La entidad financiera con mayor índice de desahucios en Aragón es la
Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), fundada en 1905 por Acción Social Católica
de Zaragoza con el nombre de Caja de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada
Concepción.
A su vez, Acción Social Católica (en
adelante, ASC), ciñéndonos a lo que puede leerse en el sitio web de esta
entidad, “es la entidad fundadora de la CAI” y “una entidad que depende
jerárquicamente de la Iglesia Católica. Es por tanto una ONG de la iglesia
formada por seglares cuyas actividades se inspiran en la Doctrina Social de la
Iglesia Católica”.
Según esto, por lo que parece la
entidad financiera con mayor índice de
desahucios en Aragón es una ONG y depende directamente de la Iglesia Católica. Denominar,
a estas alturas, ONG a la CAI puede herir la sensibilidad de no pocas personas,
principalmente damnificadas por algunas de sus medidas hipotecarias y laborales.
Calificar a ASC de “católica” es una cuestión que tendrán que resolver los
católicos y el consejo de administración de la entidad. Pretender decir hoy de
la CAI que su acción es “!social” suena ciertamente algo sarcástico.
CAI acordó agruparse en 2010 con
Caja Círculo de Burgos (entidad financiera también de la iglesia católica, cuyo
nombre completo es Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de
Burgos
) y con Monte de
Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz (Caja de Badajoz), según el modelo
de Sistema Institucional de Protección (SIP). Desde entonces, el nombre oficial
global es Caja³. En noviembre de 2012 Caja³ acordó, a su vez, su integración
en Ibercaja.
En este proceso de metamorfosis
institucional, la entidad financiera de la Iglesia Católica CAI ha ido
planteando expedientes de regulación de empleo, que por ejemplo incluyen 592
despidos y el cierre de 187 oficinas, propuesta actualmente en revisión.
Eso no es óbice para que el Banco de
España haya señalado que Caja³ debe
reducir, entre otras muchas cosas, la remuneración de tres de sus consejeros no
ejecutivos y de su máximo directivo, además de revisar las indemnizaciones
pactadas de 13 directivos (uno de Burgos, otro de Caja Badajoz y once de la
CAI). Según diario.es, en la actualidad, solo un consejero recibe más de
500.000 euros y tres miembros no ejecutivos reciben importes superiores a
100.000 euros. La Iglesia Católica debería aclarar si todo ello forma parte del
espíritu fundacional católico de la CAI que, según el web de ASC, está basado
en “las propuestas del Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum”, “las
diferentes Encíclicas y documentos de doctrina social emanados de la iglesia
católica” y “los valores cristianos (…)
a través de acciones de formación, divulgación, denuncia y ayuda a los sectores
y personas más desfavorecidos de nuestra sociedad, así como del tercer y cuarto
mundo”. Desconozco si entre esas personas desfavorecidas está incluida también
la gente desahuciada. Confiemos, pues, en una pronta respuesta de Acción Social
Católica a este respecto.
DdA, IX/2341
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