¿ARMAS A ISRAEL PARA MATAR PALESTINOS?

Félix Población

Un grupo de profesionales muy cualificados por su experiencia y agudeza en el mundo de la información, se han reunido con objeto de formar una cooperativa de la que acaba de salir a la Red un excelente producto: Cuarto Poder. La cabecera se debe a mi estimado amigo Luis Díez, cuya ausencia del diario Público -donde ha venido colaborando desde la fundación del periódico- es de lamentar.

Cuarto Poder daba hace unos días la primicia, ofrecida por una de sus colaboradoras (Mónica G. Prieto), de que los militares israelíes tienen órdenes expresas de matar cuando buscan a palestinos sospechosos de actividades delictivas, en lugar de atenerse a la detención y enjuiciamiento de los mismos. La periodista israelí que facilitó esa información está hoy arrestada en su domicilio, lo que suma a su denuncia de la existencia de escuadrones de la muerte en aquel país un ataque flagrante a la libertad de expresión en aquella democracia.

Pues bien, a lo aportado por Mónica G. Prieto suma hoy en su artículo Luis Díez la exigencia por parte de los diputados de IU-ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, de que la ministra de Defensa, Carme Chacón, detalle el contenido y alcance del acuerdo de cooperación militar suscrito con su homólogo israelí el mes pasado. Herrera quiere saber si ese acuerdo contempla la venta de armas y el intercambio de información que pueda ser usada por los servicios secretos israelíes, ante el largo historial de acciones armadas al margen de la legalidad internacional y en contra del respeto esencial a los derechos humanos por parte del Estado de Israel.

Como casi siempre que afloran a debate los derechos humanos, el nombre del juez Baltasar Garzón, tan de actualidad desde hace semanas por tratar de defenderlos en España y ganarse con ello su próximo destino en el banquillo de los acusados, sale a colación también en la información facilitada por Díez. El periodista nos recuerda que el actual gobierno español cedió a las presiones diplomáticas israelíes luego de que Garzón abriera un proceso al ex ministro de Defensa Ben-Eliezer por la matanza de 14 civiles en Gaza hace ocho años.

Fruto de esa presión, la jurisdicción universal contra los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad quedó restringida a aquellos casos en que las víctimas tuvieran nacionalidad española. La reclamación la hizo el Partido Popular y el PSOE la apoyó sin ningún reparo, siendo modificado con toda urgencia el artículo 23 de la Ley del Poder Judicial.

Rebajado a este punto el campo de acción de la justicia universal en defensa de los derechos humanos, sólo falta saber si el gobierno de Rodríguez Zapatero, a través del nuevo acuerdo de cooperación militar firmado con Israel, puede llegar además a prestar su colaboración de modo indirecto en las acciones armadas o de inteligencia militar que aquel Estado comete y organizaciones como Amnistía Internacional califican como crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Bajo esa sospecha, que la señora Chacón debe despejar cuanto antes, sería de un gran cinismo por parte del Presidente del Gobierno seguir apelando a la alianza de las civilizaciones cada vez que pronuncia un constructivo discurso con orlas dialogantes y pacifistas en los foros internacionales.