TODO POR LA PATRIA (LA DE LA TROIKA, CLARO)

Antonio Aramayona

La presidenta de Aragón, L. F. Rudi, anuncia más recortes («un ajuste presupuestario a la altura de lo que se necesita») para hacer frente al déficit, pero «sin suprimir el compromiso social». En otras palabras, más eufemismos y medias verdades para dar otra ración de lo mismo: recortes. Como una cosa es «suprimir» y otra «sustraer», la señora Rudi no suprimirá el «compromiso social» (¿cuál?), sino que sustraerá lo que haga falta de donde siempre ha sustraído: lo social (sanidad, educación, prestaciones sociales varias). No otra cosa es lo que hasta ahora han hecho las consejerías de su Gobierno, principalmente las regidas por el señor Oliván y la señora Serrat.

La presidenta Rudi no esconde su enfado por las cuentas sobre el déficit aragonés que ha publicado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Sin embargo, le hemos oído pocas quejas por las cifras de desempleo, la disminución de ayudas a desempleados, el abandono real y efectivo de las personas dependientes, la supresión de aulas, la imposibilidad de enseñar en un aula atestada de alumnos de todo tipo y condición, la escasez de profesorado, la creciente precariedad y explotación de ese bodrio laboral denominado «creación de empleo», las listas de espera en los hospitales públicos, etc. existentes en Aragón. Los dedos de Montoro y Rudi señalan el mismo sol para con los mismos macrodiscursos cegar los ojos de una ciudadanía cada vez más empobrecida y más privada de los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Aragón de abril de 2007. Y si, de hecho, dan la espalda a estos derechos y libertades, ¿para qué gobiernan entonces?

La ciudad de Zaragoza, a su vez, observa el conflicto simultáneo de dos colectivos de trabajadores pertenecientes a sendos servicios municipales: el transporte público y el área de parques y jardines. Se pongan como se pongan los gobernantes municipales socialistas, los grupos que los apoyan (IU y CHA) y el grupo opositor del PP, se trata de servicios municipales (repito, municipales), de los que posteriormente se encarga una empresa privada (en este caso, Urbanos de Zaragoza y FCC). Una concesión municipal no significa que a partir de la fecha de hacerla efectiva deje de ser municipal o el ayuntamiento pierda su responsabilidad con la ciudadanía a la que está destinada ese servicio y con el personal laboral perteneciente a la empresa. Por mucho que los munícipes se disfracen de Tartufos, una empresa privada asume un servicio público ±en este caso, municipal±, por los mismos motivos y objetivos que cualquier otra empresa privada: obtener cuantos más beneficios, mejor.

Tengo entendido que el personal laboral de TUZSA ofreció al ayuntamiento en pleno conflicto laboral la posibilidad de constituirse en empresa pública en régimen cooperativo, cuyos servicios y estructuras estarían al servicio sin intermediarios de la ciudadanía y cuyos beneficios revertirían también sin intermediarios en creación de empleo y mejora de los servicios de trasporte urbano. Dicha oferta fue desoída por los grupos municipales, unos por defender a ultranza la bondad de lo privado frente a lo público, otros por ahuyentar cualquier tipo de problemas que perturbaren su muelle y luenga holganza en sus poltronas municipales, otros por misteriosas razones que mi mente no llega a alcanzar. El hecho es que desde entonces son difícilmente creíbles los discursos sobre lo público provenientes de una supuesta izquierda que tuvo en sus manos la posibilidad de organizar desde parámetros públicos una empresa al servicio del pueblo, sin intermediarios que obtengan sus beneficios recortando plantillas, bajando salarios y endureciendo el horario y las condiciones laborales.

El ayuntamiento conoce que una empresa perpetrará estas medidas cuanto sea necesario para garantizar las ganancias y no puede hacerse el Tancredo ofreciéndose como simple mediador en el conflicto o asegurando que nada tiene que ver con el mismo. Muy al contrario, se trata de un servicio municipal y de unos trabajadores municipales. Y si son flagrantemente abusivos los servicios mínimos decretados para el personal laboral de los autobuses, parques y jardines de la ciudad de Zaragoza, el responsable último y directo es el propio ayuntamiento.

Y por si éramos pocos, parió la abuela y el campeón mundial de rally, Carlos Sainz, ha sido contratado como asesor del ejército español en la conducción de blindados, y la alimentación e hidratación en ambientes desérticos, e incluso, dada su experiencia en el Rally Dakar, se pondrá a los mandos de un carro de combate Leopard 2E (de los 108 alquilados a Alemania como vehículos de entrenamiento previo a la compra de 308 blindados nuevos como parte del Programa Coraza). Desconozco por qué desiertos imagina atacar o defenderse el ejército español, pero de momento Carlos Sainz imparte conferencias en la madrileña base El Goloso (de indiscutible protagonismo en la intentona de golpe de Estado en el 23-F) para los cuadros de mando, conductores y encargados de mantenimiento de la unidad. Todo por la Patria (la de la Troika, claro).

DdA, X/2.690