Un documento del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas pide al Estado español que coopere con la Justicia argentina en la única causa abierta por crímenes del franquismo.Víctimas y querellantes presentaron el caso contra el franquismo en Buenos Aires.
Además
de asumir su responsabilidad, el gobierno de Mariano Rajoy debe implementar un
plan nacional de búsqueda de de-saparecidos, derogar la Ley de Amnistía, legislada en
1977, y juzgar las desapariciones forzadas de la dictadura de Francisco Franco.
Son algunas de las sugerencias volcadas en un documento que el Grupo de Trabajo
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas elaboró
durante una visita a España que culminó ayer. Los especialistas también
pidieron al Estado español que coopere con la Justicia argentina en la
única causa abierta por crímenes del franquismo. Las recomendaciones del grupo
de la ONU surgen
luego de constatar la “situación de impunidad” de funcionarios civiles,
judiciales y de las fuerzas de seguridad que cometieron delitos de lesa
humanidad en el país ibérico y aún no fueron juzgados.
Luego
de reunirse con autoridades y asociaciones de víctimas del franquismo, los
expertos señalaron la necesidad de establecer, en la Justicia española, la
imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la
prescripción sólo puede comenzar a computarse a partir del cese de la
desaparición forzada. Creado por la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, este grupo señaló que
resulta esencial que el Estado actúe “con la debida urgencia y celeridad” en
materia de desapariciones forzadas.
Sobre
el marco legislativo, los especialistas de la ONU consideraron que España debe ratificar la Convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad. En este sentido, instaron al Estado a formar a jueces y fiscales en la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas y otros instrumentos de justicia
internacional.
En
materia de verdad y memoria, el grupo de trabajo consideró que la creación de
una entidad estatal, con pleno apoyo institucional, encargada de ocuparse de
todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, que incluya el
establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre desapariciones,
es imprescindible. Su objetivo: reagrupar la información generada por distintas
asociaciones de memoria histórica y grupos de investigación.
Asimismo,
el grupo de trabajo recomienda que la base de datos elaborada por el Juzgado de
Instrucción Penal Nº 5, con información sobre más de 114.000 victimas del
franquismo, debería estar a disposición del público en forma inmediata. España,
desde la perspectiva de los relatores de la ONU, debería fomentar la adopción de un plan
nacional de búsqueda de personas de-saparecidas, la coordinación de las
actividades de exhumación e identificación y actualización de los mapas de
fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. El Estado español,
reza el texto, debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa
y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la
suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra
civil y la dictadura.
En
diálogo con Página/12, Ana Messuti,
miembro del equipo de abogados que patrocina a las víctimas del franquismo,
resaltó la importancia que el grupo de la ONU asigna a la lucha contra la impunidad. “Su
apoyo a la querella argentina se observa claramente cuando se refiere a la
situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la
dictadura”, señaló la letrada, desde Madrid. Carlos Slepoy y la abogada se reunieron
con el grupo de trabajo el lunes de la semana pasada durante una hora y media.
“Hablamos de la dificultad con la que tropiezan las víctimas al reunir la
documentación probatoria necesaria: archivos inaccesibles, documentos
modificados (muchas veces se ve claramente que han suprimido datos)”, enumera
Messuti.
También
señala que los especialistas se refieren a esa dificultad en sus
recomendaciones, al mencionar la resistencia a desclasificar ciertos documentos
y las barreras que deben sortear las víctimas para consultar información. Este
informe es preliminar. El documento final será presentado en 2014 ante el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU. España está ante una posibilidad única:
juzgar los crímenes del franquismo en ese país y saldar una deuda con su
pueblo.
Foto: Franco en el balcón del Palacio de los Golfines de Cáceres, donde sería aclamado por primera vez por sus segudiores como Generalísmo en el otoño de 1936.
Foto: Franco en el balcón del Palacio de los Golfines de Cáceres, donde sería aclamado por primera vez por sus segudiores como Generalísmo en el otoño de 1936.
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