Antonio Aramayona
Muchos
ciudadanos y ciudadanas llevamos preguntándonos desde hace tiempo por qué
algunos partidos políticos suelen estar tan calladitos y apenas se salen de su
cauce. Al mismo tiempo, nos vamos enterando de algunos de los préstamos que
bancos y cajas les han ido concediendo, de las bondadosas negociaciones sobre
tales préstamos ante posibles impagos (las pólizas pueden quedar “olvidadas
en un cajón”, cosa que ni por asomo ocurre en el caso de los desahucios de
muchos ciudadanos y ciudadanas de a pie), y
de las subsiguientes condonaciones de esos préstamos a los partidos. Y como
nada suele darse o recibirse gratis, seguimos preguntándonos qué han estado
recibiendo a cambio esas entidades financieras.
Ya
sabemos desde hace tiempo que los verdaderos gobernantes, más o menos en la
sombra, son las
grandes empresas y lobbies financieros del mundo, de tal forma que no pocos
parlamentarios y gobernantes elegidos en las urnas tienen a menudo aparcados
sus principios, valores e ideas políticas, para convertirse en meros gestores y
administradores al servicio de los mercados financieros. Así, seguramente las
políticas económicas y sociales del Gobierno de Rajoy, como las anteriores del
último Rodríguez Zapatero, no son productos de algún programa o proyecto
propio, sino de los dictados de los grandes poderes económicos del mundo. De
hecho, no es casual que, según datos de ATTAC España, entre 2008 y 2011 la
Comisión Europea aprobara 4,5 billones de euros en ayudas estatales a los
bancos o que en 2011 los beneficios de la banca mundial aumentaran más que en
los cinco años precedentes, bajo el principio de especular, privatizar
beneficios y socializar pérdidas.
Pues bien, en este mismo contexto, no es de extrañar que ya
el informe del Tribunal de Cuentas publicado en 2002 informara de que las
condonaciones de la banca a los partidos desde 1993 a 2002 ascendían a 25,4
millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a
2007 revelara que los partidos debían a
los bancos 226,7 millones de euros: PSOE
(59,7 millones), PP (59,2), PNV (17,1), CiU (15,9), IU (15), UDC (12), PSC
(10,3), etc.
Como,
de hecho, la situación era hasta 2007 alegal, parieron la ley 8/2007 sobre
financiación de los partidos políticos (cocinada y concertada, claro está,
entre ellos), que limitaba las condonaciones de los bancos a los partidos a
100.000 euros anuales, por lo que no deja de ser un misterio cómo iban a poder
devolver así los partidos políticos esos
préstamos. Precisamente por ello, convinieron la Ley Orgánica 5/2012, que
reformaba la anterior y otorgaba a las partes el derecho de condonar deudas
bancarias. Es decir, todo un fulero modo más de volver a sacar el mismo conejo
de la misma chistera.
Parece
lógico deducir, pues, la enorme dependencia de buena parte de los partidos
políticos (salvo las excepciones que sería magnífico conocer) respecto de los
bancos, pues de no poder refinanciar o llegar a condonar los préstamos ya
adquiridos difícilmente podrían supervivir. ¿Alguno de los partidos políticos
deudores ha pagado su deuda como cualquier ciudadano? ¿Por qué el PP lanza solo
botes de humo en el caso Gürtel o de Bárcenas o de los sobres y sobresueldos
para sus dirigentes, aun en contra de la ley? ¿Por qué la tibieza flagrante del
PSOE a este respecto? ¿Está poniendo ya
sus barbas a remojar? A su vez, la banca
está en condiciones de ejercer una decisiva influencia sobre tales partidos,
que seguramente redunda en su propio beneficio y está en consonancia con sus
propios intereses. ¿Por qué no ha habido hasta ahora un solo movimiento
tendente a regular, controlar y someter al poder financiero español a una
política impositiva y fiscal justa por parte de los dos partidos que han ido
repartiéndose el gobierno desde 1982 hasta hoy?
No hace
falta acudir solo a Naseiro, Correa, Gürtel, Filesa, Bárcenas, Millet, Palau de
la Música o La Muela para percibir el fuerte hedor proveniente de la
financiación ilegal de algunos partidos. La banca debe de tenerlos fuertemente agarrados de los cataplines y los
sucesivos Gobiernos se cuidan muy mucho de contrariar los intereses financieros
de la banca en el caso, por ejemplo, de las reivindicaciones de la ILP de la
PAH sobre desahucios o de una cierta regulación impositiva y control de sus operaciones
financieras o especulativas. Como botón de muestra y síntoma de esta
servidumbre de un partido político hacia la banca, el último consejo de
ministros del gobierno socialista indultó a Alfredo Sáenz, consejero delegado
del Santander, y en contra de la recomendación del Tribunal Supremo. La
reciente renuncia de Sáenz no deja de ser hojarasca y anécdota en toda este
zoco de intereses.
El
modelo neoliberal de mundo, de sociedad y de convivencia pretende controlar en
su propio beneficio a las personas, las estructuras y los engranajes del
sistema de vida donde nos hemos movido hasta ahora. Es un modelo que todo lo
impregna y que quiere mutar todo a su imagen y semejanza, y los poderes
económicos y financieros mundiales, europeos y españoles constituyen uno de los
factores más importantes en esa pretendida mutación. Pues bien, poco y mal
pueden oponerse a ello ciertos partidos políticos, mientras siga uniéndoles al
poder financiero el vínculo de deudor-acreedor. En cualquier caso, tales
partidos políticos deberían ser al menos conscientes de que su tibia y quizá
obligada postura frente a no pocos abusos y presiones de la banca redundan
directamente en el malestar más elemental de la ciudadanía.
DdA, X/2382
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