Félix Población
Una vez más, como siempre que se ponen en marcha las campañas electorales, desisto de seguirlas. Apenas me importa lo que puedan decir en sus mítines los partidos mayoritarios llamados a gobernar -en este caso- ayuntamientos y comunidades autónomas. La guerra entre el PSOE y el PP por cosechar ese millón de votos que puede caer de una parte o de otra no me interesa. Es tan vieja como manida.
Tampoco me importa ese afán cada vez más vergonzoso del Partido Socialista por apelar a su izquierdismo, a la vista de su trayectoria, e infundir entre los ciudadanos el miedo a la derecha. Esa derecha debería estar suficientemente devaluada al hacer una vez más del terrorismo y de los supuestos apaños entre el Gobierno y ETA un semillero de votos, a costa ahora de la legalización de Bildu. El frenesí descalificatorio de los políticos de ambos partidos por ganar titulares en los medios me abochorna y me aburre.
El desempleo y la educación son dos problemas muy graves en España. No confío en que ninguno de los dos partidos citados pueda resolverlos. El que está en el Gobierno porque no lo ha hecho y el que aspira a gobernar porque no dice en qué consistiría su programa para hacerlo. Por eso me parece oportuno hablar aquí de una cuestión que vincula ambos problemas: el curso que viene, los centros públicos de enseñanza de nuestro país dispondrán de menos profesores porque el Gobierno así lo ha establecido para controlar el déficit. Solo se autorizará reponer el 30 por ciento de las plazas del personal docente que se jubile o esté de baja laboral.
Estamos a la cola de Europa en materia educativa, por el alto porcentaje del fracaso y abandono escolar, y ahora se va incrementar notablemente el número de alumnos por profesor en los colegios públicos con la consiguiente incidencia negativa que esto comportará, dejando en la cuneta del desempleo, además, a los 200.000 jóvenes que estaban preparando oposiciones para acceder a un puesto de trabajo en esos centros. Estas restricciones, sin embargo, no afectarán a la enseñanza concertada -mayoritariamente vinculada a la Iglesia-, donde sí podrán ser sustituidos los profesores que se jubilen o se den de baja. Esto significa, ni más ni menos, que el dinero de nuestros impuestos que no se le concede a los centros públicos, sí llegará a los concertados, sin repercutir en un mayor número de alumnos por profesor.
Por desempleados y por aspirantes a profesar un oficio que tanto debería importar a nuestros gobernantes, a esos 200.000 jóvenes supongo que no solo les abochornará sino que les indignará seguir la campaña electoral de quienes no han defendido con su gestión la enseñanza pública y se dicen de izquierda, y de quienes se inclinan a privilegiar la privada, con la lideresa Aguirre y su gobierno privatizador de Madrid a la cabeza.
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