martes, 31 de agosto de 2010

OTRA VEZ LA ULTRAIGLESIA GANA AL GOBIERNO


Lazarillo

Nada más confirmar el Presidente del Gobierno que la timorata reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa no se iba a aprobar este trimestre, excusándose en que son muchos los problemas económicos que hay que subsanar, la organización ultracatólica HazteOir consideró a través de su presidente que la paralización de esa ley es un victoria que compete a la suyos por haber emprendido sucesivas y exitosas movilizaciones sociales.

Según Ignacio Arsuaga, la asociación que preside, tan activa en campañas contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la nueva Ley del Aborto, deberá el Gobierno tomar buena nota porque según su particular opinión, propia de quien cifra en su credo la única representación válida de la sociedad española, la sociedad está vigilante y estamos preparados para lanzar una campaña de movilización ciudadana al máximo nivel para detener la que podríamos llamar Ley de Imposición del Laicismo.

Por su parte, la asociación Europa Laica dio a conocer un comunicado en el que deplora la actitud del Gobierno, que no quiere modificar el marco actual de las relaciones entre la iglesia católica y el Estado, manteniendo así los privilegios de que goza esa confesión. Si se tiene en cuenta el que proyecto del texto gubernamental no iba a repercutir más que en la posibilidad de suprimir los símbolos religiosos en los edificios públicos y poco más, la decepción por parte de las asociaciones laicas es mucho mayor.

Traigo a colación las conclusiones aprobadas por la Asociació Cristianisme al Segle XXI hace tres años en relación a la privilegiada mantenencia que el Estado español dispensa a la iglesia católica:

1.- El Concordato de España con la Santa Sede de 1953, ha sido sustituido casi totalmente por el acuerdo de 1976 y los cuatro de 1979, ratificados poco antes de entrar en vigor la Constitución de 1978.
2. -El hecho que esté establecido en la Constitución de 1978 que el Estado, juntamente con la aconfesionalidad y la neutralidad, tiene un deber de colaboración con las confesiones religiosas, especialmente con la católica, no justifica el trato privilegiado otorgado a la Iglesia Católica.
3.- Los acuerdos de 1976 y 1979 perpetúan en gran manera el modelo confesional del Estado.
4.- Los acuerdos de 1976 y 1979 tienen naturaleza de tratado internacional con la Santa Sede (no con el Estado Ciudad del Vaticano), que les sitúa en un rango infraconstitucional pero supralegal. Por tanto, ninguna norma interna puede ser contraria a los acuerdos concordatarios sin estar viciada de nulidad.
5.- Ninguna otra confesión tiene acuerdos internacionales con el Estado, quedando la Iglesia católica en situación de privilegio.
6.- El acuerdo sobre enseñanza supone falta de respeto a la ética cristiana, obligando a una asignatura sustitutoria a los alumnos que no escojan la religión católica.
7.-El acuerdo sobre el régimen religioso de las Fuerzas Armadas bajo la fórmula de un Vicario General Castrense, hace asumir funciones religiosas y de culto a funcionarios públicos.
8.- El modelo de financiación establecido en el acuerdo de 1979 supone, de facto, que todos los españoles estén obligados a la financiación de la Iglesia católica, y por otra parte, se perturba el derecho a no ser obligado a declarar sobre las creencias religiosas
9.- Sería deseable un nuevo acuerdo, negociado y tramitado en condiciones equiparadas a todas las confesiones con suficiente arraigo en el Estado, que corrigiese la derivada confesionalista del actual marco concordatario.

Jesús de Nazareth
-decía ayer el teólogo Juan José Tamayo en un artículo que insertamos en Puntos de Página- fue un judío laico, crítico con el Estado teocrático y las autoridades religiosas legitimadoras del Imperio romano. Lo que pone en marcha no es una iglesia aliada con el poder, sino un movimiento igualitario de hombres y mujeres, cuya traducción histórica es una sociedad justa. Hasta el siglo IV, el cristianismo defendió la más radical separación entre la Iglesia y el Imperio. Los cristianos se negaron a adorar al emperador y no reclamaban privilegios del Estado. Su vida no se distinguía del resto de los ciudadanos, como reconoce la Carta a Diogneto, importante documento cristiano del siglo III. Esta idea es ratificada 17 siglos después por el Concilio Vaticano II (1962-1965), que se muestra partidario de la secularización, entendida como autonomía de las realidades terrenas, y de la separación entre Iglesia y Estado.

¿No va llegando la hora de que los muchos cristianos que creen en los principios que Tamayo expone y documenta se hagan oír en la sociedad española, asomándose a la calle y movilizándose tan activamente como lo hace la ultraiglesia, para hacer más posible el cristianismo al que aspiran y que tan estimulante podría ser para un Gobierno timorato y medroso como el actual, incapaz de aplicar la más mínima reforma que reduzca los privilegios nacionalcatólicos de que disfruta la Iglesia en nuestro país?

1 comentario:

Anónimo dijo...

Es un gobierno sabedor de su derrota y eso afecta a ZP, a sus ministros y a su partido.

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