lunes, 27 de octubre de 2008

BOLIVIA: HACIA UN FUTURO EN PAZ Y JUSTICIA


Antonio Peredo Leigue
La Paz
Fue un tiempo de sabores amargos. Pero valió transitar ese periodo. La nueva Constitución Política del Estado marcha hacia su confirmación, el 25 de enero próximo, cuando más del 70% de bolivianos y bolivianas le digan sí a ese texto. No se trata de simples palabras; es el diseño de un nuevo Estado, en cuya conformación participará realmente todo el pueblo.

Durante un año, los grupos opositores agotaron su repertorio de improperios contra la CPE redactada por la Asamblea Constituyente, con más de dos tercios de sus miembros, en salas acosadas por asaltantes. Los derechistas comités cívicos y prefectos opositores, propiciaron los desmanes de esos grupos; incluso los organizaron y protegieron para usarlos en todas las tropelías imaginables. Esa oposición, que se endureció a medida que el gobierno se empeñaba en encontrar un consenso mediante el diálogo, tenía un solo objetivo: impedir el avance popular, frustrar el diseño de un nuevo país, cerrar el paso a la gran marcha por el futuro.

Ante la interpretación que buscaba avanzar en la discusión y aprobación del texto para una nueva Constitución Política mediante la mayoría, la oposición se atrincheró en la exigencia de obtener dos tercios para cualquier decisión que se adoptase en la Asamblea Constituyente. Ocho meses se fueron en esa discusión, sin que se avanzase en el tratamiento del texto. La derecha buscaba y logró que la amplia mayoría obtenida por el Movimiento al Socialismo (MAS) no marcara el ritmo de esa asamblea.

Inmediatamente plantearon el tema de la capitalidad. Al menos, ese fue y sigue siendo el nombre que le pusieron a la demanda de trasladar la sede de gobierno a Sucre, capital oficial de Bolivia. La derecha encontró receptividad en la clase media y las familias tradicionales de esa ciudad. Allí sesionaba la Asamblea Constituyente, desde el 6 de agosto de 2006. Por tanto, casi de inmediato, los asambleístas se convirtieron en rehenes de esa ciudad; los comités cívicos, sobre todo el de Santa Cruz, se encargaron de la campaña mediática.

El racismo, que ocultaba someramente la oligarquía venida a menos, apareció con sus rasgos más groseros. Los estudiantes de la universidad pública, provenientes de todo el país y muchos de extracción humilde, fueron instrumentos de las peores acciones ocurridas en el último medio siglo. Campesinos y mujeres de pollera fueron violentados, golpeados y humillados entre septiembre de 2007 y mayo siguiente. Esto ocurrió en Sucre; pero también, y por más tiempo, en Santa Cruz donde la Unión Juvenil Cruceñista, reclutadora de maleantes, se adueñó de las calles, violentó las oficinas del gobierno, quemó documentos y muebles, robó equipos y dejó ambientes destruidos. En otras ciudades –Trinidad, Tarija, Cobija- a nombre de un autonomismo deformado que se plasmó sólo en violencia, ocurrió otro tanto. Nadie recuerda jornadas tan sucias como éstas. Montados en lo que parecía una pasividad gubernamental, llevada al extremo, realizaron referendos ilegales para aprobar estatutos que no tienen marco referencial para su aplicación. El propósito es evidente: culpar al gobierno de oponerse a la autonomía.

Copio las expresiones de una amiga que vive en el exterior: “Las noticias son terribles y dan una idea de la utilización, por parte del gobierno, de la palabra democracia para sus fines políticos”. Traduzcamos políticos por partidarios y veremos cómo se manipula la información, tanto dentro como fuera del país. Este gobierno no es democrático, aunque obtuvo el 54% en las elecciones y más de 67% en un referendo revocatorio realizado en agosto pasado. Lo califican de totalitario aunque la libertad de expresión es tan amplia que, los medios masivos que usa la oposición no tienen reparos en calificar al presidente con términos insultantes. Lo acusan de dictatorial, no obstante que la policía tiene órdenes precisas de no usar la violencia los comiteístas se jactan de humillar a las autoridades nacionales.

No se si se trata de una estrategia o la infinita paciencia del presidente Evo Morales. Esa paciencia fue inalterable durante todo este año de atrocidades cometidas por la oposición. El 11 de septiembre pasado, en Pando, el departamento más pequeño del país, el prefecto Leopoldo Fernández decidió dar una advertencia sangrienta: preparó la masacre de campesinos que preparaban una marcha.

El cálculo fue engañoso para el prefecto. El estado de sitio recobró la calma para esa población. Fernández está en prisión y deberá responder no sólo por el crimen. Sino por la corrupción mediante la que se hizo millonario y enriqueció a sus familiares y allegados. Si la justicia actúa sin parcializarse, el acusado guardará varios años de cárcel.La paciencia estaba dirigida a buscar escenarios de acuerdo con la oposición. Los opositores, sin embargo, se convencieron de que había debilidad y llegaron a acusar, a los ministros del gobierno, de la violencia que ellos se encargaron de desatar. Sin alterarse por esa red de intrigas, Evo Morales convocó varias veces a los prefectos insubordinados y el vicepresidente se reunió con representantes de partidos y parlamentarios, sin obtener más que jornadas agotadoras que concluían mal.

La última oportunidad –aunque todos sabemos que siempre habrá una nueva después-, se dio este octubre. La noche del pasado 8, el presidente convocó a las directivas del Congreso Nacional. Mostró su disposición a encontrar consenso, aunque días antes había concluido una larga y frustrante reunión con los prefectos. Sugirió posibilidades de escenario parlamentario y adelantó posibilidades de concesión. El Presidente advertía que, la marcha que preparaba el Consejo Nacional por el Cambio (CONALCAM), con el propósito declarado de cercar al Parlamento, provocaría nuevas confrontaciones y mayor violencia. Senadores y diputados, en representación de las bancadas oficialista y opositoras, se pusieron a la tarea. Largas sesiones, desconfianzas mutuas, demandas excesivas, concesiones mínimas; este era el ambiente durante varios días. Pero, finalmente y reuniones paralelas de por medio, se llegó a un consenso.

La marcha del CONALCAM llegó a La Paz, pero ya no en son de amenaza. Evo Morales logró que se convirtiese en vigilia festiva. A primera hora de la tarde, el lunes 20 se instalaron en la plaza Murillo de La Paz y, junto al propio presidente, esperaron la aprobación de las leyes que permiten, ahora, organizar y realizar los referendos dirimidor y aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.

Se hicieron cambios. Se cedió en muchos puntos; se cedió por ambos bandos. El texto que se consultará no es el mismo que se aprobó en la Asamblea Constituyente. Tiene la virtud, sin embargo, de haber despejado dudas y susceptibilidades. Quien vote por el no, el 25 de enero próximo, lo hará porque no está de acuerdo con un nuevo Estado, con un país incluyente, con una sociedad en que se destierre el racismo.

4 comentarios:

Anónimo dijo...

VIVA LA PAZ Y LA PALABRA, VIVA BOLÍVAR Y BOLIVIA.

Luis Eduardo Siles dijo...

El rol del poder ejecutivo boliviano en los luctuosos hechos de Pando fue a todas luces, “vil” e “indigno”. No hubiese habido ningún muerto ni herido, no hubiesen habido siquiera enfrentamientos si es que el Señor Ramón Quintana ministro de la presidencia, es decir el más cercano al Evo Morales, no contratara y organizara, presumiblemente con dinero venezolano, a cientos de campesinos en la localidad de Riberalta cuyos líderes fueron armados y preparados para enfrentarse militarmente, mientras el grueso era cínicamente utilizado como carne de cañón.
El señor Quintana ha sido filmado en un video ampliamente difundido anunciando prácticamente en detalle sus intenciones y amenazando al prefecto Leopoldo Fernández, recientemente ratificado en las urnas por el voto popular. Es un acto de desvergüenza y cinismo descarado que a pesar de estos antecedentes se siga insistiendo en el linchamiento de Fernández. Y que se pretenda que un proceso sobre los hechos pueda prescindir del protagonista principal, el señor Quintana. El video en cuestión seria evidencia suficiente en cualquier parte del mundo `para someterlo a proceso e incluso a una diagnostico siquiátrico.
El Hecho de que el prefecto pandino, un hombre con decenas de elecciones ganadas con el apoyo de su pueblo, haya sido secuestrado y tomado de rehén por parte del gobierno constituye una violación a los derechos humanos de Leopoldo Fernández y de los principios más básicos de legalidad. Pretender que luego de haber permanecido ilegalmente secuestrado en la Paz, sometido al incesante desfile de grupos irregulares contratados para amedrentarlo, Leopoldo Fernández no pueda ser ahora conducido a Sucre de acuerdo a un fallo judicial, solo revela el alma de linchadores de quienes, empezando por el presidente Evo Morales y el Vicepresidente García Linera. sustentan semejante despropósito. Ello no es de extrañarse puesto que Morales ha señalado en reiteradas oportunidades que se ríe en la ley y Linera a estado en la cárcel por actos terroristas en los que murió gente. En cuanto a la acusación que los jueces recibieron dinero para el fallo obviamente Morales no aportará jamás nada que se parezca a un prueba de semejante difamación.

Anónimo dijo...

Hay que estar muy marcado por el sectarismo para mantener criterios como el de Siles. Respeten la decisión democrática del pueblo soberano y déjense de culpar de su muerte a quienes se manifestaron pacíficamente por la paz y la vida.

Anónimo dijo...

VIVA LA PAZ Y LA PALABRA
VIVA BOLÍVAR
VIVA BOLIVIA
VIVA EL PRESIDENTE MÁS Y MEJOR RATIFICADO POR LO VOTOS DEL PUEBLO

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