Antonio Aramayona
A inicios de los años 60, se estrenó con gran éxito internacional (dos Oscar y once nominaciones) la película de Stanley Kramer ¿Vencedores o Vencidos? (Judgment at Nuremberg).
Como muchos sabrán, la película narra el proceso a cuatro jueces, en el
contexto histórico del juicio de Nuremberg, por algunas sentencias de
esterilización y pena de muerte dictadas contra algunas personas a las
que se aplicaron las leyes nazis de depuración de la raza aria y
exterminio de judíos, comunistas y personas con taras físicas o
mentales. La película plantea si un juez es inocente si se limita a
aplicar las leyes vigentes en el Estado, pero también deja flotando en
el aire la cuestión de si un ciudadano cumple con su deber si se limita a
cumplir las leyes existentes en su país, con independencia de que en
conciencia esté más o menos de acuerdo con ellas; en otras palabras, al
espectador de la película se le plantea la cuestión ética de su
responsabilidad personal y social como ciudadano ante lo que considera
injusto, así como el valor incondicional de los derechos humanos.
Las leyes no llueven del cielo, sino que son producto y reflejo de la
voluntad popular mediante asambleas representativas o de la voluntad más
o menos arbitraria del déspota. Tienden a regular la dinámica de un
país, de las personas y los grupos que lo integran en sus distintos
ámbitos (social, económico, cultural, seguridad, ocio, consumo, etc.),
pero pocas veces puede decirse que una ley es estrictamente ecuánime,
democrática y justa mientras principalmente sea el reflejo y esté al
servicio de los intereses de la clase dominante. Así, por ejemplo, la
Ley Hipotecaria de 1946 que regula el mercado hipotecario en España,
modificada en parte en 2007, busca primordialmente garantizar a las
entidades financieras la patente de corso y la parte del león en
cualesquiera circunstancias.
Puede ser legal, pero también de
ética dudosa que banqueros y altos empresarios reciban indemnizaciones y
pensiones hipermillonarias, mientras más de dos millones de parados de
larga duración no cobran ningún subsidio de desempleo. O que Defensa
reclame entre 800 y 1.000 millones más al año para pagar sus deudas en
la compra de un armamento tan sofisticado como inútil (entre 23.000 y
36.000 millones de deuda) a la vez que quedan recortados gastos
fundamentales en educación, sanidad y otros servicios sociales. O que,
entre un millón de casos más, los ministros Pedro Morenés y Luis de Guindos provengan de puestos directivos en empresas directamente relacionadas con sus carteras, o que Felipe González, José Mª Aznar, Pedro Solbes o Elena Salgado
ocupen puestos como directivos, asesores o miembros de consejos de
administración de empresas directamente vinculadas con intereses
nacionales básicos y con importantes decisiones adoptadas durante sus
respectivos gobiernos. Y así, hasta el infinito.
Es todo muy
legal pero no hace falta ir a Dinamarca para percibir cierto olor a
podrido. La ciudadanía no debe quedar impasible ante tanto desmán
presuntamente legal, pues en muchos casos la legalidad está al servicio
de un sistema de intereses del poder económico y financiero, y de un
sistema de recompensas a los lacayos que han servido pronto y bien a sus
señores. Mediante la tapadera de una crisis que en realidad es una
simple y nuda estafa, se está perpetrando un linchamiento de los
derechos y las libertades de la ciudadanía conducente a un sistema donde
una minoría, cada vez más rica y poderosa, impone su legalidad (= su
instrumento de defensa y acaparamiento de poder y de dinero) en
detrimento de la inmensa mayoría de la población.
Las leyes deben
sustentarse y estar basadas en la defensa y el fomento de las
libertades y los derechos humanos universales fundamentales. Una ley se
acerca a su ilegitimidad en la medida que se aleja de su única razón de
existir: las libertades fundamentales y los derechos humanos universales
(vivienda, trabajo, salud, educación, etc.). Los jueces nazis esterilizaron, condenaron y condujeron a campos de concentración y
cámara de gas en nombre de la legalidad vigente. Hoy es posible,
incluso imprescindible, que la ciudadanía se cuestione si, salvatis salvandis,
debe desembarazarse de su pasividad y su silencio, para emprender un
camino de compromiso y resistencia frente al poder instituido y algunas
de sus leyes, palmariamente injustas y lesivas.
El poder lo sabe y
ordena a sus lacayos gobernantes tomar medidas coercitivas con la
ciudadanía indignada. Esto explica que se parapeten hoy con
instrucciones precisas y medios contundentes tras las "fuerzas del
orden" (= su orden), las "fuerzas de seguridad" (= aseguradoras de su
sistema), el "brazo armado de la ley" (= un sistema legal,
fundamentalmente reflejo y garantía de los intereses del poder económico
español, europeo y mundial). Arrecia así la lluvia de multas,
sanciones, juicios, identificaciones y represiones que pretenden
disuadir a la gente, cada vez mayor en su indignación y en número,
mediante el temor a que sufran aún mayor quebranto sus bolsillos y sus
derechos
*Artículo publicado también hoy en El Periódico de Aragón.
*Artículo publicado también hoy en El Periódico de Aragón.
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