Eduardo Torres Dulce, Fiscal General del
Estado, ha ordenado retirar un recurso en el Tribunal Constitucional
para sentar doctrina sobre el franquismo. Doctrina significa que las
2.500 fosas del franquismo no se exhumaran y los hombres y mujeres que
yacen en su interior, jamás conocerán un entierro digno ni el calor de
sus familiares, depositando unas flores sobre su tumba. No hay datos
definitivos sobre el número de desaparecidos entre 1936 y 1945. Se habla
de 140.000 víctimas. Otros elevan la cifra hasta 200.000. España
disfruta del privilegio ser el segundo país del mundo con el mayor
número de desaparecidos. Sólo nos aventaja Camboya. Torres-Dulce no
quiere que se cuestione la Ley de Amnistía de 1977, que infringe
vergonzosamente la jurisprudencia internacional sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. No importa que el
Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestara en 2008 su
contrariedad por “los obstáculos con que han tropezado las familias en
sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de
los restos y la identificación de las personas desaparecidas”.
La credibilidad, la independencia y la honestidad del poder judicial español se encuentran bajo mínimos, pero esta actuación del Fiscal General del Estado revela una vez más que la inmodélica Transición sólo fue una reforma del franquismo, orquestada con sus propias leyes y sin otro objetivo que garantizar la impunidad de los verdugos. Franco y sus generales siguen presentes en las calles, plazas y avenidas del Estado español, pese a que sus crímenes son tan repugnantes como los de Hitler y Mussolini. De hecho, la Alemania nazi y la Italia fascista consideraron que la represión de la Nueva España de Franco era excesiva. La decisión de Torres-Dulce responde a la petición de amparo de Purificación Lapeña, que pedía exhumar los restos de su abuelo y su tío abuelo, enterrados en el Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familias. El Tribunal Constitucional decidió en un primer momento no admitir a trámite la petición, pero Manuel Miranda, uno de sus fiscales, recurrió la decisión, alegando que la petición reunía las consideraciones necesarias para ser tramitada. Antes de que respondiera la Sección Tercera de la Sala Segunda, el Fiscal General del Estado ha utilizado su poder para zanjar el asunto, obedeciendo las consignas del gobierno.
La credibilidad, la independencia y la honestidad del poder judicial español se encuentran bajo mínimos, pero esta actuación del Fiscal General del Estado revela una vez más que la inmodélica Transición sólo fue una reforma del franquismo, orquestada con sus propias leyes y sin otro objetivo que garantizar la impunidad de los verdugos. Franco y sus generales siguen presentes en las calles, plazas y avenidas del Estado español, pese a que sus crímenes son tan repugnantes como los de Hitler y Mussolini. De hecho, la Alemania nazi y la Italia fascista consideraron que la represión de la Nueva España de Franco era excesiva. La decisión de Torres-Dulce responde a la petición de amparo de Purificación Lapeña, que pedía exhumar los restos de su abuelo y su tío abuelo, enterrados en el Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familias. El Tribunal Constitucional decidió en un primer momento no admitir a trámite la petición, pero Manuel Miranda, uno de sus fiscales, recurrió la decisión, alegando que la petición reunía las consideraciones necesarias para ser tramitada. Antes de que respondiera la Sección Tercera de la Sala Segunda, el Fiscal General del Estado ha utilizado su poder para zanjar el asunto, obedeciendo las consignas del gobierno.
Hoy me he desplazado a Madrid y, por
circunstancias que no vienen al caso, me he acercado a la Calle del
General Yagüe. Al observar la placa, he recordado la matanza de Badajoz y
otras masacres similares perpetradas por la Columna de la Muerte
(Mérida, Almendralejo), al mando del teniente coronel Juan Yagüe. El
historiador Francisco Espinosa Maestre investigó sus crímenes en su obra
La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz
(2003). Sus conclusiones no reflejan una ofensiva militar, sino una
campaña de exterminio. Espinosa, que realizó un minucioso trabajo de
campo, recorriendo pueblos y ciudades, afirma que la represión “no fue
una consecuencia de la guerra, sino una de sus razones explicativas
fundamentales. […] la violencia formaba parte del proyecto inicial de
los insurgentes, dispuestos a exterminar a todos aquellos elementos de
la sociedad española –políticos, sindicalistas, profesionales,
maestros…- que habían contribuido a articular la alternativa reformista
iniciada en 1931″. Espinosa Maestre considera que la masacre de Badajoz
es un anticipo de Auschwitz. Es imposible saber el número exacto de
asesinatos, pues los registros oficiales sólo reflejan un tercio de los
crímenes. Espinosa ha documentado 1.518 asesinatos en Badajoz, 6.610 en
los 84 pueblos de la zona occidental y más de 12.000 en el total de la
provincia. Los cadáveres eran eliminados habitualmente con gasolina, que
los calcinaba y facilitaba su destrucción.
En Alemanía, sería inconcebible una calle del coronel Paul Blobel, responsable del Sonderkommando 4ª, unidad de exterminio perteneciente al Einsatzgruppe C,
que actuó en Ucrania y ejecutó la célebre masacre de Babi Yar, un
barranco donde se asesinó a 33.000 judíos y a más de 60.000 comunistas,
partisanos y gitanos entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941. El
régimen nazi perdió la guerra. La dictadura franquista no y la actual
democracia se levantó sobre sus cimientos. Tal vez eso explica todo. Yo
apreciaba a Torres-Dulce por su pasión cinéfila y su vasto conocimiento
de la obra de John Ford, pero ahora creo que es un canalla y ruego para
que el espíritu de los pueblos nativos norteamericanos, exterminados por
la caballería de los Estados Unidos, le atormenten en sus sueños,
persiguiéndole con un tomahawk.
DdA, X/2.601
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