LA CONSTITUCIÓN Y LOS PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA

Julián Casanova

En los últimos años del franquismo, la Iglesia católica española descubrió que sus intereses podían estar mejor protegidos bajo un una democracia que mediante una dictadura que manifestaba ya importantes síntomas de crisis. Para una buena parte de su jerarquía, se trataba de reformar lo necesario pero preservando al mismo tiempo los enormes privilegios que su colaboración con la dictadura de Franco le había proporcionado.

Cuando murió el “invicto Caudillo”, así lo llamaron, el 20 de noviembre de 1975, la Iglesia católica española ya no era el bloque monolítico que había apoyado la Cruzada y la venganza sangrienta de la posguerra. Pero el legado que le quedaba de esa época dorada de privilegios era, no obstante, impresionante en la educación, en los aparatos de propaganda y en los medios de comunicación. Lo que hizo la Iglesia en los últimos años del franquismo fue prepararse para la reforma política y la transición a la democracia que se avecinaba. Antes de morir Franco, la jerarquía eclesiástica había elaborado, según Callahan, “una estrategia basada en el fin de la confesionalidad oficial, la protección de las finanzas de la Iglesia y de sus derechos en materia de educación y el reconocimiento de la influencia de la Iglesia en las cuestiones de orden moral”.

La Constitución de 1978 pudo decretar el fin de la confesionalidad oficial, la influencia de la Iglesia en las cuestiones de orden moral cedió terreno, por la lógica secularización de la sociedad, pero la transición y la democracia le dieron a la Iglesia católica un trato exquisito en la protección de sus finanzas y sobre todo en materia de educación.

Eso no se manifiesta tanto en la enseñanza de la religión en todas las leyes educativas –una materia en la que la Iglesia siempre ha presionado para no perder terreno- como en los conciertos educativos, que han sido responsables directos, por los miles de millones que han costado, de que no se pudiera construir una enseñanza publica con más medios y de más calidad. Los hijos de quienes pueden , o deberían, en teoría pagar colegios privados –si así lo eligieran- han acudido a las escuelas concertadas –concebidas algunas de ellas para las elites y otras con deseo de emularlas - de forma gratuita. Y eso lo han apoyado un buen número de padres, de las llamadas clases medias, que, aunque la religión les importaba poco, y no son ni religiosos ni practicantes, se han acogido a ese chollo en perjuicio de los colegios públicos. 

Ahora, con la crisis, los recortes y la nueva ley Wert, ese desequilibrio sale a la superficie con toda su crudeza. Pero ese tema está fuera del debate y la gente sigue desviando la atención con los informes PISA y la asignatura de religión o sus alternativas.

DdA, X/2.560