De la migración a la vivienda, de Ceuta a la madrileña Puerta del Sol y de la tumba casi segura de Pedro Sánchez a la posibilidad de volver a obrar el milagro electoral. Observar el péndulo de la actualidad política española tiene algo de fascinante. Sánchez empezó septiembre tocado de muerte por la mala gestión de la crisis de Ceuta, pero un desahucio traumático ha cambiado por completo la conversación pública en el Estado español, prendiendo la mecha de un malestar que lleva acumulándose años: la dificultad cada vez mayor de acceder a una vivienda digna. Sánchez tiene ante sí la posibilidad de convocar una campaña que se salga del marco de la migración y la supuesta corrupción, y tenga una preocupación material real, como el acceso a la vivienda, como eje central, un terreno de juego que beneficia sin duda a la izquierda. Al desahucio traumático hay que añadir sus efectos movilizadoras, puestos de manifiesto en cincuenta ciudades de España con grandes manifestaciones este sábado como la de Madrid.
Beñat Zaldua
Recapitulemos. El miércoles 23 de septiembre, una comitiva judicial acompañada por un fuerte dispositivo policial ejecutó el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que tuvo que salir en camilla de la vivienda que habitaba desde hace siete décadas en Madrid.
La conmoción fue descomunal, gracias en gran medida al trabajo del Sindicato de Inquilinas, que lleva años predicando en el desierto de la crisis habitacional. El pasado sábado, una multitudinaria manifestación reclamó en la capital española garantías contra los desahucios y medidas para garantizar el acceso a la vivienda, un derecho consagrado en la Constitución, pero vulnerado día a día.
Al acabar, varias tiendas de campaña afloraron en la céntrica Plaza del Sol, convirtiendo la protesta en una acampada permanente que sigue en pie con un eco fenomenal, réplicas en otras ciudades y mucho espacio en los medios. Efervescencia.
El desahucio atrapó a Sánchez en el despacho del alcalde de New York, Zohran Mamdani, una bonita plataforma desde la cual ponerse al frente de la protesta. ¿Cómo capitalizar una protesta cuando se es gobierno? Recordemos: durante buena parte de esta legislatura ha estado en vigor una suspensión de los desahucios, pero en abril, los miembros más díscolos de la mayoría que en su día hizo presidente a Pedro Sánchez, los conservadores catalanes de Junts, tumbaron la renovación del decreto, por lo que la protección para los inquilinos más vulnerables decayó. Sánchez estaba en condiciones de recoger ese malestar de la gente y confiar en que, ahora sí, Junts aprobaría medidas algo más ambiciosas bajo presión popular.
El gobierno se puso manos a la obra no sin tensiones entre el PSOE, de Sánchez, y sus socios de gobierno, Sumar, que exigía aprovechar el momento para aprobar políticas más contundentes en la materia.
El resultado fueron dos decretos. Una primera norma con medidas coyunturales para frenar los desahucios, poner cierto freno a los fondos buitres y a otras prácticas que encarecen la vivienda, y una segunda con una propuesta algo más valiente y estructural: la prórroga automática de los contratos de alquiler, algo que ya se aplica en muchos países y que, en contra de lo que argumenta la derecha, no perjudica a los pequeños propietarios –a los que ofrece garantías y un mercado estable–, sino a quien pretenda especular y sacar el máximo beneficio de un bien de primera necesidad como la vivienda.
La lógica de trocear las medidas en dos decretos era lograr sacar adelante el primero de ellos, con las medidas coyunturales a modo de «mínimo humanitario», y forzar a las derechas a retratarse con la segunda, sabiendo que no la iban a apoyar.
De fondo, la compleja mayoría que invistió a Sánchez, formada por partidos estatales a la izquierda del PSOE –Sumar y Podemos– y por partidos vascos, catalanes y gallegos, tanto de izquierdas como de derechas.
Podemos, muy díscolo en el reciente periodo, escuchó la voz de la calle y se avino a apoyar los dos decretos, a los que ya habían dado el visto bueno los partidos progresistas de las naciones sin estado. Los conservadores vascos del PNV cumplieron el guion y anunciaron su apoyo al primer decreto y el rechazo al segundo.
Todo quedaba en manos de Junts, que parecía inclinarse por la misma pauta, lo que hubiera dado un importante balón de oxígeno a Sánchez. Para seguir o para convocar elecciones, a estas alturas tanto da.
En un giro de los acontecimientos, y demostrando que les da igual que gobiernen quienes reprimieron violentamente al independentismo catalán en 2017 o quienes lo amnistiaron años después, Junts decidió tumbar los dos decretos, dejando a Sánchez en el alambre.
¿Y ahora? El momento es fascinante y pese al peligro, ofrece una incierta ventana de oportunidad. La mayoría que hizo a Sánchez presidente es una entelequia ahora mismo, no sirve para hacer frente a las necesidades de la sociedad, es inoperante. Las encuestas siguen hablando de una mayoría de PP y Vox, pero también la anunciaban en 2023. Y aunque sea desde la debilidad de haber perdido una votación importante, Sánchez tiene ante sí la posibilidad de convocar una campaña que se salga del marco de la migración y la supuesta corrupción, y tenga una preocupación material real, como el acceso a la vivienda, como eje central, un terreno de juego que beneficia sin duda a la izquierda.
Por delante tiene un fin de semana para calibrar si en los próximos meses va a tener una pequeña oportunidad, arriesgada, como la que ahora se le ha abierto.
LA JORNADA DdA, XXII/6485
