EL PUEBLO URUGUAYO, CON EL PUEBLO CUBANO: NI ODIO, NI INJERENCIA

Fueron por lana y salieron trasquilados: El intento de escándalo del grupúsculo anticubano en Montevideo.

Orestes Hernández/Aquí en Montevideo

Eran las primeras horas de la tarde del 29 de mayo cuando un puñado de personas se congregó frente a la embajada de Cuba en Montevideo. No eran muchas. Nunca lo son. Pero hacían ruido, como suele ocurrir con quienes creen que el odio estridente puede suplir la falta de argumentos y de respaldo popular.

Eran algunos cubanos residentes en Uruguay, una minoría ínfima dentro de la amplia colonia cubana, pero con una particularidad: sus posiciones extremas, su fervor por una intervención armada de Estados Unidos contra la isla y, según algunas fuentes, su financiamiento proveniente de Miami.

El tufo a vieja política de tierra ajena los delataba.

Les acompañaba cierta diputada de origen cubano, cuya gestión parlamentaria ha estado signada por una obsesión enfermiza contra Cuba.

Tan desmedida es su animadversión que no dudó hace unas semanas en mentir sobre la fecha y el destino de una donación del gobierno uruguayo al pueblo cubano.

En lugar de ocuparse de los uruguayos, de sus problemas reales, de sus desafíos cotidianos, la legisladora prefiere arremeter desde esta orilla contra la isla que la vio nacer.

El odio, decía Benedetti, es una especie de nostalgia al revés. Pero la ironía, caprichosa y justiciera, quiso que la misma tarde de la intentona, una fotografía comenzara a circular mostrando a esta poco conocida diputada casualmente escoltada por un cartel solidario que exigía poner fin al bloqueo contra Cuba.

Un instante involuntario, un encuadre perfecto: la propia imagen la exponía como alguien que, al menos por un segundo, parecía estar del lado que tanto combate. Un premio al ridículo de la parlamentaria.

El frío anochecer montevideano no les sonrió.

Porque mientras el grupúsculo intentaba montar su puesta en escena de supuesta "protesta democrática", lo que ocurrió frente a la sede diplomática fue exactamente lo contrario a lo que esperaban.

El pueblo uruguayo, ese que lleva en el ADN la solidaridad artiguista, se hizo presente. Y no con un puñado, sino en cantidad abrumadoramente mayor.

Ciudadanos comunes, militantes sociales, sindicalistas y estudiantes se apostaron frente a la embajada de la isla con canciones, pasacalles y consignas claras: "No al bloqueo", "Cuba sí, yanquis no", "Manos fuera de la isla".

El valladar solidario fue tan contundente que la intentona anticubana quedó sepultada bajo el canto popular. Allí no hubo espacio para las mentiras de la diputada ni para los dólares de Miami.

Los pocos que intentaron gritar fueron silenciados por la marea humana que, con banderas cubanas y uruguayas entrelazadas, recordaron quién es quién en esta parte del mundo.

Cuando la manifestación concluyó, los convocantes se retiraron cabizbajos, quejosos del poco acompañamiento, derrotados no solo por los números sino por la historia misma.

Y en contraste absoluto, todos los solidarios se acercaron a la puerta de la legación diplomática para saludar a los representantes diplomáticos quienes agradecieron el respaldo del pueblo uruguayo, ese que una vez más supo estar del lado correcto. Los solidarios respondieron con más aplausos y un canto final que se perdió por las calles del barrio montevideano.

El odio había ido por lana, convencido de que su ruido mediático y sus influencias externas le daría el protagonismo que tanto ansía. Pero salió trasquilado, como reza el refrán, porque el pueblo de Artigas demostró una vez más su valía: ni odio, ni injerencia, ni mentiras pagadas desde Miami pueden contra la dignidad de dos pueblos que se saben hermanos y solidarios.

Y en Uruguay, el que va con la lana del imperio a provocar, termina siempre sin lana… y sin vergüenza*.

*Altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba se reunieron el viernes en Guantánamo, en medio del deterioro de las relaciones entre ambos países por la amenaza del presidente Donald Trump de tomar el poder de la isla. El encuentro se produjo en la base que tiene Estados Unidos en el extremo suroriental de la isla. Cadena Ser

DdA, XXII/6362

LA COMPRAVENTA DE SERVICIOS ENTRE LA CLASE POLÍTICA

Es evidente que Zapatero estaba en la lista mundial de políticos por destruir que guardan desde hace largo tiempo las agencias estadounidenses. Nunca le perdonaron la retirada de nuestras tropas de la ilegal guerra de Irak. A lo que se añade que Trump se la tiene guardada a Pedro Sánchez por liderar la independencia política en la OTAN y por no apoyar la guerra contra Irán. Tal vez se decidió matar dos pájaros de un tiro. Tardaremos tiempo en saber si fue así. O nunca lo sabremos. De momento, lo prudente es escrutar críticamente los hechos que vaya desgranando la justicia. No es lo que hacen algunos medios que condenan antes de enjuiciar, porque llevan desde el 2018 obsesionados con recuperar el poder para los poderes fácticos que subyacen en la derecha española. (Compartimos algunas de las consideraciones del artículo, pero no todas).

Enric Juliana

Zapatero ha sido un referente para la izquierda española e incluso internacional. No a la guerra, derechos humanos reconocidos a mujeres y homosexuales, apoyo a la democracia en el mundo. Por eso, muchos ciudadanos se aferran a la esencial presunción de inocencia ante un caso que está sacudiendo los cimientos del Gobierno más progresista de Europa. Sabremos algo más tras la declaración del expresidente a mediados de junio. Por el momento, hay sospechas de que podría tratarse de un montaje de los servicios de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que fue la que proporcionó los mensajes conducentes a la investigación judicial. Y cuando esta organización hace un montaje lo hace con profesionalidad, no como las chapuzas que practican en España las múltiples manos sucias.

Es evidente que Zapatero estaba en la lista mundial de políticos por destruir que guardan desde hace largo tiempo las agencias estadounidenses. Nunca le perdonaron la retirada de nuestras tropas de la ilegal guerra de Irak. A lo que se añade que Trump se la tiene guardada a Pedro Sánchez por liderar la independencia política en la OTAN y por no apoyar la guerra contra Irán. Tal vez se decidió matar dos pájaros de un tiro. Tardaremos tiempo en saber si fue así. O nunca lo sabremos.

De momento, lo prudente es escrutar críticamente los hechos que vaya desgranando la justicia. No es lo que hacen algunos medios que condenan antes de enjuiciar, porque llevan desde el 2018 obsesionados con recuperar el poder para los poderes fácticos que subyacen en la derecha española. Una derecha que nunca aceptó la legitimidad de un Gobierno que ha construido la economía más exitosa de Europa, al tiempo que ha desarrollado un Estado de bienestar más necesario que nunca. Pero los casos de corrupción que han rodeado la acción de gobierno han socavado la confianza ciudadana, precisamente porque este Gobierno resultó del hartazgo con la corrupción del PP.

Sin embargo, cualquiera que sea la legalidad de las acciones de Zapatero, hay algo más que ha emergido: su relación con personas de algunas empresas que se mueven en ese mundo turbio de los lobbies políticos disfrazados de consultoría y asesoramiento. Aportando sus buenos oficios en Venezuela se acercó peligrosamente a gente ligada a un régimen tan corrupto como el de Maduro. Y a empresas de amigo(s) y de su propia familia haciendo trabajos para dichas empresas. Pero no sabemos si recibió pagos. Cierto que estos ­asesoramientos pagados son práctica frecuente de expresidentes y políticos en el mundo y en España, desde Clinton, Bush y Obama hasta González y Aznar, pasando por nuestro rey emérito, que constituye un capítulo aparte en este ­tema.

Podemos señalar los límites éticos del lobbismo y de los políticos que se prestan a dichos negocios. No se trata necesariamente de negocios ilícitos. El lobbismo es una práctica habitual de las democracias que aún no se ha podido legislar adecuadamente en España. Y es una práctica en que el dinero (generalmente de empresas, pero también de gobiernos y de fundaciones ­variopintas) influencia (o compra) políticas, cuya decisión corresponde exclusivamente a los representantes de los ciudadanos, que somos quienes les pagamos.

Puede admitirse que favorecer decisiones políticas a cambio de dinero es un negocio como otro cualquiera en un mundo en que todo tiene precio. Pero también podemos señalar los límites éticos de tal práctica y de los políticos que se prestan a dichos negocios. Sobre todo para la izquierda. Porque si hay una diferencia entre la derecha y la izquierda es la prevalencia del ­mercado o de lo público en la gestión del bien común. Eso es lo que se dice en campañas elec­torales.

Y si quienes defienden lo público se pasan después a lo privado para influenciar lo público aprovechando la oportunidad que les dimos los electores, no es de extrañar que los jóvenes desconfíen de una democracia que incluye la compraventa de servicios entre la clase política.

LA VANGUARDIA

¿Y SI INCLUSO PUDIENDO HACER, NO PUDIERAN?

Félix Población

Últimamente, y a pesar de la que le está cayendo a su partido con el caso Zapatero y demás casos -todos mediáticamente explotados para que el totum revolutum magnifique el conjunto- , pareciera que Pedro Sánchez se muestra con un sentido del humor que incluso está contagiando a los militantes, afiliados o simpatizantes del PSOE. A pesar de las consejas de algunos de sus compañeros de la gran coalición Felipe González y García Page, coincidiendo con el Partido Popular y su extrema derecha en la necesidad de convocar elecciones de inmediato, Sánchez tuvo la suficiente ironía para reprocharles una convocatoria partidista: "Hay algún compañero que me pide adelantar elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria para poder gobernar de una forma mucho más tranquila. Yo se lo agradezco, pero no puedo convocar elecciones por interés partidista". De este mismo costal es la ocurrencia de un eslogan para esas elecciones generales de 2027, sirviéndose de la frase reiterada por Aznar el de las Azores a modo de clave desestabilizadora contra el actual gobierno de coalición. A "el que pueda hacer, que haga" del expresidente patrañero, le ha salido un socialista con "El que pueda votar, que vote", que bien podría ser, además, una frase estimuladora de la participación electoral de ese electorado de izquierda, sumido en la abstención, el enojo o la melancolía de las divisiones y que el exdirector del gabinete de Sánchez , el arúspice Iván Redondo, considera esencial para que Pedro Sánchez vuelva a ganar en las urnas. Con todo, creo que a medida que discurren los acontecimientos debería plantearse más pronto que tarde la posibilidad de un frente común para defender la democracia, evitando democráticamente un gobierno de derecha extrema. En pro de ese frente bien valdría como eslogan de campaña "el que pueda votar, que vote". De momento, la última encuesta del CIS correspondiente al mes de mayo mantiene la posibilidad de que un frente en esa línea sí podría dar la presidencia a Sánchez una vez más. Ocurriría entonces lo que hoy parece imposible, que incluso pudiendo hacer, no pudieran*.

*Me dicen compañeros politólogos bien documentados, que circula documentación contrastada y con bastante credibilidad de que si las elecciones generales son para el 2027 como toca, es muy probable que Sánchez pueda formar gobierno de mayoría. Está documentación les llega al PP y partidos de derecha y es lo que les hace precipitarse y lanzar esa justicia preceptiva de salir a tirar la red a ver si hay suerte y pica algo. /Antonio Criado Barbero.

DdA, XXII/6361

LA BATALLA POR EL FUTURO SE LIBRA EN EL PASADO

 Las vibraciones que emite el pasado reaccionario son tóxicas, porque celebra todo aquello que como sociedad habíamos acordado rechazar: las guerras de agresión, el imperialismo, el despotismo, el racismo y la xenofobia. Celebrar historias reaccionarias y basadas en mitos solo sirve para construir sociedades reaccionarias y vulnerables al engaño. De hecho, está desempeñando ya un papel político clave. Por eso la batalla por el futuro se libra en el pasado.

Alfredo González Ruibal

El pasado parece un tiempo inútil. Frente al presente y el futuro que concentran nuestras preocupaciones y nuestros esfuerzos de cambio, el pasado, como su nombre indica, es lo que ya fue y, por lo tanto, lo que no podemos transformar. Por eso probablemente la historia no ha ocupado un lugar central en ningún programa político.

De hecho, en el pensamiento progresista se ha percibido con frecuencia como una losa que pesa en el presente y de la que debemos librarnos o como un refugio de reaccionarios que quieren perpetuar el statu quo. Esta actitud antihistórica se transformó a partir de los años 60 del siglo XX, pero nuevamente en clave negativa: la historia es importante como advertencia y lugar de duelo, objeto de continua conmemoración melancólica.

Para quienes nos dedicamos al estudio del pasado, adoptar una posición crítica ha significado habitualmente revelar cómo funcionan los discursos y prácticas del poder, exponer injusticias y reivindicar a las víctimas y a los grupos subalternos. Esta aproximación entiende la historia, como "lo que duele, lo que rechaza el deseo" (en palabras de Fredric Jameson).

Frente a esta historia traumática y este lamento perpetuo, los reaccionarios nos prometen la liberación de toda culpa y el disfrute del pasado sin remordimientos. No un espacio de tristeza, sino de felicidad. Ni de duelo, sino de exaltación: un compendio de hechos de los que sentirnos orgullosos. Y de aquellos que no, la historia reaccionaria nos exonera de responsabilidad.

En un tiempo de crisis existencial -particularmente entre varones blancos heterosexuales, pero no solo-, la historia en clave positiva se convierte en un ejercicio de autoayuda. Nuestra vida puede parecernos un fracaso y el mundo que nos rodea, incomprensible y amenazante, pero nos queda al menos pertenecer a la estirpe de Hernán Cortés y Blas de Lezo. La historia es un espejo que nos devuelve una imagen mejor de nosotros mismos. En nuestras vidas prosaicas y sin resonancia (como diría el sociólogo Hartmut Rosa), la historia nos hace vibrar de nuevo y parece cobrar sentido.

El problema es que las vibraciones que emite el pasado reaccionario son tóxicas, porque celebra todo aquello que como sociedad habíamos acordado rechazar: las guerras de agresión, el imperialismo, el despotismo, el racismo y la xenofobia. Celebrar historias reaccionarias y basadas en mitos solo sirve para construir sociedades reaccionarias y vulnerables al engaño. De hecho, está desempeñando ya un papel político clave. Por eso la batalla por el futuro se libra en el pasado.

Y estamos perdiendo la batalla en todos los frentes. No todo es culpa de quienes nos dedicamos a investigar o enseñar historia. Es difícil combatir contra algoritmos que fomentan la controversia y el negacionismo y contra un aparato mediático (editoriales, redes sociales y medios tradicionales) que presenta a los propagandistas reaccionarios como portavoces legítimos del pasado frente a una academia que oculta o distorsiona la verdad. Me comentaba una colega, profesora de universidad, que los estudiantes reclaman cada vez más esa historia que considerábamos social y académicamente superada: la de los grandes hombres y hechos de armas. No sorprende, porque los jóvenes consumen propaganda reaccionaria disfrazada de divulgación histórica.

Podemos contarles otra visión del pasado -más ajustada a la realidad de los documentos y por lo tanto más compleja y menos amable. Podemos escribir libros desmitificadores -sobre la Reconquista, la conquista de América o la dictadura de Franco (yo mismo lo he hecho). Pero no es suficiente. Nada de ello frenará la ofensiva reaccionaria contra la historia.

Porque resulta difícil que el pasado melancólico pueda sustituir a una historia en clave positiva. Como recordaba aquí Pablo Batalla en relación a la Segunda República, es imposible construir el futuro únicamente sobre el duelo. Aunque debemos recordar el trauma y denunciar las injusticias históricas, no será el trauma y la denuncia lo que nos haga vibrar. La historia no solo es lo que duele.

El gran reto para ganar la batalla por el pasado es construir historias en positivo. Historias que no solo ayuden a entender mejor lo que ha sido, sino a construir lo que será. Con esperanza.

PÚBLICO  DdA, XXII/6360

A ELDIARIO.ES LE VA LA VIDA EN MANTENERSE FIRME ANTE JULIO IGLESIAS

Lazarillo

Ayer, en medio de la febril ebullición de casos judiciales que vivimos estos días en nuestro país, se celebró en el Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid el acto de conciliación presentado por Julio Iglesias para que El Diario se retractara de haber publicado la denuncia presentada por dos empleadas del cantante, que lo acusaron de agresiones sexuales y trata de personas en sus lujosas residencias de la República Dominicana y Bahamas. Las dos trabajadoras interpusieron la denuncia ante la Fiscalía, con el respaldo de la organización internacional Women's Link Worlwide, por unos hechos que ocurrieron entre enero y octubre de 2021 y fueron investigados por El Diario y Univisión Noticias. Ignacio Escolar, director del periódico digital, ha dicho que no rectificará ni eliminará las informaciones publicadas el pasado 13 de enero sobre presuntas agresiones sexuales, como pedía el cantante. El director y cuatro de sus periodistas, representados ayer por una procuradora, se han negado a ceder a estas exigencias, manteniendo intacta su postura y negándose también el pago de una indemnización que se anticipaba de importante cuantía. Teniendo en cuenta lo que Julio Iglesias representa hoy al margen de su exitosa carrera musical por sus relaciones con el poder, en Estados Unidos sobre todo, es de resaltar y agradecer como profesionales que un periódico de este país mantenga su firmeza en defender el trabajo y profesionalidad de quienes durante tres años se documentaron y redactaron la que quizá sea la exclusiva más importante en toda la trayectoria del medio. Al periódico le va la vida en ello y por esto es más de subrayar su actitud. 

DdA, XXII/6360

TRAS EL 15M LAS CUENTAS PARA GOBERNAR ESPAÑA YA NO SALÍAN

Otro buen artículo del firmante en CTXT (El que pueda dilapidar, que dilapide), sobre todo con fragmentos como este con el que lo encabezamos: Imagínese que usted es un poderoso. Es decir, un miembro de una de esas 40 o 50 familias que dominan España. Hace 20 años, su capacidad de influencia y control era absoluta. Si gobernaba el PP, usted mandaba. Si gobernaba el PSOE, mandaba usted. Todo el poder político trabajando para satisfacerle, un montón de medios, repartidos en ideología conservadora y progresista haciendo más de lo mismo, una policía a la que nadie ponía en duda y unos jueces que, por supuesto, eran considerados seres de luz. Tenía usted todas las armas en su mano hasta que algo sucedió. Tras el 15M y la llegada de nuevos partidos, las cuentas para gobernar España ya no salían. En lugar de respetar la democracia, comenzó el quien pueda hacer, que haga. Coincido plenamente con la última frase del artículo: La mala noticia es que, a corto plazo, todo este descaro es peligroso, nocivo para la sociedad. La buena noticia es que, a medio plazo, no será nada beneficioso para quienes lo están provocando.

Gerardo Tecé

No habíamos terminado de frotarnos los ojos con la imputación de Zapatero cuando, en la mañana del miércoles, la UCO entraba en la sede del PSOE. Por fin se iba a descabezar a la organización criminal que gobierna España. Era la única conclusión posible tras la avalancha de titulares sincronizados de la prensa derechista, es decir, de la prensa española. Estamos ante el golpe final al sanchismo, aseguraban unos. Se trata de financiación ilegal, decían otros. Hubo quienes dieron la noticia de la entrada de la Guardia Civil a Ferraz antes de que se produjese. Es decir, hubo filtración. Se van a reír ustedes, pero desde la condena sin pruebas al fiscal general, en España se han seguido produciendo filtraciones, solo que ya no son graves y nadie las investiga. Un día es un día, dijeron aquella vez los jueces del Supremo.

Tampoco es habitual ver entradas de la UCO así, a lo loco. Cuando van es por algo sólido, importante. Por ejemplo, a casa de Ayuso nunca fueron cuando lo de su padre, ni cuando lo de su hermano ni tampoco cuando lo de su novio. De hecho, ha pasado un año desde que a la UCO le fue encargado un informe sobre Alberto González Maserati y el informe no llega. No hay prisa y tampoco parece tenerla el juez que lleva ocho meses sin autorizar el acceso a las cuentas de la pareja de la presidenta madrileña. Cosas que pasan. O que no pasan. Depende.

Entre imputaciones y registros, Leocenis García, un preso venezolano liberado hace unos años tras la intermediación de Zapatero, andaba de visita por España y publicaba en X que, pese a que la mayoría de sus amigos españoles eran del Partido Popular, le parecía que la oposición del PP era “un camino peligroso y lleno de irrespeto a las instituciones”. Añadía el expreso que, tras ser entrevistado por El Debate por invitación de su director Bieito Rubido (ex de ABC), la entrevista fue censurada porque no gustaron sus respuestas. “Esto no es periodismo ni política, es manipulación y una canallada”, decía. Ninguna democracia, y menos España, va a salir fortalecida con este tipo de actuaciones, concluía. A García, ex preso político del régimen de Maduro –ese es el nombre completo que se le pone cuando opina lo correcto–, no le verán ustedes en El Hormiguero, Ana Rosa, Iker Jiménez o cualquier espacio mediático en el que se lleva a nazis en nombre de la libertad de expresión, libertad de las expresiones que sí queremos escuchar.

Cuando esta gente gane va a ser para 30 años, me decía un amigo el otro día. Si ya tienen a la policía, a la prensa, a los empresarios, a la iglesia y a los jueces, verás cuando también tengan La Moncloa. No sé si estoy de acuerdo. Aznar, que habla lento y sin mover los labios porque correr y trabajar –incluso los músculos faciales– es de pobres, no es un tipo muy sabio que digamos. No hablo de bagaje cultural, que tampoco, sino de las muchas demostraciones empíricas de su estupidez. Hace dos décadas se creyó que Iraq tenía armas de destrucción masiva y, más tarde, que el 11M había sido ETA. Si no es tonto, sino simplemente un mentiroso, que ejerza su derecho a réplica y yo corrijo la frase anterior sin problema. Mientras no lo haga, supongamos que muy listo no es. Tampoco en su tesis “El que pueda hacer, que haga”. Una estrategia política que, como su liberalización del suelo, acaba siendo ruinosa. Me explico. Imagínese que usted es un poderoso. Es decir, un miembro de una de esas 40 o 50 familias que dominan España. Hace 20 años, su capacidad de influencia y control era absoluta. Si gobernaba el PP, usted mandaba. Si gobernaba el PSOE, mandaba usted. Todo el poder político trabajando para satisfacerle, un montón de medios, repartidos en ideología conservadora y progresista haciendo más de lo mismo, una policía a la que nadie ponía en duda y unos jueces que, por supuesto, eran considerados seres de luz. Tenía usted todas las armas en su mano hasta que algo sucedió. Tras el 15M y la llegada de nuevos partidos, las cuentas para gobernar España ya no salían. En lugar de respetar la democracia, comenzó el quien pueda hacer, que haga.

Estamos en 2016. Para que Rajoy, incapaz de formar mayorías con todos los medios de comunicación –incluyendo El País– trabajando para él, pudiera seguir en La Moncloa, hubo que sacrificar la pieza del PSOE. Expulsión de Pedro Sánchez que salió mal porque el tipo volvió de entre las cenizas. Pieza perdida y quien pueda hacer, que siga haciendo. Turno para los medios y sus innumerables bulos contra Podemos. Era burdo, pero iban con ello cada semana, hasta que esa pieza también fue sacrificada por parte del poder que todo lo controlaba. El control mediático ya no es lo que era. Cuando las noticias negativas ya no dañaban al rival como debían, porque el descaro era tal que el receptor desconfiaba del emisor, la pieza también se perdió. Siempre nos quedarán los jueces, pensaron. Hoy, una imputación y un registro de la UCO no son sinónimos de vergüenza como hace dos décadas, sino de politización de la Justicia de la que nadie duda.

Quien pueda dilapidar, que dilapide, debería decir Aznar, chico de los encargos de la España poderosa, la próxima vez que su labio inferior se mueva un poco. Nada más lejos de mi intención que darle buenos consejos al de la foto de las Azores, pero un buen asesor debería decirle a él y a los mandamases de la España fetén que hasta un preso venezolano de derechas se da cuenta de que no es buena idea. El poder necesita piezas bien colocadas sobre el tablero, no movimientos desesperados de sacrificio. ¿De qué sirve tener todos los medios de comunicación trabajando para ti si no disimulan el hecho de trabajar para ti? ¿De qué sirve que la Justicia sea abrumadoramente de derechas si la gente lo percibe, si las imputaciones que antes destrozaban a tu rival ya simplemente alimentan el debate sobre el lawfare? ¿De qué te sirve controlar la marioneta si todo el mundo ve los hilos? La mala noticia es que, a corto plazo, todo este descaro es peligroso, nocivo para la sociedad. La buena noticia es que, a medio plazo, no será nada beneficioso para quienes lo están provocando.

CTCT  DdA, XXII/6360

RESOLUCIONES JUDICIALES EN REBELDÍA CONTRA LEYES APROBADAS EN EL PARLAMENTO

 Frustradas las legítimas aspiraciones del PP para alcanzar la presidencia del Gobierno, se inicia la cacería del investido presidente Pedro Sánchez. Participan, con gran estruendo, las terminales mediáticas y no tardan en incorporarse algunos jueces y tribunales con notoria manipulación de las normas procesales y penales. Nos esperan decisiones relevantes (caso mascarillas y caso Zapatero) que nos servirán para seguir midiendo el nivel y la calidad democrática de nuestro sistema judicial.

José Antonio Martín Pallín

Todos los tratados internacionales y las Constituciones que reconocen la primacía de los derechos humanos y de las libertades cívicas (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio Europeo de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución) colocan la Justicia en el vértice de sus valores superiores. El texto constitucional, después de proclamar que la justicia emana del pueblo, encomienda administrarla a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, para lo que deben gozar de independencia e inamovilidad, recordándoles que pueden incurrir en responsabilidad si no se someten al imperio de la ley. Su potestad no es omnímoda, ya que, para legitimarse, a falta de la investidura popular, tienen la obligación de exponer y motivar, de manera clara y comprensible, las razones por las que se ha llegado a una determinada resolución. Como se puede observar, no se les exige la imparcialidad porque se supone que es consustancial a la función de juzgar.

La comunidad internacional integrada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado cuáles deben ser las normas éticas y deontológicas que deben observar los jueces y tribunales en el desempeño de sus funciones. En julio de 2006, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que reconoció que los Principios de Bangalore constituían un nuevo desarrollo de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura. España las asumió incorporándolas a nuestro acervo normativo. 

Solo algunas pinceladas de su amplio contenido: “Un juez se esforzará para ser consciente de y para entender la diversidad de la sociedad y las diferencias provenientes de varias fuentes, incluidas, sin ánimo de exhaustividad, la raza, el color, el sexo, la religión, el origen nacional, la casta, las minusvalías, la edad, el estado civil, la orientación sexual, el nivel social y económico y otras causas similares”. “Durante el desempeño de sus obligaciones judiciales, un juez no manifestará predisposición o prejuicios hacia ninguna persona o grupo”. “Un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”.

Pongámonos en la mente de un observador razonable, preferentemente extranjero, que tenga a su disposición una serie de datos estadísticos que ponen de relieve el sesgo de algunas resoluciones judiciales en materias relacionadas con actividades políticas o el ejercicio de derechos fundamentales. Lo más preocupante es que en algunas ha intervenido el Tribunal Supremo y que todas han sido apoyadas por las asociaciones judiciales notoriamente de derechas y en abierta rebeldía contra leyes aprobadas en el Parlamento.

En mi opinión, la ofensiva judicial contra los independentistas y partidos de izquierda comienza con el caso Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, condenado, con una burda manipulación de la ley procesal, por haber aplicado el Reglamento de una Cámara legislativa. Cuando aparece en el panorama político, con notorio éxito, el partido político Podemos, se inicia una verdadera cruzada judicial contra sus dirigentes y militantes. Muchos jueces eran conscientes de su absoluta carencia de contenido penal, pero su tramitación se extendía en el tiempo con las inevitables consecuencias políticas. El observador razonable comprobará, estupefacto e inquieto, la clamorosa inacción judicial frente al acoso, durante más de un año, de la vivienda de Irene Montero y Pablo Iglesias. También el insólito Caso de la niñera, que pretendía convertir en delito el hecho de que una asesora de Irene Montero cogió en brazos a uno de sus hijos. Según el juez, podía ser un caso de malversación de caudales públicos, aunque terminó archivándolo por falta de pruebas. Me parece paradigmático el caso de Ada Colau. Tuvo que soportar una verdadera catarata de querellas, algunas propiciadas por la empresa Aguas de Barcelona, cuya municipalización propugnaba la alcaldesa.

Frustradas las legítimas aspiraciones del PP para alcanzar la presidencia del Gobierno, se inicia la cacería del investido presidente Pedro Sánchez. Participan, con gran estruendo, las terminales mediáticas y no tardan en incorporarse algunos jueces y tribunales con notoria manipulación de las normas procesales y penales. Las acusaciones mantenidas contra su esposa Begoña y su hermano (a punto de comenzar el juicio) vulneran los más elementales rudimentos del derecho. El caso del hermano, sucedido hace ocho años, es un conflicto —como otros muchos miles— de naturaleza administrativa sin contenido penal. Escribiendo estas líneas se acaba de conocer el contenido del informe de la UCO avalando la absoluta regularidad de la concesión de la Cátedra a Begoña Gómez, ajustándose estrictamente a los Estatutos de la Universidad Complutense.  

Es preocupante la intervención en esta guerra del Tribunal Supremo. La Sala Segunda de lo Penal ha tenido tres intervenciones, alguna de gran impacto institucional, como el inaudito registro de la sede de la Fiscalía General del Estado, como si se tratase de una cueva de narcotraficantes, para detectar una posible información que el fiscal general ordenó trasmitir a los medios de comunicación sobre la existencia de un delito contra la Hacienda pública, circunstancia que en absoluto es delictiva. Algunos partidos políticos que pretenden regir los destinos de nuestro país aplaudieron semejante salvajada procesal e institucional. La sentencia condenatoria —que cuenta con dos votos disidentes— pesará como una losa sobre los que la consumaron. No se puede condenar por sospechas alternativas de quien ha sido el autor ("el fiscal general o alguien de su entorno"). La comunidad jurídica está conmocionada ante tal agresión a los principios rectores del derecho penal.

Otro desaguisado se consumó con la condena por una posible patada a una policía atribuida hacía más de cinco años al parlamentario Alberto Rodríguez de Podemos. La inexistencia de prueba era tan clamorosa, que hubo dos votos particulares y el Tribunal Constitucional terminó anulándola. Pero el hito histórico que marca la politización extrema se manifiesta en la tramitación y condena de los componentes del Gobierno de la Generalitat y a la Presidenta del Parlament por un delito de sedición y malversación. Se acordó el ingreso en prisión preventiva de la mayoría de los implicados, decisión que fue considerada arbitraria por el Grupo de trabajo de Naciones Unidas. Finalmente, la sentencia reconoce que todo se abortó con la aplicación del articulo 155 de la CE que disolvió el Legislativo y convocó nuevas elecciones.

En el ámbito de la Sala tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se han producido resoluciones sin precedentes. Me refiero al cuestionamiento de los indultos o anulando nombramientos para órganos constitucionales (Fiscalía General del Estado y Consejo de estado). Recientemente ha legitimado a las personas con relación afectiva intensa para recurrir la decisión de la Comisión de garantías y evaluación autorizando la práctica de la eutanasia, lo que inevitablemente abrirá un periodo de tiempo que prolongará, sin justificación alguna, el sufrimiento de la persona que la ha solicitado.

Nos esperan decisiones relevantes (caso mascarillas y caso Zapatero) que nos servirán para seguir midiendo el nivel y la calidad democrática de nuestro sistema judicial.

(Abordo con detenimiento estos casos, junto con el del fiscal general del Estado, en mi reciente libro 'Visto para sentencia'·, páginas 215 y siguientes. Editorial Siglo XXI).

INFOLIBRE

ESTAMOS ANTE UNA GRAN PRUEBA DE ESTRÉS PARA LA DEMOCRACIA

 

Lucio Martínez Pereda

Una operación de golpe de estado hibrido como la que esta llevando ahora la administración Trump en España es una gran prueba de estrés para medir: la disposición de la sociedad para defender la soberanía nacional, el compromiso democrático de los partidos y la capacidad de la ciudadanía para resistir la intoxicación informativa y analizar la realidad con criterio.

Hay momentos en los que la democracia deja de ser confortable y se convierte en un mecanismo sometido a mucha tensión. Lo que hoy sucede no es solo una cuestión de geopolítica. Es un examen interno. Una radiografía incómoda que revela hasta qué punto la sociedad está dispuesta- o no- a defender su propia democracia. La pregunta no es si estamos ante una crisis. Las democracias viven en crisis permanentes. La pregunta es si esta sociedad está preparada para resistir la presión. Las democracias ahora ya no caen de golpe. Se erosionan lentamente para que la sociedad menos vigilante no lo perciba.

DdA, XXII/6359

GOLPE DE ESTADO CONSUMADO CON LA PARTICIPACIÓN DE TRUMP

Muy de tener en cuenta la opinión de mi estimado Rafael Narbona, que por lo breve y a lo claro nos asegura que EEUU quiere quitarse de encima al gobierno socialista para que una coalición del PP y VOX suban el gasto de defensa al 5%, lo cual implicaría comprar más armas al amigo americano. Ese incremento se llevará a cabo recortando el presupuesto de la Seguridad Social y la sanidad pública, como ya se ha hecho en Alemania.

Rafael Narbona Monteagudo

No creo que Zapatero haya hecho nada diferente que otros ex presidentes. De hecho, tengo la impresión de que su patrimonio es inferior al de Aznar, Rajoy o Felipe González. Sin embargo, la justicia española, siempre alineada con la derecha, ha imputado a Zapatero, alegando indicios de delito. En cambio, no fue capaz de averiguar quién era M. Rajoy ni la X de los GAL. Evidentemente, estamos ante un golpe de estado consumado con la participación decisiva de Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha confirmado oficialmente que ha colaborado con la Policía Nacional española aportando información clave contra Zapatero.

EEUU quiere quitarse de encima al gobierno socialista para que una coalición del PP y VOX suban el gasto de defensa al 5%, lo cual implicaría comprar más armas al amigo americano. Ese incremento se llevará a cabo recortando el presupuesto de la Seguridad Social y la sanidad pública, como ya se ha hecho en Alemania. Con Feijoo y Abascal en el gobierno, Trump podrá utilizar sin ninguna clase de cortapisas las bases militares de Rota y Morón para bombardear Oriente Medio y enviar armas a Israel. Además, el complejo-militar industrial aumentará sus ganancias y su influencia.

Antes los golpes de estado se daban con un tricornio y una pistola. Ahora se utilizan togas y diarios como El País, que defiende los intereses del Grupo Prisa en Venezuela y, por eso, se muestra implacable con Zapatero, cuya labor de mediador choca con las maniobras especulativas de las grandes empresas españolas. Las democracias cada día están más huecas. Ya solo son escenarios donde se escenifica la ficción de la soberanía popular. La soberanía real está en manos de bancos, fondos de inversión, corporaciones y megalómanos como Elon Musk. Si la sociedad no reacciona, las distopías de Orwell, Bradbury y Huxley pronto dejarán de ser inquietantes fantasías para convertirse en espeluznantes realidades.

DdA, XXII/6359

SE ESTÁ MONTANDO UN CASO LULA A LA ESPAÑOLA

Confiar en la policía y la justicia españolas es una tarea cada vez más ardua. Como dice José Antonio Martín-Pallín, presidente de honor de esta revista, vivimos bajo un golpe de Estado judicial cuyo objetivo es desalojar a Pedro Sánchez. Las causas políticas abiertas de forma sucesiva contra Begoña Gómez, el fiscal general del Estado, el hermano de Sánchez y ahora el expresidente Zapatero confirman este hecho que cierra el círculo iniciado por la policía patriótica con Podemos, sus socios y el procesismo catalán. El auto de Calama muestra que Zapatero es un expresidente haciendo las cosas que suelen hacer los expresidentes, pero molestando a la derecha trumpista y a EEUU. La entrada del grupo editorial más respetado del país en la cacería de uno de los activos electorales del centro izquierda es una pésima noticia para la pluralidad, la democracia y el ecosistema mediático y social. 

EDITORIAL 

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental –sin descartar, de momento, posibles acusaciones de compraventa de joyas y de comercio ilegal de oro (amarillo, según la jerga de la UDEF) y otros minerales raros– ha convertido a la democracia española en un estercolero.  

La filtración del auto del juez Calama, lleno de inferencias, dimes, diretes, errores, suposiciones e indicios directamente transcritos de los dos informes de la UDEF, también convenientemente filtrados urbi et orbi, ha conseguido su objetivo principal. El linchamiento público y el escarnio / escarmiento de Zapatero y su familia / entorno. A estas alturas –y pase lo que pase con un proceso judicial que será todo lo largo que se necesite– todos ellos saben que han sido cancelados para una larga temporada de la vida política, y posiblemente de la actividad laboral. 

El juicio mediático paralelo que suelen celebrar las televisiones privadas y los medios y submedios de las cloacas contra los adversarios políticos –encausados o no– se ha expandido esta vez con mayor potencia que nunca, con una unanimidad casi total. Cuesta estos días distinguir las portadas de El País y la SER, o algunos informativos de RTVE, de las que despachan The Objective, El Mundo, El Debate o El Confidencial. Unos y otros se suman con la misma alegría y sin rubor alguno a la orgía, y desmenuzan cada detalle de las supuestas revelaciones escandalosas que depara la investigación de una Fiscalía Anticorrupción sesgada políticamente y de una UDEF que ha sido dirigida por un inspector jefe acusado de narcotráfico y blanqueo que escondía 20 millones de euros emparedados en su casa.  

El culmen de esa bacanal de inmundicia, sensacionalismo e irresponsabilidad ha sido la publicación masiva de las fotos de las joyas halladas por las Fuerzas de Seguridad en la caja fuerte que Zapatero tenía en su despacho. ¿Habría pasado lo mismo si los investigados hubieran sido Rajoy, Aznar o Felipe González? ¿Es medianamente decente e informativamente relevante esa exhibición de lo que los medios llaman “un botín”? ¿Tal vez intentan conseguir que el público piense que Zapatero es un gángster que se dedica a atracar joyerías?  

Confiar en la policía y la justicia españolas es una tarea cada vez más ardua. Como dice José Antonio Martín-Pallín, presidente de honor de esta revista, vivimos bajo un golpe de Estado judicial cuyo principal objetivo es desalojar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno. Las causas políticas abiertas de forma sucesiva contra Begoña Gómez, el fiscal general del Estado, el hermano de Sánchez y ahora el expresidente Zapatero confirman este hecho que cierra el círculo iniciado por la policía patriótica con Podemos, sus socios y el procesismo catalán.  

La reciente condena del TS al fiscal general, sin una sola prueba de cargo en su contra, indica que la judicatura ha traspasado ya todas las líneas rojas. El linchamiento policial y mediático de Zapatero –también, de momento, sin una sola prueba sólida en su contra– señala que el Grupo Prisa y algunos informativos de RTVE se han igualado con los medios más corruptos del país al renunciar a poner sus principios deontológicos y profesionales por encima del sectarismo, el amarillismo y la histeria.  

Acabe como acabe el proceso a Zapatero, la entrada del grupo editorial más respetado del país en la cacería de uno de los activos electorales del centro izquierda es una pésima noticia para la pluralidad, la democracia y el ecosistema mediático y social. Primero, porque es un ataque al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y contrastada. Pero también porque violenta las bases de un Estado de derecho edificado sobre el respeto a la presunción de inocencia. 

El auto de Calama muestra que Zapatero es un expresidente haciendo, según afirman otros investigados, las cosas que suelen hacer los expresidentes, pero molestando a la derecha trumpista y a Estados Unidos. Si lo que hizo es ilegal o delictivo, tendrá que dar explicaciones a la ciudadanía y luego competerá a los jueces probar su culpabilidad. En este caso, deberían ser investigados de oficio los demás expresidentes, y con el mismo celo. Pero las causas abiertas contra el entorno de Sánchez hacen pensar que eso no sucederá. Porque el fin evidente de esta operación es acabar como sea con el presidente del Gobierno; es decir, montar un caso Lula a la española.

CTXT  DdA, XXII/6359