Juan Carlos Escudier
El lío de las fincas de la infanta que no eran de la infanta ha dado
pie a toda suerte de conjeturas sobre el beneficiario último del error.
¿Qué se pretendía desde Hacienda con el envío al juez de una relación
falsa de compra-ventas de terrenos de los que la hija del Rey era la
supuesta propietaria? ¿Había una mano negra en la Agencia Tributaria que
pretendía acelerar la proclamación de la República? ¿Se quería
desprestigiar al magistrado y sembrar la semilla de una posterior
anulación de la causa? ¿Estábamos ante la venganza de algún funcionario
que se ha quedado sin la paga extra?
Tras días de sesudas reflexiones no hubo consenso, ya que para que
toda conspiración pueda construirse ha de quedar claro quién sale
ganando, y aquí el cui prodest latino sigue sin tener respuesta.
En esas estábamos cuando, por fin ayer, salió Montoro a la palestra para
explicar con su verbo fácil que aún no tenía ninguna explicación que
darnos. De lo que dijo, no obstante, se dedujo algo más terrible
todavía. Según el relato del titular de Hacienda, el error inicial tuvo que
producirse forzosamente en la carga de datos de la Agencia Tributaria.
Es decir, allá por el año 2005 se introdujo en Rita, el Gran Hermano que
nos vigila, las operaciones según las cuales la hija del Rey habría
obtenido 1,4 millones de unas ventas que nunca se efectuaron.
Ahora bien, supongamos que Hacienda tiene constancia de que usted ha
vendido una propiedad que no ha declarado porque ni la propiedad es suya
ni ha podido transmitir algo que nunca le ha pertenecido. ¿Qué haría
entonces Rita con cualquier contribuyente con un DNI de más de dos
dígitos? Pues lanzar automáticamente una paralela y darle un plazo para
que se presentara en su delegación de la Agencia Tributaria para
retratarle de frente y de perfil, y ya de paso escupir la liquidación
con la multa correspondiente.
Con Hacienda y sus funcionarios las cosas no son sencillas pero lo
más probable es que el afectado lograra desfacer el entuerto, tras
demostrar que las únicas tierras que posee están en las macetas de los
geranios. No sería posible en definitiva que ocho años después las
supuestas transmisiones patrimoniales formaran parte de una informe que
se remite a un juzgado.
Es obvio, en consecuencia, que la infanta no pudo aclarar en su
momento que no tenía finca alguna en Alicante, Ciudad Real y Barcelona y
que, por tanto, no pudo venderlas. Nadie la requirió información,
ningún ordenador lanzó una paralela, nadie investigó las operaciones. En
resumen, el Fisco no actuó contra la poseedora del DNI número14Z cuando
según los datos que obraban en su poder debía haberlo hecho. En la
medida en que los procedimientos tributarios están automatizados, cabe
suponer por tanto que Hacienda somos todos menos algunos. He aquí el
verdadero escándalo de las fincas de la infanta que no son de la
infanta.
Se entiende ahora mejor la total comprensión hacia el error mostrado
por Miquel Roca, el abogado de la hija del Rey, y su renuncia a
emprender acciones judiciales por el daño causado a la honorabilidad de
su cliente. Se entiende además por qué Montoro ha tardado cuatro días en
comparecer para decirnos que un día de éstos le detallarán lo que ha
pasado y que, cuando lo hagan, seremos los primeros en enterarnos. Lo
que no se comprende es que todavía no hay dimitido nadie, aunque
conociendo este país y a este Gobierno eso es lo que mejor se entiende.
DdA, X/2.414
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