Ángel Núñez
(Desde Chile)
Las imágenes en los noticieros en la televisión el domingo en la noche, nos mostraban a Carabineros, la policía chilena, disolviendo tumultos de gente en Concepción, por medio del empleo de carros lanzaagua. No son imágenes nuevas, lo nuevo es que se trataba de personas que buscan alimentos y agua después de 48 horas de ocurrido uno de los terremotos más feroces que haya vivido la humanidad desde que se llevan registros. La misma televisión muestra al ministro de obras públicas informando acerca de lo bien que ha resistido la infraestructura, pero las mismas pantallas nos muestran a miles de personas que necesitan viajar y no encuentran los medios necesarios, pues no salen buses ni aviones hacia la zona afectada. Las imágenes muestran repetidamente puentes destruidos, carreteras cortadas por enormes grietas.
Los marinos chilenos, que se supone que si hay algo de lo cual entienden es de agua y mar, inmediatamente después del terremoto informan que no hay peligro de tsunami. Media hora más tarde, el mar barre las costas de la zona afectada por el sismo. Posteriormente el ministro de defensa da las explicaciones y reconoce oficialmente el grave error diciendo: "La verdad aunque duela. Ayer, una repartición de la Armada cometió un error. Lo que se vio en la costa entre la Sexta y la Novena Región es maremoto aquí y en Burundi". ¿Sabrá el ministro que Burundi no posee salida al mar?
Siendo Chile uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, y, por lo tanto, con enorme experiencia en la reacción ante estos siniestros, esta vez todo ha ido más lento que nunca. La restauración de cierta normalidad de vida supone crear condiciones para que la población tenga esos servicios que normalmente nadie ve, todos damos por hecho que deban estar: agua potable, electricidad, comunicaciones, transporte, alimentación. ¿Qué ocurre cuando la infraestructura para entregar esos servicios se ve dañada en grado máximo y su propiedad es privada y no del estado? Ocurre lo que las famosas leyes del mercado y la economía capitalista imponen: hacerlo al costo mínimo, respetando y atendiendo los intereses de la empresa. Y en Chile todos los servicios públicos son privados, hasta las carreteras. Por supuesto que los responsables de esas privatizaciones no van a querer aceptar el crimen que cometieron contra los intereses del país. Los responsables de los edificios, carreteras, aeropuertos, etc. construidos en estos últimos años, son organismos oficiales que debieron haber inspeccionado adecuadamente la calidad y el respeto a las normas. Es de esperar que aquí se aplique todo el rigor de la ley, tal y como hoy se la prometen a los delincuentes.
Que lo que estamos sufriendo sirva de enseñanza a otros pueblos y gobiernos. Las empresas eléctricas privadas van reparando lo destruído al ritmo que le permiten sus planes comerciales. Sin energía eléctrica no hay telecomunicaciones, pues las empresas privadas de telecomunicaciones no respetan las recomendaciones técnicas internacionales (CCITT) que exigen dimensionar, proyectar y construir las redes de forma que están sigan operando en condiciones de emergencia. Esto supone, por ejemplo, disponer de sistemas de generación de energía propios para puentear el tiempo que la red se queda sin suministro de energía eléctrica. Hasta hoy, 4 días después del terremoto, la telefonía, y especialmente la telefonía móvil, aún no opera normalmente. Las empresas de agua potable tampoco cuentan con servicios propios de generación de energía para situaciones de emergencia y una vez agotados los estanques, nos quedamos sin agua. No poseen planos de calidad de sus instalaciones y por ello son incapaces de abrir y cerrar válvulas de modo de concentrar el suministro de agua en puntos clave como hospitales, escuelas, etc. Los supermercados no entregan los productos en bodegas si no es a través de la venta, a pesar de que toneladas de alimentos perecibles se comenzaban a descomponer por la falta de refrigeración.
En un país que se ha modernizado en varios aspectos, mucha gente, siendo fin de mes, tenía dinero en sus cuentas (el BancoEstado abre cuenta corriente a todo ciudadano chileno: Cuenta RUT), pero no lo podía retirar pues los bancos estaban cerrados y los cajeros automáticos no funcionaban. Las estaciones bencineras no pueden vender combustible pues no tenían energía eléctrica y en un país de alto nivel sísmico como Chile nada obliga a las bencineras a instalar dispensadores que puedan ser operados manualmente en caso de emergencia). Sería largo continuar con el listado de situaciones absurdas que demuestran la fragilidad de las estructuras de la cultura (¿cultura?) que estamos construyendo. Ha quedado en evidencia que los críticos del neoliberalismo, de los opositores a la destrucción del estado teníamos razón. Frente a las crisis inevitables que se avecinan para toda la humanidad sería provechoso que la opinión internacional sacara las enseñanzas de este terrible emergencia en Chile. Escribo estas líneas escuchando la noticia de 70 muertos por inundaciones en Francia, no en la India.
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