Provocación desde los púlpitos
Félix Población

Don Eduardo Zaplana, muy sobrado de relojes de oro rosa con esfera opalina y fondo de cristal de zafiro, ha previsto para el 2006 el adelanto de las próximas elecciones generales, incapaz de soportar la inopinada oposición que purga su partido por mentiroso. Fue posiblemente ésa la primera intención revanchista alojada en la vesícula del PP tras su pasada derrota en las urnas: forzar ese anticipo a través de un rosario masivo e intensivo de descalificaciones al Gobierno sin más enjundia crítica que la búsqueda de su descrédito mediante la ofensa y la provocación.

Criados a pechos de don José María, sus ahijados políticos se vienen cebando en ese peligroso y nada nutricio reto del agravio como si, dándole la espalda a la sociedad de su tiempo, prefiriesen retrotraerse a otras calendas más oscuras. Cuentan para ello con excelentes instigadores entre los redivivos propulsores de prensa y propaganda ultramontana, militantes confesos de la santa cruzada antisocialista. Comprobarlo día tras día no deja de ser una decepción para quienes alimentábamos la esperanza de una derecha no sólo a tono con su época, sino con una cierta inteligencia política.

Lo que no nos sorprende es que la católica Iglesia, cuyo reloj sigue marcando las horas del ayer, se empecine en la resaca de sus privilegios y no abandone la mayestática infalibilidad de su discurso. A este respecto conviene recordar la sagaz y reciente entrevista publicada en un diario impreso de gran difusión con el secretario de la Conferencia Episcopal. El señor Martínez Camino se ha permitido la impertinencia de advertir al Gobierno que no provoque a la Iglesia católica, que logre un acuerdo para que la asignatura de Religión (católica) sea evaluable y que, a cambio, gracias a tan confesional favor, mayor será la cosecha de sus votos.

Dice don Juan Antonio que su institución no puede acepar el laicismo que se pretende imponer limitando a la religión (católica) al ámbito privado porque eso supondría la imposición de un grave recorte de la libertad. Ante tal afirmación, la avezada periodista inquiere sobre la capacidad de poder de que dispone la Iglesia para decidir quién tiene o no tiene derechos en una sociedad democrática. La respuesta del señor secretario no es precisamente categórica. No contento con poner entre interrogantes esa facultad a través del Parlamento, aclara: El Parlamento es una institución muy importante, pero no define quién tiene derechos.

No es así como se puede facilitar un acercamiento entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno socialista. Las manifestaciones de don Juan Antonio Martínez Camino no obedecen al espíritu conciliador de una institución en armonía con el diálogo constructivo. Antes al contrario, ratifican el ánimo de provocación que, desde la injuria y la calumnia, la Iglesia no ha sabido controlar en los últimos meses y que, paradójicamente, ésta imputa al actual gabinete, acosado además por campañas generadas en muchos casos desde los atrios y los púlpitos.

Hasta ahora, consciente de su peso histórico y social, no ha podido ser más respetuoso el Gobierno con la confesión mayoritaria de los españoles. En atención al menos a ese respeto, la Iglesia debería eliminar de su lenguaje términos como el de imposición -tan afín a su trayectoria- cuando desde la administración del Estado se pretende aplicar un programa electoral votado democráticamente por la mayoría.
Los deberes y derechos de la ciudadanía se acuerdan en el Parlamento, sin interrogantes, y su cumplimiento obliga a todos. Incluidos los señores obispos, entre cuyas vigentes prerrogativas -merced a viejos y ventajosos concordatos que nadie ha puesto en cuestión revisar- están los haberes de la dilatada nómina de profesores del Religión (católica) del país, sufragados con los impuestos de todos los contribuyentes.

Por cierto que en ese mismo paquete de prebendas o canonjías inmunes al tiempo y a las alternancias gubernamentales debe de incluirse la emisión de la misa dominical a través de la radio pública (RNE 1).