Elaine Freedman
En noviembre del 2008 la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro para la Justicia y la Responsabilidad de Estados Unidos demandaron a 14 militares salvadoreños y al ex-Presidente Alfredo Cristiani, actual presidente del partido ARENA, ante el Juez Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional española por «crímenes de guerra, encubrimiento de crímenes de guerra y terrorismo de Estado». Están acusados por el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos españoles) y dos de sus empleadas en una operación de asalto del batallón contrainsurgente Atlacatl.
Ignacio Ellacuría.A lo largo de los años y de los cientos de testimonios recogidos sobre el caso, se han ido revelando los detalles de cómo se cometió el crimen. Que al entrar al Centro Pastoral Monseñor Romero dispararon, simbólicamente, a una fotografía del arzobispo mártir. Que en algún momento el padre Martín Baro, quien les abrió la puerta de la casa, les dijo: «Esto es una injusticia. Ustedes son carroña». Que Antonio Ávalos mató a los padres Juan Ramón Moreno y Amando López, mientras que Oscar Amaya Grimaldi, Pilijay («verdugo» en náhuatl) disparó contra Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes en el patio de la casa. Que el padre Joaquín López y López salió de su escondite al oír los disparos, vio los cadáveres e inmediatamente se metió en la casa. Que cuando los soldados de fuera le dijeron: «Compa, véngase», el padre hizo caso omiso y el cabo Ángel Pérez Vásquez le disparó. Que, por último, Tomás Zarpate, quien tenía vigilada a Elba Julia Ramos y a Celina, su hija de 16 años, les disparó múltiples veces a las dos, que murieron abrazadas. Que antes de salir del recinto universitario dejaron pintas en las paredes adjudicando el asesinato a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En septiembre de 1991, tras una tremenda presión nacional e internacional, hubo un juicio orquestado, donde se llevó al banquillo a nueve militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides, coordinador del operativo, y el teniente Yussy Mendoza, comandante del grupo criminal. Los otros doce implicados fueron absueltos por estar «obedeciendo órdenes». No fue acusado tampoco ningún superior de Benavides, aunque había evidencia testimonial para enjuiciar a varios. A los dos condenados se les aplicó la amnistía general de 1993 impuesta en el Parlamento por la mayoría derechista.
Seis años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó que El Salvador condujera una investigación «completa, imparcial y efectiva» de acuerdo con los criterios internacionales para identificar, perseguir y sentenciar a todos los responsables de los crímenes.
Lápida en recuerdo de los asesinados. ©Certo Xornal.El primero en la lista era el entonces Presidente Alfredo Cristiani. Le seguían los generales Rafael Humberto Larios, Rene Emilio Ponce —fallecido por causas naturales en mayo de 2011—, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano —residente en Estados Unidos— y Francisco Helena Fuentes; el teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona; los tenientes José Ricardo Espinoza Guerra y Segundo Gonzalo Guevara Cerritos; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, el sargento segundo Tomás Zarpate Castillo y el cabo Ángel Pérez Vásquez. También los soldados Óscar Mariano Amaya Grimaldi —en paradero desconocido— y José Alberto Sierra Ascencio.
Según un cable de la embajada estadounidense, posteriormente difundido por Wikileaks, el ex-canciller de la República y firmante de los acuerdos de paz por el gobierno, Óscar Santamaría y Salvador Samayoa —ex-dirigente del FMLN, también firmante de los acuerdos de paz, quien posteriormente se convirtió en funcionario del gobierno de extrema derecha de Antonio Saca— viajaron a España, donde sostuvieron dos reuniones con los funcionarios españoles Fernando Burgos Pavón, fiscal adjunto de la Audiencia Nacional, y Trinidad Jiménez, entonces secretaria de Estado para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según Santamaría, este viaje se realizó a petición del ex-presidente Cristiani, con un único propósito: sacarlo a él de la lista de imputados. En el mismo período, Enrique Borgo Bustamante, vicepresidente durante la administración, también ultraderechista, de Armando Calderón Sol (1994-1999), se reunió con el mismo fiscal de la Audiencia Nacional. Según relató el cable, sus peticiones y su argumento de que esto afectaría el proceso de reconciliación del país «recibieron palabras de comprensión y apoyo».
Aunque no se supo más de este viaje, las gestiones parecen haber sido efectivas porque, al admitir el caso el 13 de enero de 2009, la Audiencia Nacional de España imputó a 14 ex-militares salvadoreños por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado, dejando fuera a Cristiani. Pesó más lo conversado en esas visitas que el testimonio del entonces Ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios, quien expresó que en una reunión del 15 de noviembre de 1989 —considerada clave en la formulación de la orden de matar a los jesuitas— estas decisiones se consultarían con el Presidente Cristiani y «si hay una contraorden después de consultar con el Señor Presidente se les comunicará». El mismo jefe militar que levantó acta de aquella reunión dejó constancia de que «no hubo contraorden» del presidente.
El pasado 30 de mayo, el juez español Eloy Velasco procesó no sólo a los 14 ex-militares identificados en la querella inicial. Sumó a ellos a Guillermo Benavides y a Yushy Mendoza, los dos amnistiados de 1993, al entonces jefe del Estado Mayor, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, a León Linares, coronel a cargo del Batallón Atlacatl en noviembre de 1989, y a dos miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar y Héctor Ulises Cuenca Ocampo.
El 4 de agosto la INTERPOL activó lo que llama «difusión roja internacional» contra 10 de los 20 procesados en España. La normativa de INTERPOL explica que las notificaciones rojas «se utilizan para solicitar la detención preventiva con miras a la extradición de una persona buscada y se basan en una orden de detención o en una resolución judicial». La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) expresó en un comunicado que «el sector empresarial considera un retroceso para nuestra democracia y la reconciliación alcanzada tras la firma de los acuerdos de paz que se intente perseguir hechos de la guerra que ya fueron juzgados, violentando incluso nuestra misma Constitución de la República al no respetar la amnistía acordada». La Asociación de Veteranos Militares de El Salvador (ASVEM) pidió a la autoridad judicial salvadoreña «impedir la continuidad de la agresión política jurídica emanada de la Audiencia Nacional de España y representada por el juez Eloy Velasco» y alertaron a su membresía para «estar preparados para rechazar esta persecución, que no es más que una nueva ofensiva terrorista apoyada desde el exterior contra la FAES (Fuerza Armada de El Salvador) y el Estado salvadoreño».
Antes de que la Policía Nacional Civil llegara a capturar a los nueve militares requeridos por la INTERPOL, ellos mismos se presentaron en el Batallón Especial de Seguridad Militar (BESM) y advirtieron que no reconocían ni la legalidad ni la legitimidad de la orden de captura internacional. Para los militares, la Corte suprema era el lugar más seguro para resolver su caso. Contaban con antecedentes favorables.
En 2010, cuando la Audiencia Nacional de España solicitó a la Corte Suprema de El Salvador un informe sobre el caso de los jesuitas, la Corte denegó la solicitud argumentando que en el país está prohibido el doble juzgamiento, que los imputados ya habían sido procesados en El Salvador y que existía cosa juzgada en tales casos, que algunos de los procesados habían sido sobreseídos, otros amnistiados y a otros se les habían aplicado los efectos de la prescripción, extinguiéndose todo tipo de responsabilidad penal. Además, adujo que acceder a la cooperación solicitada sería contrario al «interés esencial» del Estado de El Salvador de preservar la paz y la reconciliación nacional. Estos argumentos fueron de poco peso para la Audiencia Nacional de España que había calificado como fraudulentos los juicios realizados en El Salvador, amparándose en la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1999).
Pero los militares «resguardados» podían estar relativamente seguros de que la denegación de colaboración de la Corte Suprema de Justicia con la Audiencia Nacional de España anunciaba, no una deliberación jurídica, sino un apoyo político de la Corte. El 25 de agosto la Corte dictaminó que la orden de la INTERPOL sólo obligaba a buscar y localizar a los extraditables y nada más. Bajo esta lógica, el Estado salvadoreño ya había cumplido su tarea. Así se preparaba el escenario para rechazar la solicitud de extradición que, en algún momento, tendrá que enviar el gobierno español al gobierno salvadoreño. Quedó claro que los militares procesados en España siguen teniendo un respaldo fiero y tenaz en El Salvador. La Corte Supremo dejó establecido que es «el único tribunal competente para resolver sobre las extradiciones como filtro jurídico y político único, supremo e ineludible».
Para nadie es un secreto que el gobierno de Estados Unidos tuvo un papel importante en el asesinato de los jesuitas. Además de haber financiado y entrenado al Batallón Atlacatl que los asesinó, el Estado Mayor contó con la presencia de dos asesores militares estadounidenses que permanecieron en ese centro de mando durante la noche del 15 y la madrugada del 16 de noviembre de 1989 cuando se realizó la criminal operación.
En su testimonio, Alfredo Cristiani menciona el apoyo de dos o tres asesores de Estados Unidos en el Estado Mayor. Además, la DIA, División de Inteligencia del Departamento de Defensa, reconoció que mantiene en secreto documentos con información sobre el caso que no puede entregar para no dañar la seguridad nacional de Estados Unidos. El diario español El Mundo atribuyó al coronel Milton Menjívar, entonces jefe militar de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, el conocimiento de la preparación del asesinato de los jesuitas. Funcionarios estadounidenses podrían ser acusados por lo menos de encubrimiento.
(Crónica Popular)
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