Ya se lo dijeron a los independentistas vascos que empleaban la
violencia para conseguir sus objetivos: "hay cauces reales y legales
dentro de la Constitución para que podáis expresar vuestras
reivindicaciones". Y los independentistas vascos que empleaban la
violencia se organizaron en partidos políticos que renunciaron
definitivamente a la violencia y desde allí dieron a conocer sus
programas políticos, que apostaban por la independencia. Sin embargo, a
renglón seguido unos fueron a la cárcel por "enaltecimiento del
terrorismo" y a los demás se les dijo que sus demandas no tenían cabida
en la Constitución española de 1978. Y sanseacabó.
AHORA
la historia se repite con Cataluña. Una buena parte de los catalanes
solicitan, al menos, un referéndum para conocer la voluntad
independentista o no de la población. CiU y ERC (amplia mayoría en el
arco parlamentario catalán) han emprendido la vía directa hacia la
independencia de Cataluña respecto de España, han fijado el 9 de
noviembre de 2014 como fecha para realizar una consulta al pueblo
catalán al respecto e incluso han establecido las preguntas de dicha
consulta. Sin embargo, se topan con el mismo argumento contundente: la
independencia de un territorio perteneciente hasta ahora al Reino de
España no tiene cabida en la Constitución española de 1978. Y
sanseacabó.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
habla de iniciar una reforma constitucional en clave federalista,
aunque coincidiendo con el PP en la defensa innegociable de la "unidad
de España". El Presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy,
se limita a decir que el referéndum solicitado por los catalanistas "no
se celebrará". El fundamento sustancial de ambas posturas radica en el
supuesto carácter intocable e inviolable de la Constitución, Ley de
Leyes en el marco jurídico del país. Y sanseacabó.
Sin embargo, la Constitución ha sido modificada cuando así lo han acordado
los dos partidos mayoritarios (mayoritarios, no solo gracias al voto de
la ciudadanía, sino también a la existencia de un Ley Electoral injusta y
desequilibrante por sus cuatro costados). Así, el 7 de julio de 1992 se
realizó la primera reforma constitucional (artículo 13.2) con el
respaldo de todos los grupos parlamentarios, para añadir el derecho al
sufragio pasivo (derecho a ser elegido) al ya existente sufragio activo
(derecho a elegir) de los extranjeros en elecciones municipales. No hubo
referéndum al no solicitarlo el 10% de diputados o senadores (art.
167.3). En resumidas cuentas, la Constitución puede ser reformada,
cambiada, derogada y renovada.
Asimismo, el 23 de agosto de 2011
PP, PSOE y UPN (90% de los senadores y diputados) acordaron en unas
horas y con nocturnidad la reforma del articulo 135 de la Constitución,
bajo la presión inapelable y el dictado de la Troika del mundo rico
europeo y mundial. Tras la reforma de dicho artículo, el montante del
conjunto de la deuda pública no puede superar el 60% de PIB y según el
principio implantado de "estabilidad presupuestaria" queda fijado un
techo máximo de déficit estructural para las comunidades autónomas y el
Estado, concretado en una Ley Orgánica que nunca podrá contravenir el
techo previamente marcado por Bruselas. El resto de los grupos políticos
protestaron por haberse perpetrado así esta reforma constitucional,
pero todo fue en vano: quedaba con ello patente quién manda realmente en
España y que nuestros gobernantes tienen actualmente más el carácter de
gestores de las "órdenes procedentes de arriba" que de dirigentes de un
país.
De igual forma, el conjunto de los senadores y los
diputados del PP y PSOE mantuvieron cerrada la boca y tampoco se celebró
un referéndum, entre otras cosas porque, de haberlo celebrado, la
ciudadanía hubiese sido consciente del desastre que se le venía encima
en el ámbito social y económico.
Sería muy prolijo presentar las
fatales consecuencias que la reforma del artículo 135 ha acarreado a la
ciudadanía española, pues, como dice el profesor Vicenç Navarro,
los recortes indiscriminados del gasto imposibilitan corregir el enorme
retraso de gasto público social de nuestro país (35 años después de
iniciarse la denominada "democracia", España tiene el gasto público
social por habitante más bajo de la UE-15, junto con Portugal). Pero, al
parecer, para PSOE y PP era más relevante garantizar el pago de la
deuda a los países y entidades financieras ricas que el bienestar de la
ciudadanía.
No pocas personas nacidas en España tienen un
buen chichón en la cabeza por habérseles caído encima la bandera de
21x14 metros y 40 kilos de peso que puso Aznar en la madrileña Plaza de Colón. En su nombre, bajo la mirada vigilante de don Pelayo y Felipe II,
las Fuerzas Armadas garantizan "la soberanía e independencia de España"
(art. 8) y "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles" (art. 2). Y si alguien se opone,
viene Fernández Díaz y su Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, y sanseacabó.
DdA, X/2.572
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