Ana Cuevas
Allá
por 1920 la represión contra los sindicalistas españoles,
la mayoría integrantes del sindicato mayoritario CNT, adquirió
dimensiones terroríficas. Los patronos contrataban bandas de pistoleros
para asesinar a los trabajadores insurrectos, el estado aprobó la
tristemente celebre "ley de fugas" que permitía matar a tiros a los
detenidos argumentando el intento de huida. Eran tiempos feroces para la
lucha de la clase obrera. Pero ni el clima de horror, ni la sangre
derramada evitaron una huelga general indefinida que logró, entre otras
cosas, que en España se consolidara la jornada laboral de ocho horas.
Muchas fueron las vicisitudes que los sindicalistas sufrieron desde
aquellos tiempos, incluida una dictadura, que les obligó a actuar en la
clandestinidad poniendo en peligro su libertad e incluso la vida.
El 28
de abril de 1977 se inicia el periodo democrático que abrió la puerta a
la legalidad y la pluralidad de los sindicatos españoles. Era
de esperar que actualmente, tras varias décadas de normalidad
democrática, ejercer el derecho constitucional a la huelga no
constituyera un delito que se pagara con la cárcel. Sin
embargo, en este momento hay 260 personas encausadas por su
participación durante los conflictos y las peticiones fiscales son de
más de tres años. El derecho a la huelga, a la información y difusión de
la misma, se reprimen ahora a golpe de código penal pasándose por el
forro lo que suscribe la propia Constitución.
En medio de una crisis sin
precedentes en la historia moderna, los pistoleros se sustituyen por
jueces y fiscales que, auspiciados por un gobierno que desprecia a la
clase trabajadora, criminaliza las protestas.
La
desmesura se dilata más cuando se comparan algunos casos. No hace
mucho, un inmigrante sin contrato perdió un brazo en su puesto de
trabajo. Sus jefes, un ejemplo de mezquindad humana, decidieron
abandonarle a doscientos metros de un hospital. La sentencia para estos
malnacidos es de once meses y 29 días. Sin embargo, trabajadores como
Carlos Cano o Carmen Bajo deberán ingresar en prisión para cumplir una
pena de tres años impuesta por su participación en un piquete durante la
huelga general del 2012 acusados de amenazas, insultos y destrozos.
Podríamos
llenar muchos renglones con situaciones similares. En este país, el
derecho al trabajo y a la dignidad en el mismo, se vulneran cada día.
Los empresarios amenazan a los trabajadores que pretenden hacer huelga y
practican el esquirolaje sin repercusiones legales para ellos. El
despido, es un arma coactiva y disuasoria en una sociedad asolada por el
desempleo. Pero además, por si esto no amilana al insumiso, nos espera
una oscura celda.
Yo no
se si las autoridades pertinentes están calibrando bien la cuota de
injusticia que reparten. Si han valorado hasta que punto, una sociedad
mas instruida que la de los años 20, va a soportar sumisamente la bota
que han plantado en su cabeza. Mi carne obrera me pide rock and roll. Es
decir, una huelga general indefinida hasta que cese el acoso contra los
trabajadores. No nacimos para esclavos, pese a la opinión de algunos.
Un futuro de yugos y cadenas amenaza a nuestros hijos. Y yo, por ellos,
muero si hace falta.
Es
verdad. No estamos en 1920 aunque a veces lo parezca. Ahora contamos con
otros mecanismos de defensa para dinamitar el miedo con el que nos
cercan. Solo nos falta tomar conciencia del poder que fluye en nuestra
sangre obrera. Cada agresión contra uno de los nuestros, es un ataque
directo contra toda la clase trabajadora. Nos sobran los motivos para la
huelga general indefinida. Tenemos que dar una respuesta contundente a
los nuevos pistoleros que nos tirotean. Ha llegado nuestra hora.
DdA, XI/2.743
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