La ley de la memoria histórica debe cerrar el círculo de la dignidad

Melibea

Tuve oportunidad de conocer en su día a alguno de ellos, cuando el hecho presencial de su reingreso cívico en aquella sociedad con previsión de cambio en los finales del franquismo suponía para los jóvenes con expectativas de cultura democrática todo un modelo de coherencia con sus ideas y con su lucha. Hoy, fecha en que se cumplen 70 años del atroz bombardeo fascista de Guernica, encuentro su firma colectiva en el diario La Nueva España como Asociación Asturiana de Ex-presos políticos y Represaliados de la Dictadura, entidad que con su título y vigencia da por sí misma cuenta del carácter rigurosamente inquisitorial con el que se aplicó el franquismo sobre los vencidos y resistentes en aquella región. Para quienes así se nombran y se honran, la ley sobre la Memoria Histórica debería representar el cierre del círculo de la dignidad, en estricta concordancia con quienes como luchadores antifascistas vivieron y murieron con dignidad:

No tenemos el más mínimo interés en que se declare ilegítima la dictadura. El franquismo fue una feroz dictadura, profundamente sangrienta, denunciada ya por el Parlamento del Estado español y también por el Parlamento europeo. Del carácter ilegal y genocida del franquismo no nos cabe ninguna duda y, por tanto, no tenemos ninguna necesidad de acudir al ministerio de Justicia para que nuestros juicios se declaren como «injustos» en los casos en que no hay sentencia, es decir, en los de los miles de luchadores antifascistas «paseados» y después enterrados en cualquier cuneta o arrojados a la puerta de los cementerios, o que se declaren ilegítimos a los que hemos sido sometidos a «juicios». No tenemos la más mínima necesidad de andar con papeleo para conseguir algo que es evidente, no queremos que las sentencias sean injustas e ilegítimas. Simple y llanamente, tanto los asesinados en las cunetas como los asesinados por los tribunales militares -por cierto, ya va siendo hora de que los nombres de todos estos asesinos salgan a la luz pública-, los torturados por la Brigada Político Social y los condenados por el Tribunal de Orden Público lo único que queremos, lo único que necesitamos, es la nulidad total y absoluta de todas las sentencias. Colocar a la sangrienta dictadura en el lugar que le corresponde en la Historia, al lado de los fascismos europeos, del que era aliado, en las cloacas de la Historia. Porque lo que aquí ocurre no es, como parecen entender los negociadores, que las víctimas necesitemos reconocimientos, no. Es al revés, es la sociedad española la que tiene la necesidad de cerrar el ciclo de la reconciliación, reconociendo tanto la brutal distancia entre víctimas y verdugos como el reconocimiento pleno de la ilegalidad del hecho de la dictadura.