En cocinas de Camerún, aldeas de Indonesia, comunidades de Yemen, barrios de Londres o familias de Nueva Delhi se siguen perpetrando actos de violencia extrema contra niñas y mujeres. Piedras calientes aplastan pechos en desarrollo. Cuchillos mutilan genitales. Niñas de doce años son entregadas en matrimonio a hombres mayores. Viudas son sometidas a rituales de «purificación» sexual forzada.
Iñaki Errazkin
Sin embargo, estas realidades, aunque devastadoras, no son un cuadro estático. Paradójicamente, conviven con avances significativos en varias regiones del mundo. Reconocer estos progresos no es relativizar el sufrimiento, sino entender que el cambio cultural es posible y que ya está en marcha allí donde las comunidades han decidido romper el silencio.
El mapa de la mutilación y sus matices
La mutilación genital femenina ha marcado ya a más de doscientos treinta millones de mujeres y niñas que viven hoy en todos los continentes. África concentra una parte muy importante de los casos, pero la práctica se documenta en decenas de países del planeta: desde Indonesia, Malasia, India, Yemen e Irak hasta comunidades indígenas de América y diásporas asentadas en Europa, Estados Unidos o Australia.
Ahora bien, para entender realmente el problema, es imprescindible mirar las tendencias, no solo las cifras brutas. Según los informes más recientes de UNICEF, la incidencia de la mutilación entre las adolescentes ha descendido de forma notable en países como Kenia, Etiopía o el centro de Nigeria en las últimas dos décadas. Este descenso no ha venido impuesto desde fuera, sino impulsado por activistas locales, matronas y supervivientes que han conseguido plantar cara al discurso tradicional. El problema, por tanto, no es uniforme ni irreversible. Es profundamente dinámico.
El planchado de senos, originario de África occidental, también ha llegado a Europa a través de las diásporas. El matrimonio infantil continúa condicionando la vida de cientos de millones de mujeres (más de 640 millones de mujeres vivas contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18 años, según UNICEF), y a ello se suman rituales de viudedad, alimentación forzosa y otras formas de violencia menos conocidas, pero igualmente devastadoras.
El falso debate religioso y las verdaderas raíces estructurales
Estas prácticas no pertenecen a una sola religión, una sola cultura ni una sola región del mundo. Son transreligiosas y transcontinentales. La mutilación genital femenina se practica entre comunidades musulmanas, cristianas, hinduistas y seguidoras de religiones tradicionales. No aparece prescrita en el Corán, la Biblia ni en los textos sagrados; es anterior a todas ellas. De hecho, numerosos líderes religiosos de distintas confesiones la han condenado de forma expresa.
Cuando alguien invoca la religión o la cultura para justificarlas, suele hacerlo desde interpretaciones patriarcales y normas sociales profundamente arraigadas, no desde los propios textos religiosos. Pero hay un factor que el debate habitual pasa por alto: estas justificaciones se agudizan y endurecen en contextos de inestabilidad política, conflictos armados o colapso económico.
En Yemen y en distintas zonas del Sahel, los conflictos armados y el desplazamiento forzoso han dificultado los avances logrados durante años y, en algunos lugares, existen indicios de una mayor persistencia o incluso de un recrudecimiento de determinadas prácticas. Cuando las comunidades viven bajo una amenaza constante, tienden a aferrarse con más fuerza a aquellos rituales que identifican con su identidad colectiva.
Su permanencia responde, además, a un mecanismo colectivo especialmente difícil de combatir: la normalización. En muchas comunidades no son percibidas como actos de crueldad, sino como tradiciones necesarias para garantizar el honor familiar, la aceptación social o el futuro matrimonial de las niñas. La violencia deja así de presentarse como una excepción para convertirse en una costumbre transmitida de generación en generación.
Conviene recordar que estas prácticas no siempre son ejecutadas por hombres. En numerosas comunidades son mujeres (madres, abuelas o mutiladoras tradicionales) quienes organizan o perpetúan estas prácticas, convencidas de que garantizan el honor, la aceptación social o el futuro matrimonial de las niñas. Lejos de eximir la responsabilidad del sistema patriarcal, este hecho muestra hasta qué punto sus normas pueden ser interiorizadas y transmitidas por toda la comunidad.
Más allá de la pobreza: el papel de la impunidad
La pobreza y la desigualdad de género son combustibles evidentes. Sin embargo, hay un tercer factor estructural que suele quedar en la sombra y que es determinante: la fragilidad del Estado de derecho. En muchas de estas regiones, aunque existan leyes nacionales que prohíben la mutilación o el matrimonio infantil, la corrupción, la ausencia de juzgados accesibles y la impunidad de las autoridades locales convierten esas normas en instrumentos prácticamente ineficaces.
Sin un sistema judicial que llegue a las aldeas, las prohibiciones legales no protegen a las niñas; simplemente empujan la práctica a la clandestinidad, donde se realiza con peores condiciones higiénicas y mayor riesgo para la salud.
Consecuencias humanas y marco jurídico
Las consecuencias son devastadoras: infecciones, hemorragias, fístulas, infertilidad, complicaciones obstétricas, trastornos psicológicos profundos, abandono escolar y pérdida de oportunidades durante toda la vida. Todas estas prácticas comparten un mismo denominador: privan a las niñas de cualquier capacidad real para decidir sobre su propio cuerpo y sobre su propio proyecto de vida. Estas prácticas vulneran derechos fundamentales reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y numerosas resoluciones de Naciones Unidas.
Soluciones reales: de la ley al diálogo comunitario
Afortunadamente, el cambio ya ha comenzado, y cada vez más supervivientes alzan la voz. Pero para acelerar el proceso, la comunidad internacional y los gobiernos locales deben complementar las respuestas tradicionales con estrategias más integrales.
Combatir estas atrocidades exige algo más que «leyes eficaces y educación» como meras consignas. Exige, en primer lugar, estrategias de base que han mostrado resultados en distintos contextos: formar y empoderar a matronas y enfermeras rurales para que disuadan a las familias en el mismo momento del parto o la crianza; crear círculos de diálogo periódicos con líderes religiosos y ancianos reformistas; y ofrecer incentivos económicos tangibles (becas escolares o microcréditos) a las familias que mantengan a sus hijas sin mutilar y sin casar antes de los 18 años.
La experiencia comparada muestra que la prohibición penal sin el respaldo de un consenso social activo suele fracasar. Los países que han logrado reducciones significativas en determinadas regiones y generaciones, como Senegal o Etiopía, no han impuesto el cambio por decreto, sino que han combinado la legislación con un trabajo puerta a puerta en las comunidades, donde el discurso de los derechos humanos se ha traducido a los valores locales de salud, bienestar y futuro familiar.
Universalismo frente a relativismo cultural
Los derechos humanos no pueden aplicarse con excepciones culturales, porque precisamente su carácter universal consiste en proteger por igual a todas las personas, nazcan donde nazcan y crean en lo que crean. Esta defensa de la dignidad humana no debe confundirse jamás con racismo, xenofobia ni intolerancia religiosa. Criticar estas prácticas no significa condenar a un pueblo, a una etnia o a una religión en su conjunto. Significa defender a las niñas y mujeres frente a una violencia que puede aparecer bajo muy distintas tradiciones.
La verdadera solidaridad no consiste en relativizar el sufrimiento en nombre de un mal entendido respeto cultural. Consiste en situar siempre a las víctimas en el centro y, además, en escuchar y financiar a los movimientos feministas autóctonos, que son quienes realmente arriesgan su vida y conocen las claves culturales para desmontar estas prácticas desde dentro.
Conclusión: ni silencio ni simplificaciones
Cada pecho aplastado, cada genital mutilado y cada matrimonio impuesto durante la infancia representan una derrota de toda la humanidad. El silencio nunca ha protegido a las víctimas; solo ha protegido a quienes las dañan. Pero tampoco el discurso catastrofista que omite los avances logrados hace justicia a la lucha de quienes están consiguiendo doblegar estas tradiciones.
La única respuesta moralmente aceptable es la erradicación completa, pero esta solo será sostenible si se construye desde el conocimiento profundo de cada contexto, reconociendo los progresos ya alcanzados, atacando la impunidad judicial y apoyando a los agentes de cambio locales.
La erradicación solo será posible si combina la firmeza ética de unos derechos humanos verdaderamente universales con el apoyo decidido a quienes, desde el interior de sus propias comunidades, están demostrando que el cambio es posible. Mientras una sola niña siga siendo mutilada, obligada a casarse o sometida a cualquier forma de violencia en nombre de la tradición, los derechos humanos seguirán siendo una tarea pendiente para toda la humanidad.
NUEVA REVOLUCIÓN DdA, XXII/6434
