Leo el artículo 27-5 de la Constitución vigente y no puedo por menos de sentirme reconfortado como padre, pues mi hija puede abonar hoy las correspondiente tasas (en torno a 150 euros) para presentarse a las pruebas de Selectividad y poder ingresar en su día en la Universidad para cursar los estudios que vocacionalmente le interesan, esos que le darán, entre otras cosas, la posibilidad de sentirse útil personal y socialmente." Los poderes públicos -dice ese artículo- garantizan el derecho de todos a
la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con
participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de
centros docentes". Pero lo que está ocurriendo en España, cada vez con más frecuencia y hasta un punto que debería en verdad alarmarnos a todos con algo más que lamentos digitales, es lo que el diario Heraldo de Aragón reflejaba hace unos días: que una familia no pueda abonar esos 150 euros porque no dispone de esa cantidad para tal fin. La Universidad vuelve a estar otra vez al solo alcance de los potentados o los más favorecidos salarialmente y contra ese privilegio deben emplearse todos los recursos de protesta y resistencia pacíficas que un ciudadano libre tiene en un país democrático, o hacerse a la idea de que no vive en un país democrático, en cuyo caso la resistencia y la protesta debe englobar al sistema que ha hecho degenerar hasta tal punto los derechos democráticos que ahora solo nominalmente la Constitución establece.
2 comentarios:
Gobierno y obispos nos llevan hacia atrás. Sin reacción estamos a merced suya.
Son los jóvenes desempleados y los jóvenes que no pueden acceder a la universidad por falta de medios los que deben movilizarse para luchar contra esta situación.
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