La palma de la confrontación con el Poder Ejecutivo la ostenta, sin duda, el juez Peinado por la reiteración de conductas injustificables a la luz de los principios que deben regir el ejercicio de la función judicial. Decide entrar en la sede de la Presidencia del Gobierno para montar el espectáculo sin justificación racional alguna. En la segunda oportunidad conmina a los servicios de Presidencia a que le den acceso por la puerta habilitada para los ministros y que pongan a su disposición un coche oficial porque en la anterior ocasión le solicitaron la identificación con grave desprestigio de su autoridad. El nivel de arrogancia resulta patológico cuando, para interrogar al ministro de Presidencia y de Justicia, solicita que se le coloque una tarima como símbolo de su supremacía.
José Antonio Martín Pallín
Con frecuencia he denunciado, en numerosos artículos y libros, la cadena,
estadísticamente preocupante, de resoluciones judiciales que han abierto
procesos penales y en muchos casos condenas contra representantes de la
soberanía popular, políticos y personas que ostentan cargos institucionales en
las esferas del poder. La lista es interminable y de todos conocida. No es el
propósito de este artículo reincidir en los desafueros jurídicos cometidos en
la totalidad de los casos sino resaltar el contenido agresivo y militante del
lenguaje que se vierte en los textos de algunas resoluciones judiciales.
Las reglas de conducta de los jueces y magistrados y la Ley Orgánica del
Poder Judicial les recuerdan que no pueden utilizar expresiones innecesarias o
improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde
el punto de vista del razonamiento jurídico. En los momentos actuales, el nivel
de radicalización política de determinados sectores togados ha aumentado, a mi
juicio, hasta extremos que nos permiten sostener, sin hipérbole alguna, que nos
encontramos ante lo que, en términos políticos, podríamos definir como un golpe
judicial. Ya no estamos únicamente ante decisiones aisladas que invaden
competencias de otros poderes del Estado, sino ante una dinámica de presión y
confrontación que pretende condicionar el funcionamiento de las instituciones,
desgastar a quienes no comparten una determinada orientación ideológica y
debilitar la soberanía popular expresada en las urnas.
Las descalificaciones procedentes de personas que ejercen la función
judicial contra el que consideran como un Gobierno ilegítimo se producen en
cascada, no solo en resoluciones judiciales sino también fuera de ellas en las
proximidades de los palacios y ciudades de la Justicia. La mayoría de las
asociaciones judiciales han emitido comunicados de apoyo a los desmanes
judiciales y se han sumado a las descalificaciones de algunas decisiones de los
otros dos poderes del Estado. Individualmente algunos de sus miembros utilizan
las redes sociales de forma inadecuada para los que ostentan tan alta
responsabilidad, despojándose de su dignidad y cordura para enfangarse en las
pocilgas de la zafiedad y el insulto contra el presidente del Gobierno y
su entorno. Asombrosamente, el Consejo General del Poder Judicial ha
permanecido impasible ante conductas tan indecorosas que han justificado con el
derecho a la libertad de expresión.
La palma de la confrontación con el Poder Ejecutivo la ostenta, sin duda,
el juez Peinado por la reiteración de conductas injustificables a la luz de los
principios que deben regir el ejercicio de la función judicial. Decide entrar
en la sede de la Presidencia del Gobierno para montar el espectáculo sin
justificación racional alguna. En la segunda oportunidad conmina a los
servicios de Presidencia a que le den acceso por la puerta habilitada para los
ministros y que pongan a su disposición un coche oficial porque en la anterior
ocasión le solicitaron la identificación con grave desprestigio de su
autoridad. El nivel de arrogancia resulta patológico cuando, para interrogar al
ministro de Presidencia y de Justicia, solicita que se le coloque una tarima
como símbolo de su supremacía. La referencia, en una resolución, a Fernando VII
para unirse al coro de dementes que sostienen, sin rubor, que vivimos en una
dictadura, merece ser calificada como una extravagancia cum laude.
Existen otros casos en los que la gravedad de la confrontación pone en
riesgo la estabilidad del Estado de derecho. Destaca el posicionamiento de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, en relación con los indultos concedidos a
los independentistas catalanes condenados por la Sala Segunda del mismo
tribunal. Admitieron insólitamente la legitimación de los querulantes de
guardia (Manos Limpias) para impugnar el indulto. Como es lógico, compartieron
sus alegaciones, pero no dejaron de insinuar que el Gobierno había concedido el
indulto para conseguir su permanencia en el poder "comprando" el voto
de los independentistas catalanes. Sin duda, se trata de una imputación
gravísima e inaceptable en un órgano jurisdiccional que se supone imparcial y
respetuoso con la división de poderes.
Para no perdernos en la abundante bibliografía judicial, dos ejemplos del
presente. Con motivo de la judicialización de la coloquialmente conocida como
ley de nietos, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, una vez más, ha concedido
la legitimación a dos partidos políticos, Vox e Iustitia Europa, que
alegaron que se había vulnerado su derecho al sufragio activo (voto), del que
evidentemente carecen al ser personas jurídicas. Solicitan privar del derecho
de voto a los españoles nacionalizados según la disposición transitoria octava
de la Ley de Memoria Democrática, eliminándoles del censo electoral de
residentes ausentes (CERA). En el curso de una tortuosa tramitación se han
dirigido dos oficios a los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia en
un tono conminativo impropio de la cortesía y respeto institucional debido a
otro poder del Estado. El Supremo acordó requerir, por medio del abogado del
Estado, a los señores ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las
Cortes y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que remitan a esta
Sala, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la
relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la
Disposición Adicional 8ª.1.1 de la LMD, "con expreso apercibimiento"
a los precitados de que si no remiten la información solicitada en el plazo
perentorio de cinco días, se les impondrá una multa e incluso podrían incurrir
en responsabilidades penales.
Por su parte, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha
iniciado una investigación penal por los delitos contra la paz y la
independencia del Estado y la forma de Gobierno. No hay que ser un malpensado
para deducir que se dirige contra el presidente del Gobierno y algunos
ministros por omitir las medidas necesarias para impedir la invasión de Ceuta
por 85.000 personas, según ella misma contabiliza. Quiere conocer las políticas
de los Gobiernos de España y Marruecos en relación con los flujos migratorios e
informaciones que afectan a la seguridad nacional, cuestiones que no competen a
las autoridades judiciales. Desliza, con matizaciones, que la política de
regularización de emigrantes puede ser un "factor concurrente de carácter
secundario" que fomentó la invasión masiva. No se trata de una
investigación judicial sino de una enmienda a la totalidad de la política
interior y exterior del Gobierno.
PÚBLICO DdA, XXII/6618