Julián Casanova
A
la Iglesia católica española le gusta recordar lo mucho que perdió y
sufrió durante la guerra civil. Como el Partido Popular no puede
oficialmente rendir culto a las víctimas de los rojos y el Ejercito,
afortunadamente, está ahora para otros menesteres, la Iglesia católica
española continúa siendo la única institución que, ya en pleno siglo
XXI, mantiene viva la memoria de los vencedores de la guerra. Repasemos
la historia y volvamos después a la actualidad.
El 1 de julio de 1937 la jerarquía de la Iglesia católica española
selló oficialmente el pacto de sangre con la causa del general Franco.
Ese día vio la luz la “Carta de los Obispos españoles a los de todo el
mundo con motivo de la Guerra de España”. Redactada, a petición de
Franco, por el cardenal Isidro Gomá, la apoyaron con su firma todos los
obispos españoles, menos Mateo Múgica y Francesc Vidal i Barraquer, que
se encontraban en ese momento en Italia. Múgica, obispo de Vitoria,
había sido expulsado de su diócesis unos meses antes por la Junta de
Defensa de Burgos por haber “amparado con excesiva transigencia a los
sacerdotes nacionalistas” y excusó su firma alegando precisamente que no
estaba en su puesto. Vidal i Barraquer, arzobispo de Tarragona, que
había podido escapar de la violencia anticlerical del verano de 1936, le
dijo a Gomá que ese documento colectivo podría servir de pretexto “para
nuevas represalias y violencias” y para “colorear las ya cometidas” y
que además le molestaba, en clara alusión a Franco, “aceptar sugerencias
de personas extrañas a la Jerarquía en asuntos de su incumbencia”.
Nada nuevo, desde el punto de vista doctrinal, había en esa “Carta”
que no hubiera sido ya dicho por obispos, sacerdotes y religiosos en los
doce meses que habían pasado desde la sublevación militar. Pero la
resonancia internacional fue tan grande, editada inmediatamente en
francés, italiano e inglés, que muchos aceptaron para siempre la versión
maniquea y manipuladora que la Iglesia transmitió de la guerra, del
“plebiscito armado”: que el “Movimiento Nacional” encarnaba las virtudes
de la mejor tradición cristina y el Gobierno republicano todos los
vicios inherentes al comunismo ruso.
Además de insistir en el bulo de que el “alzamiento militar” había
frenado una revolución comunista planeada a fecha fija y de ofrecer la
típica apología del orden, tranquilidad y justicia que reinaban en el
territorio “nacional”, los obispos incorporaban un asunto de capital
importancia, que todavía hoy es la posición oficial de la jerarquía: la
Iglesia fue “víctima inocente, pacífica, indefensa” de esa guerra y
“antes de perecer totalmente en manos del comunismo”, apoyó la causa que
garantizaba “los principios fundamentales de la sociedad”. La Iglesia
era “bienhechora del pueblo” y no “agresora”. Los agresores eran los
otros, los que habían provocado esa revolución “comunista”,
“antiespañola” y “anticristiana”.
La “Carta colectiva” consiguió la adhesión de los episcopados de
treinta y dos países y de unos novecientos obispos. El respaldo sin
contemplaciones al bando rebelde sirvió de argumento definitivo para los
católicos y gentes de orden del mundo entero. Fundamentalmente porque
iba acompañado de un descarado silencio acerca de la violencia
exterminadora que los militares habían puesto en marcha desde el primer
momento de la sublevación. La “Carta” demonizaba al enemigo, al que sólo
movía la voluntad de persecución religiosa, y codificaba
definitivamente el apadrinamiento de la guerra como cruzada santa y
justa contra la disgregación patriótico-religiosa emprendida por la
República.
Franco y la Iglesia católica salieron notablemente reforzados. La
conversión de la guerra en un conflicto puramente religioso, en el que
quedaban al margen los aspectos políticos y sociales, justificó la
violencia ya consumada y legitimó a Franco para seguir matando. El
entonces director de Propaganda del bando franquista, Javier Conde, le
transmitió al jesuita Constantino Bayle, hombre de confianza de Gomá, lo
satisfechos que estaban en los círculos políticos y militares con aquel
milagroso documento: “Diga Ud. Al Señor Cardenal que se lo digo yo,
práctico en estos menesteres: que más ha logrado él con la “Carta
colectiva” que los demás con todos nuestros afanes”.
El ritual y la mitología montados en torno a esos mártires le dio a
la Iglesia todavía más poder y presencia entre quienes iban a ser los
vencedores de la guerra, anuló cualquier atisbo de sensibilidad hacia
los vencidos y atizó las pasiones vengativas del clero, que no cesaron
durante largos años.
El decreto de la Jefatura de Estado del 16 de noviembre de 1938
proclamaba “día de luto” nacional el 20 de noviembre de cada año, en
memoria del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera ese día de
noviembre de 1936, y establecía, “previo acuerdo con las autoridades
eclesiásticas”, que “en los muros de cada parroquia figurara una
inscripción que contenga los nombre de sus Caídos, ya en la presente
Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista”.
Tal fue el origen de la colocación en las iglesias de placas
conmemorativa de los “caídos”. Y aunque no aparecía así en el decreto,
todas esas inscripciones acabaron encabezadas con el nombre de José
Antonio, sagrada fusión de los muertos por causa política y religiosa,
“mártires de la Cruzada” todos ellos. Los otros muertos, los miles y
miles de rojos e infieles asesinados, no existían, porque no se les
registraba o se falseaba la causa de la muerte, asunto en el que los
obispos y curas tuvieron una responsabilidad destacadísima.
Acabada la guerra, los vencedores ajustaron cuentas con los vencidos,
recordándoles durante décadas los efectos devastadores de la matanza
del clero y de la destrucción de lo sagrado, mientras se pasaba un
tupido velo por la “limpieza” que en nombre de ese mismo Dios habían
emprendido y seguían llevando a cabo gentes piadosas y de bien.
Obispos y sacerdotes celebraron durante mucho tiempo actos religiosos
y ceremonias fúnebres en memoria de los mártires. Bajo aquellos “días
luminosos” de la paz de Franco, sus restos fueron exhumados y
trasladados en cortejos que recorrían con gran solemnidad numerosos
pueblos y ciudades, desde los cementerios y lugares de martirio a las
capillas e iglesias elegidas para el descanso eterno de sus restos.
La Iglesia católica española quiso, no obstante, perpetuar la memoria
de sus mártires con algo más que ceremonias fúnebres y monumentos y
reclamó, apoyada por los dirigentes franquistas, su beatificación, un
camino que tardó casi cuatro décadas en recorrerse y que,
paradójicamente, empezó a encontrar frutos varios años después de muerto
Franco, con la democracia ya implantada en la sociedad española. Pío
XII se había opuesto a una beatificación indiscriminada y masiva de
miles de “caídos por Dios y por España” y una actitud similar adoptaron
sus sucesores Juan XXIII y Pablo VI, quien ordenó incluso la
paralización de los procesos canónicos que desde el final de la guerra
estaban llegando al Vaticano.
Las cosas cambiaron con Juan Pablo II. En marzo de 1982 comunicó a
los obispos españoles que iba a impulsar la beatificación de los
mártires de la persecución religiosa en España. El 29 de marzo de 1987
beatificó a tres monjas carmelitas de Guadalajara, asesinadas el 24 de
julio de 1936. Fueron las primeras beatificaciones de mártires de la
cruzada. A partir de ese momento, se aceleró la conclusión de procesos
anteriormente paralizados y se abrieron otros muchos.
A la jerarquía eclesiástica española, sin embargo, los mil
beatificados desde entonces le parecen pocos y reclaman que sean
elevados a los altares muchísimos más: los cerca de siete mil
eclesiásticos “martirizados” y unos tres mil seglares de ambos sexos,
militantes de Acción Católica y de otras asociaciones confesionales, a
quienes se quiere aplicar la misma categoría. La Iglesia católica
española tendrá este domingo, 13 de octubre de 2013, 522 nuevos
“mártires de la fe”, en una ceremonia de beatificación masiva que la
Conferencia Episcopal ha preparado con todo detalle.
Nada ni nadie le impide a la Iglesia católica recordar y honrar a sus
mártires. Pero con esas ceremonias de beatificación, la Iglesia
católica sigue humillando a los familiares de los decenas de miles de
asesinados por los franquistas, quienes todavía no han encontrado la
reparación moral ni el reconocimiento jurídico y político después de
tantos años de vergonzosa marginación. A la jerarquía de la Iglesia
católica no le gustó la Ley de Memoria Histórica ni tampoco quiso que un
parlamento democrático aprobara un reconocimiento público y solemne a
las víctimas del franquismo. Prefiere su memoria, la de sus mártires, la
que sigue reservando el honor para unos y el silencio y la humillación
para otros. Como hizo siempre la dictadura de Franco.
DdA, X/2.509
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