Ignacio Escolar
El PP aprovecha el aforamiento exprés del rey para aumentar el control político sobre la justicia. \ Efe
El procedimiento de urgencia que está utilizando el
Gobierno para tramitar el aforamiento del rey Juan Carlos trae nuevas
sorpresas. El Partido Popular ha aprovechado la tramitación por la vía
rápida de ley orgánica complementaria de racionalización del sector
público –la norma donde ha incrustado el aforamiento real–, para colar
sin apenas debate dos enmiendas que modifican la forma en la que se
cubren las suplencias en los juzgados cuando el juez titular de la plaza
se va temporalmente a otro destino.
Las enmiendas
del PP, que fueron aprobadas el pasado jueves, ya van camino del Senado y
podrían entrar en vigor en cuestión de días. Si entran en vigor,
aumentará el control del Gobierno sobre la justicia ya que
indirectamente permitirán al poder político cubrir estas vacantes con
jueces elegidos a dedo. De este modo, el Gobierno contará con un nuevo
mecanismo para controlar los juzgados más sensibles, como el Tribunal
Supremo o la Audiencia Nacional.
Las dos enmiendas
cambiarán la forma en la que se sustituye a los magistrados en comisión
de servicios especiales: aquellos que, temporalmente van a un destino
que no supone perder su plaza –por ejemplo, cuando son nombrados vocales
del CGPJ o miembros del Tribunal Constitucional–. Hasta hace unos
meses, estas sustituciones se regulaban con el artículo 118 de la ley orgánica del Poder Judicial.
Las bajas de este tipo se cubrían como cualquier otra, según el sistema
de puntos de la carrera judicial. La sustitución temporal salía a
concurso abierto: todos los jueces podían optar a esa plaza hasta la
vuelta de su titular y ganaba quien más puntos tuviese. El poder
político no tenía apenas margen para actuar.
En diciembre de 2013, el artículo 118 –junto con otros tantos de la misma ley– fue derogado por una reforma del Gobierno con la que Mariano Rajoy se garantizó un Poder Judicial aún más controlado por el PP.
Y ahora, sin debate, sin pasar por el Consejo de Estado y por la puerta
de atrás, dos enmiendas cubren este hueco para aumentar todavía más la
influencia del poder político sobre la justicia.
Con
la enmiendas que ha presentado el PP, y que ya están aprobadas por la
mayoría conservadora en el Congreso, el sistema para cubrir esas plazas
cambiará. El Consejo General del Poder Judicial podrá decidir quién se
queda con estos puestos de forma discrecional: por medio de una comisión
de servicios. Será el CGPJ –un órgano dependiente del poder político y
donde los magistrados elegidos por el PP son mayoría– quien nombrará al
juez que prefiera en cualquiera de estos juzgados, sin necesidad de
sacar la plaza a concurso, sin dar publicidad a la convocatoria y sin
que haya que tener en cuenta la experiencia los méritos previos de cada
candidato.
Según Joaquím Bosch, portavoz de Jueces
para la Democracia, la reforma es "una iniciativa legal muy criticable
por razones de forma y de fondo, al haberse introducido fuera de los
cauces ordinarios y al suponer la posibilidad de que el órgano de
gobierno de los jueces, con evidentes conexiones con el poder político,
pueda designar magistrados sin realizar el correspondiente concurso".
El cambio legal tiene serias consecuencias porque convertirá en norma
lo que hasta ahora era una inusual y polémica excepción. No será la
primera vez que se utilice el sistema de la comisión de servicios para
sustituir a un juez; ya pasó, por ejemplo, con la sustitución de
Baltasar Garzón o con la de Grande Marlaska en la Audiencia Nacional.
Pero si prospera esta reforma, el CGPJ lo tendrá aún más fácil porque no
será siquiera necesario argumentar por qué una plaza de un magistrado
en servicios especiales se cubre sin necesidad de concurso.
La reforma por la vía de enmienda de este mecanismo ha creado polémica
dentro de la carrera judicial. En varios foros privados de jueces en
Internet hace varios días que se discute sobre esta reforma, que muchos
ven como un golpe más a la separación de poderes. "El Gobierno aprovecha
el aforamiento de la familia real para, de forma torticera, a través de
una enmienda y sin dictamen del Consejo de Estado introducir un
mecanismo para nombrar jueces 'ad hoc' en tribunales tan importantes
como el Supremo o la Audiencia Nacional", asegura un magistrado que
prefiere mantener el anonimato.
El Diario.es DdA, XI/2.742
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