las vicisitudes que los sindicalistas sufrieron desde aquellos tiempos, incluida una dictadura, que les obligó a actuar en la clandestinidad poniendo en peligro su libertad e incluso la vida.
El 28 de abril de 1977 se inicia el periodo democrático que abrió la puerta a la legalidad y la pluralidad de los sindicatos españoles. Era de esperar que actualmente, tras varias décadas de normalidad democrática, ejercer el derecho constitucional a la huelga no constituyera un delito que se pagara con la cárcel. Sin embargo, en este momento hay 260 personas encausadas por su participación durante los conflictos y las peticiones fiscales son de más de tres años. El derecho a la huelga, a la información y difusión de la misma, se reprimen ahora a golpe de código penal pasándose por el forro lo que suscribe la propia Constitución. 
En medio de una crisis sin precedentes en la historia moderna,  los pistoleros se sustituyen por jueces y fiscales que, auspiciados por un gobierno que desprecia a la clase trabajadora, criminaliza las protestas.
La desmesura se dilata más cuando se comparan algunos casos. No hace mucho, un inmigrante sin contrato perdió un brazo en su puesto de trabajo. Sus jefes, un ejemplo de mezquindad humana, decidieron abandonarle a doscientos metros de un hospital. La sentencia para estos malnacidos es de once meses y 29 días. Sin embargo, trabajadores como Carlos Cano o Carmen Bajo deberán ingresar en prisión para cumplir una pena de tres años impuesta por su participación en un piquete durante la huelga general del 2012 acusados de amenazas, insultos y destrozos.
Podríamos llenar muchos renglones con situaciones similares. En este país, el derecho al trabajo y a la dignidad en el mismo, se vulneran cada día. Los empresarios amenazan a los trabajadores que pretenden hacer huelga y practican el esquirolaje sin repercusiones legales para ellos. El despido, es un arma coactiva y disuasoria en una sociedad asolada por el desempleo. Pero además, por si esto no amilana al insumiso, nos espera una oscura celda.
Yo no se si las autoridades pertinentes están calibrando bien la cuota de injusticia que reparten. Si han valorado hasta que punto, una sociedad mas instruida que la de los años 20, va a soportar sumisamente la bota que han plantado en su cabeza. Mi carne obrera me pide rock and roll. Es decir, una huelga general indefinida hasta que cese el acoso contra los trabajadores. No nacimos para esclavos, pese a la opinión de algunos. Un futuro de yugos y cadenas amenaza a nuestros hijos. Y yo, por ellos, muero si hace falta.
Es verdad. No estamos en 1920 aunque a veces lo parezca. Ahora contamos con otros mecanismos de defensa para dinamitar el miedo con el que nos cercan. Solo nos falta tomar conciencia del poder que fluye en nuestra sangre obrera. Cada agresión contra uno de los nuestros, es un ataque directo contra toda la clase trabajadora. Nos sobran los motivos para la huelga general indefinida. Tenemos que dar una respuesta contundente a los nuevos pistoleros que nos tirotean. Ha llegado nuestra hora.


                                      DdA, XI/2.743                                  

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