VOX LOS PROPONE EN VALENCIA, ¿LLEGARÁN SUS PLANES DE DEPORTACIÓN A LA MONCLOA?

 

Lazarillo

Como las encuestas siguen siendo favorables al crecimiento de Vox en las urnas, haciendo con ello posible un gobierno en el país PPVOX, no está de más recordar que en la Comunidad de Valencia la extrema derecha no sólo ha estado gobernando con Mazón durante la nefasta gestión del president que dio como resultado la muerte de más 200 personas por las riadas hace más de un año, sino que en la agenda del partido de Santiago Obiscal, que dice Trump el Deportador, hay unos planes de deportación (retorno lo llaman) de inmigrantes a sus países de origen. Lo que el grupo parlamentario de la extrema derecha tiene en cartera como proposición no de ley en aquella región es la deportación de cualquiera inmigrante si comete delitos graves, no quiere integrarse en la cultura española o haya accedido ilegalmente a nuestro país, a tal fin supervisaría las concesiones de nacionalidad de los últimos años para evitar el fraude y revocaría la de aquellos inmigrantes que la haya obtenido de manera fraudulenta. Leyendo esa proposición cabe deducir, dado que para estas dos últimas finalidades un gobierno autonómico no tiene competencias, que Vox nos anuncia en la Comunidad de Valencia lo que podría acordar con competencias en el gobierno central si Feijóo llegara con Vox a La Moncloa. ¿Se imaginan en España redadas de inmigrantes que no respeten la "cultura" de la tauromaquia o el "toro de fuego"? 

DdA, XXI/6195

¿ES POSIBLE CUALQUIER ATROCIDAD EN EL CARIBE DESPUÉS DE GAZA?

La editorialista del diario mexicano La Jornada, después la acción de piratería perpetrada contra  un petrolero con bandera turca en la costa venezolana, que transportaba petróleo de este país, cree que los niveles de agresión contra la soberanía de América Latina y el Caribe por parte del gobierno de Donald Trump reflejan su confianza en la posibilidad de acometer cualquier atrocidad con total impunidad, impresión confirmada por la ausencia de consecuencias que tuvo la invasión y el genocidio del pueblo palestino que Estados Unidos junto al gobierno de Netanyahu vienen ejecutando desde hace más de dos años en la Franja de Gaza, con un alto el fuego de apariencia que no deja de incrementar el número de asesinatos de la población civil gazatí.

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la Guardia Costera de su país incautó frente a las costas de Venezuela “el petrolero más grande jamás confiscado”, aunque, como es habitual en su gobierno, no lo identificó ni especificó el lugar de la intercepción. La medida se produjo en medio de una masiva acumulación militar estadunidense en la región, que incluye un portaviones, aeronaves de combate, buques de desembarco y decenas de miles de tropas. Asimismo, el magnate amenazó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, con que “podría ser el siguiente”, en referencia a que Washington iría por él tras deponer, por medio de la fuerza militar, al gobierno de Venezuela.

El ataque contra la principal fuente de ingresos del Estado venezolano hace pensar que el despliegue bélico estadunidense en torno a la nación caribeña no tiene y nunca tuvo la intención de combatir el narcotráfico, sino el de consumar el anhelo compartido por los pasados cinco inquilinos de la Casa Blanca: expulsar al chavismo del poder e instalar en Caracas un régimen títere que entregue a las corporaciones occidentales el control sobre las mayores reservas petroleras del planeta.

Esa ansia de hidrocarburos, que debería haberse mitigado conforme el mundo transita hacia fuentes de energía renovables y bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, ha vuelto al primer plano con el trumpismo y su determinación de extraer y quemar tanto petróleo como le sea posible. Por ejemplo, en julio la administración republicana eliminó una norma que limitaba emisiones contaminantes de autos y plantas energéticas y hace una semana relajó los topes de consumo de combustible de los vehículos. Se estima que esta última medida provocará un aumento en el uso de gasolinas y diésel de alrededor de 380 mil millones de litros hasta 2050, así como un alza de 5 por ciento en la producción de dióxido de carbono.

De manera complementaria, cabe preguntarse si los embates contra Caracas y Bogotá forman parte de un plan de Washington para apoderarse de las rutas de trasiego de cocaína existentes y abrir nuevas, por ejemplo, a través de Venezuela, por donde en la actualidad no pasa ni la vigésima parte de la que se produce en su vecino occidental. En este sentido, debe recordarse que la Casa Blanca y sus agencias de inteligencia han trabajado una y otra vez con gobiernos que usan un discurso de mano dura contra el crimen a fin de ocultar su carácter delictivo, como ocurrió con el calderonato en México y el narcoparamilitarismo de Álvaro Uribe en Colombia. En el primer caso, los mismos estadunidenses han reconocido que su hombre fuerte en nuestro país, Genaro García Luna, fue el gran dirigente del narcotráfico mientras encabezaba las instancias encargadas de combatirlo. Las perspectivas de que Uribe vuelva a gobernar Colombia por medio de testaferros tras las elecciones del año entrante sin duda incentivan a Washington a cerrar la pinza en torno a Venezuela, la última ficha que les faltaría para tener un dominio total sobre el lucrativo negocio de los estupefacientes en Centro y Sudamérica.

Al mismo tiempo, los niveles de agresión contra la soberanía de América Latina y el Caribe reflejan la confianza del trumpismo en su posibilidad de perpetrar cualquier atrocidad con total impunidad, impresión confirmada por la ausencia de consecuencias en el genocidio que lleva dos años ejecutando de la mano de Israel sobre el pueblo palestino. La presencia de gobiernos de derecha y de ultraderecha alineados con Washington en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, El Salvador, Trinidad y Tobago, aunada a la probable llegada al poder de un grupo político abiertamente pinochetista en Chile y la amenaza del uribismo en Colombia, es otro factor que envalentona al trumpismo al mostrarle que la región se encuentra dividida y sin posibilidad alguna de resistir el injerencismo, venga en forma de sanciones ilegales, de actos de piratería como el cometido ayer contra el petrolero o de bombardeos y masacres.

Ni de Trump ni de sus aliados cabe esperar actos de respeto a la legalidad internacional, por lo que México y las escasas democracias que se mantienen en pie en el ámbito latinoamericano deben prepararse para tiempos oscuros, de lo cual son una anticipación las constantes agresiones diplomáticas que nuestro país ha sufrido a manos de regímenes de facto y autoritarios en la región andina.

LA JORNADA MX.

CUANDO EL PAPA DE ROMA HABLABA CON ROMANELLI, PÁRROCO DE GAZA

 

Félix Población

Ayer le dieron el Premio Nobel de la Paz en Oslo, una ciudad que registró por ello protestas ciudadanas en las calles sin que los grandes medios de comunicación dieran noticia de la mismas*, a una señora que defiende la barbarie perpetrada por el Estado de Israel en la Franja de Gaza y que goza de la fraterna amistad de Donald Trump, máximo valedor de esa barbarie y de un alto el fuego durante el que se siguen contabilizando asesinatos de la población civil palestina. Javier de la Puerta nos facilita hoy desde Jerusalén este vídeo de la situación que se vive en los extensos campos de tiendas de campaña en que se ha convertido la existencia de un pueblo masacrado y unas ciudades arrasadas por los bombardeos israelíes. Aunque las temperaturas siguen siendo suaves, la lluvia hace mucho más penosas las circunstancias en las que los gazatíes se ven obligados a vivir, sin infraestructuras de ningún tipo. Es el padre Gabriel Romanelli, párroco de la única iglesia católica de Gaza, el que ha colgado este vídeo para que tengamos cabal idea de la situación. Como recordarán, Romanelli recibía a diario la llamada telefónica del anterior Papa Francisco para tener información en directo del episodio histórico más brutal ocurrido en el planeta desde el holocausto en los campos de exterminio nazis. El actual pontífice no debió de considerar propio de su ministerio en la tierra mantener ese contacto con el único representante de su iglesia en la tierra arrasada de Gaza. Es un modo de deserción, a su vez, del mensaje de Cristo, sobre el que no he escuchado ni leído ningún comentario. Con razón Javier escribe que cuanto más escucha y lee la palabras de León XIV, más echa de menos la autenticidad de su predecesor, otra excepción loable en la iglesia de Roma. Me pregunto si ese hilo directo que mantenía el Papa Francisco con el padre Romanelli para saber de la barbarie israelí en Gaza lo ha interrumpido Robert Francis Prevost por no importunar a su compatriota Donald Trump, el forjador de un alto el fuego igualmente asesino. La guerra no terminó, nos dice Romanelli.

*Es de hacer notar que mientras la edición digital de El País España dedicaba ayer un amplio espacio a la supuesta odisea vivida por Corina Machado para salir de su país con dirección a la capital noruega, sin una sola alusión a las protestas en las calles de Oslo, la edición de El País América sí las tenía en cuenta, como hicieron otros medios de América Latina. 

DdA, XXI/6195

NOBEL DE LA PAZ HACIA EL ABISMO DEL DESPRESTIGIO

El Nobel de la Paz a Corina Machado  justifica el golpe blando, sanciones, bloqueos, y si hace falta, una "intervención humanitaria" como en Libia o Irak. Nada de Paz, esto ha sido un cheque en blanco para que el imperialismo campe más a sus anchas de lo que ya hace.

Juan Tortosa

Confirmado: Tras la performance organizada en torno a la ceremonia del Nobel de la Paz por parte de Corina Machado y quienes la apoyan, pocas dudas quedan ya de que se interpretó un guion estudiado al detalle. Todo perfectamente medido durante varios días, con la dosis de suspense reglamentaria, para obtener la máxima repercusión. ¡Oh, casualidad!, la premiada solo consiguió llegar una vez que su “contrita” hija Ana Corina Sosa Machado había recogido ya en su nombre la medalla de oro y el diploma acreditativo y leyera el discurso de aceptación donde proclamó a los cuatro vientos que su madre solo aspira a “vivir en una Venezuela libre”. Un debut en el mundo del show business demasiado perfecto para estar improvisado.

El Premio Nobel de la Paz de este año ha sido una decisión política con la intención de blanquear y justificar el cambio de régimen al que la internacional del ultraderechismo aspira en Venezuela. Ni una palabra sobre las violaciones de los derechos humanos y sobre los ataques que rozan el terrorismo de Estado que está protagonizando EEUU en aguas de Venezuela. Muy elocuente la presencia de los cuatro mandatarios latinoamericanos que asistieron al acto: el argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino, el paraguayo Santiago Peña y el ecuatoriano Daniel Noboa, cuyo sueño húmedo es tener pronto como colega a Machado para rendir juntitos todos ellos descarada pleitesía a un Donald Trump, dispuesto a descuartizar América Latina.

Esto no va paz, ni de libertad ni democracia. Va de petróleo, de gas, de litio y de joderle el patio trasero a China y Rusia. Va de intereses económicos y geopolíticos. Un guiño descarado a los halcones de Washington y Bruselas cuyo objetivo más urgente es acabar con Nicolás Maduro de una vez. El Nobel de la Paz lleva años en crisis de legitimidad, y este año se ha tirado de cabeza al abismo. Premiar a Machado no es más que legitimar intervenciones disfrazadas de humanitarismo, erosionando la autoridad moral del premio.

Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del planeta. Con Maduro alineado con Pekín y Moscú, Occidente babea por un gobierno títere que abra las puertas a Exxon y Chevron. Machado es el rostro perfecto: liberal, anticomunista, y dispuesta a privatizar todo lo que huela a soberanía. El Nobel justifica el golpe blando, sanciones, bloqueos, y si hace falta, una "intervención humanitaria" como en Libia o Irak. Nada de Paz, esto ha sido un cheque en blanco para que el imperialismo campe más a sus anchas de lo que ya hace. Punto.

LAS CARGA EL DIABLO DdA, XXI/6195

LOS POLÍTICOS YA NO TIENEN PENSIONES VITALICIAS EN DINAMARCA

Aquí, la política se ha convertido para muchos en una profesión de por vida, un entramado capaz de sostener a cientos de miles de personas —y a menudo también a sus círculos cercanos— gracias a una estructura sobredimensionada. Es lógico que la ciudadanía se pregunte por qué aquellos que deberían responder ante el pueblo disfrutan de beneficios que no existen en la vida cotidiana del ciudadano medio. ¿En qué momento se asumió que un político es un ciudadano distinto, con derechos añadidos solo por haber ocupado un cargo?

Ricardo Miñana

La reciente decisión de Dinamarca de retirar las pensiones vitalicias a sus políticos y equipararlas a la pensión legal del resto de ciudadanos ha reabierto un debate que muchos consideraban olvidado. Allí, quienes ostentan cargos públicos no reciben un trato especial cuando dejan la política: se integran en el mismo sistema que la gente a la que dicen servir. A simple vista, parece un gesto lógico y coherente en una democracia madura, donde se entiende que el poder no otorga privilegios permanentes, sino responsabilidades temporales.

Resulta difícil no comparar esta medida con la realidad española. Aquí, la política se ha convertido para muchos en una profesión de por vida, un entramado capaz de sostener a cientos de miles de personas —y a menudo también a sus círculos cercanos— gracias a una estructura sobredimensionada. Es lógico que la ciudadanía se pregunte por qué aquellos que deberían responder ante el pueblo disfrutan de beneficios que no existen en la vida cotidiana del ciudadano medio. ¿En qué momento se asumió que un político es un ciudadano distinto, con derechos añadidos solo por haber ocupado un cargo?

Reclamar una reforma profunda no es un gesto de rabia, sino de sensatez democrática. Pedir que los políticos tengan sueldos razonables, que no acumulen privilegios, que no existan aforamientos excepcionales, que no proliferen ministerios duplicados ni asesores innecesarios, que desaparezcan los llamados “chiringuitos” y los cargos adjudicados por amiguismo… no es pedir imposibles; es pedir normalidad. Es afirmar que el servicio público debe ser eso: servicio, no beneficio.

Dinamarca demuestra que es posible. Demuestra que un país serio no necesita una clase política blindada, sino una clase política comprometida. Y quizás ha llegado el momento de que España mire más hacia modelos que funcionan y menos hacia estructuras que solo perpetúan desigualdad y desconfianza.

Porque al final, la política debería ser un paso temporal en la vida de una persona, no una garantía de privilegios eternos. Y si un político quiere ejercer, que lo haga con orgullo, con responsabilidad y con las mismas reglas que cualquier ciudadano. Si no, tal vez no sea la persona adecuada para representar a nadie.

DdA, XXI/6194

METER LA MANO EN LAS ARCAS PÚBLICAS ES YA UN RASGO COSTUMBRISTA

Haga el lector sus cuentas y reconsidere los años en que en el periodismo patrio se viene hablando de corrupción política. Muchos, demasiados, los suficientes para que el sistema se resienta. Meter la mano en las arcas públicas, escribe el articulista, se ha convertido en un rasgo costumbrista, normalizado y convalidado por gran parte de la población, siempre y cuando sean los suyos quienes lo hacen. Los controles democráticos no solo están fracasando estrepitosamente: es que, a ojos de muchos, no son necesarios ni convenientes. La degradación intelectual, ética y estética de la ciudadanía, mutada en masa vociferante, es notoria. La socialización de la ignorancia y el vaciado de las mentes han provocado un tsunami que parece imposible de detener. El lugar del diálogo civilizado y constructivo ha sido usurpado por una sucesión de monólogos desquiciados, falsarios, malignos, insensatos y cada vez más violentos. Organizaciones y sujetos malvados, malignos, malos de solemnidad aprovechan la creciente debilidad del pensamiento, la razón y la conciencia moral para poner en marcha sus codiciosos y siniestros tentáculos.

Antonio Monterrubio

Era el año 2020 y un fantasma recorría el mundo, dejando a su paso un reguero de muerte. El SARS-CoV-2, un virus de armas tomar, mantenía a poblaciones enteras en un ir y venir del miedo al confinamiento, y viceversa. Poniéndolos en jaque casi mate, demostraba la real debilidad de unos sistemas sanitarios que se publicitaban como invulnerables. A la vez, revelaba los perniciosos efectos de la desindustrialización de los países occidentales. De la noche a la mañana, nos topamos con una carencia absoluta de elementos sanitarios de primera necesidad: respiradores, equipos de protección individual, guantes, gel hidroalcohólico, mascarillas… No quedaba otra que acudir a la fábrica del mundo y sus sucursales para obtener suministros a cualquier precio. Intermediarios, comisionistas, facinerosos bien situados y delincuentes de cuello blanco hicieron su agosto. Tener contactos era esencial, aunque fueran procedentes de exóticos lugares y con nombre de chiste. San Chin Choon y Cho Ri Zo siempre han hecho buenas migas.

Con el paso del tiempo, quedó patente la degradación moral que afectaba a instituciones y representantes públicos de todos los signos. Cargos, carguitos, familiares y amigos de mandamases estatales, regionales o municipales engordaron sus faltriqueras y cuentas corrientes lucrándose con la desgracia colectiva. Las especiales circunstancias en las que se produjeron estos fraudes, desfalcos y estafas, en medio de una pandemia como no se había visto otra en un siglo, los hizo particularmente llamativos. Pero se trataba de una muestra, por lo demás no muy representativa, del extendido hábito de la corrupción en la adjudicación de contratos públicos. Las concesiones de obras o servicios a cambio de generosas donaciones a partidos o particulares forman parte del folklore nacional –de casi todas las naciones, con o sin Estado–. Lo mismo sucede con opíparas subvenciones a fondo perdido otorgadas a algunos por su linda cara, los préstamos avalados jamás devueltos, los menudeos de contratos, los concursos amañados o los pliegos de condiciones tramposos. Las privatizaciones a dedo –que enriquecen, por ejemplo, a compañeros de pupitre– son, más que el pan nuestro, la cosa nostra de cada día.

Ese maravilloso bálsamo de Fierabrás, tan publicitado por políticos, empresarios y medios de comunicación, que es la colaboración público-privada es otro sumidero de dinero público. En la práctica, se traduce en que el Estado pone la pasta, y los capitalistas el bolsillo o las cuentas en las Islas Caimán. Cuando el pastel se descubre –lo cual dista de ser siempre– y los malhechores salen a plena luz con las manos pringadas de nata, llega el momento de la justicia. Y esta no es parca en aplicar la ley (del embudo). Si algunos corruptos a veces pagan –aunque con frecuencia les sale a cuenta–, los corruptores, por su lado, suelen irse de rositas y siguen disfrutando de sus Lambos, su caviar o sus yates.

Meter la mano en las arcas públicas se ha convertido en un rasgo costumbrista, normalizado y convalidado por gran parte de la población, siempre y cuando sean los suyos quienes lo hacen. Los controles democráticos no solo están fracasando estrepitosamente: es que, a ojos de muchos, no son necesarios ni convenientes. La degradación intelectual, ética y estética de la ciudadanía, mutada en masa vociferante, es notoria. La socialización de la ignorancia y el vaciado de las mentes han provocado un tsunami que parece imposible de detener. El lugar del diálogo civilizado y constructivo ha sido usurpado por una sucesión de monólogos desquiciados, falsarios, malignos, insensatos y cada vez más violentos. Organizaciones y sujetos malvados, malignos, malos de solemnidad aprovechan la creciente debilidad del pensamiento, la razón y la conciencia moral para poner en marcha sus codiciosos y siniestros tentáculos.

Solo en una sociedad zombi, poblada de multitudes desnortadas y sonámbulas, puede presentarse como azote de la corrupción un partido que desvía fondos públicos a una fundación de la cual su líder es presidente vitalicio. El Tribunal de Cuentas, institución no especialmente diligente, ha cuestionado varias veces la claridad y limpieza de sus números. ¿Cuentas o cuentos? Rizando el rizo –con gomina–, dirigentes de su rama juvenil –bemoles tiene– han sido denunciados por otros directivos dimisionarios por haber desviado fondos recaudados para los damnificados por la DANA que provocó más de doscientos muertos en Valencia. Lo único que algunas Revueltas revuelven es el estómago.

Claro que en la Sociedad del Consumo y el Espectáculo, cualquier falacia encuentra terreno abonado para arraigar. Así, la aureola de buen gestor con la que unos medios rendidos o vendidos –quizás ambas cosas– rodean en olor de santidad a cierta formación de cuyo injustificado nombre no queremos acordarnos. Estamos hablando del partido del Prestige, el Yak-42, el 11-M, los accidentes del Alvia y el metro de Valencia, los protocolos de la vergüenza en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid o la catastrófica DANA de Valencia, por ejemplo. No se trata de errores o incompetencias banales. Estamos hablando de cientos y cientos de víctimas. En el verano de 2025, pudimos comprobar cómo la negligencia, la desidia y la ineptitud de administraciones regidas por este grupo contribuyeron en gran medida a que una oleada de incendios forestales arrasara la península. Entre tantos otros lugares, mi Sanabria natal ardió hasta la médula. Aun así, siempre se encontrarán fieles devotos para procesionar con entusiasmo tras el ángel de la muerte, tomándolo por el hada madrina. Todo esto sin necesidad de entrar en las procelosas aguas de la corrupción, tan bien conocidas por destacados próceres de este y otros partidos con mando en plaza.

DdA, XXI/6194

LO DEL SUPREMO, MÁS ARBITRARIEDAD QUE JUSTICIA REGLADA

 Este tribunal es supremo porque es el último, pero en ningún caso porque sea el mejor. A veces ni siquiera parece un tribunal. No sabemos si la escasez de argumentos se debe a que estamos ante una sentencia política o a que los magistrados están convencidos de que el autor de la filtración fue Álvaro García y han decidido condenarlo incluso sin pruebas suficientes. Da igual. En uno y otro caso estamos ante un resultado que se acerca más a la arbitrariedad que a la justicia reglada.

Joaquín Urías

Por fin hemos leído la sentencia que condena al fiscal general del Estado por revelar datos reservados. Antes que nada, lo que uno encuentra es un texto que daña gravemente la credibilidad de la justicia española y de todo nuestro sistema democrático.

La confianza en la justicia es un bien preciado. No porque sea escasa sino porque se sustenta en el aire. Confiamos en los jueces como método de resolución de los conflictos sociales porque creemos que son árbitros neutrales. Creemos que no utilizan su terrible poder para imponernos una moral o una ideología determinada, sino que se limitan a aplicar la ley aprobada por el Parlamento. Sin esta confianza el sistema entero se tambalea. Las elecciones pierden su sentido y el respeto a la ley se vuelve algo aleatorio.

Leyendo la sentencia en cuestión, mucha gente puede pensar que eso es precisamente lo que está sucediendo. Los jueces del Tribunal Supremo apenas han hecho un esfuerzo por guardar las apariencias. Han redactado una decisión de casi doscientas cuarenta páginas usando un lenguaje jurídico sofisticado. Y poco más. Lo que interesa de una decisión de esta envergadura no es el número de páginas ni la calidad del lenguaje, sino su consistencia. Y en eso la sentencia puede ser un fiasco.

Formalmente, el tiempo transcurrido entre la publicación del fallo y la de su argumentación suscita dudas. Los magistrados apenas tuvieron unas pocas horas para llegar a una conclusión que parece hecha a medida para el acusado. Resulta difícil creer que fueran capaces de valorar todos los argumentos que ahora se desarrollan en estos dos centenares de páginas. No es disparatado imaginar que quizás primero se decidiera cómo castigar al acusado y luego se redactara por qué se ha hecho así. Todo lo contrario a una auténtica decisión jurídica.

Conocido el texto, llama la atención el contraste entre sus numerosas afirmaciones tajantes y la falta de datos objetivos que las sustenten. Los jueces dicen que creen que la única explicación es que el fiscal es culpable y que la filtración tuvo que salir de la Fiscalía. Nos transmiten que están convencidos de que lo hizo o lo ordenó hacer él, pero no nos presentan ningún dato que explique tanto convencimiento. En democracia los jueces no deben contarnos si están o no íntimamente convencidos de algo, sino las razones que nos convenzan a todos. Y de eso no hay.

Lo más novedoso de la sentencia es la idea de que publicar una nota de prensa sobre algo que ya todo el mundo sabe que existe y que es real supone divulgar un dato reservado. Va contra la lógica de las cosas llamar reservado o hablar de divulgar cuando se alude a algo que todo el mundo sabe, por eso de ese asunto no se discutió en el juicio. Sin embargo, el  Tribunal Supremo sabe que el fiscal general reconoció que él mismo redactó esa nota. Convertirla en delito, desafiando la regla de la lógica, es la única manera de tener una acusación de la que sí se conoce el culpable.

Respecto a la filtración, la principal prueba de cargo sigue siendo el borrado de los mensajes. Es decir, la principal prueba es que no hay pruebas. La sentencia en este punto concluye que el acusado no ha podido demostrar que estaba obligado a borrar sus comunicaciones, de modo que no puede invocarlo para demostrar su inocencia. Olvida que en democracia lo que hay que demostrar es la culpabilidad. Del mismo modo, utiliza contra el ya ex fiscal general el hecho de que se haya acogido a su derecho constitucional a no declarar. El resto de “pruebas” son, o muy genéricas, o directamente inventadas (como la deducción de que una llamada de cuatro segundos pudiera haber sido una señal para utilizar otra vía de contacto), o simplemente se exponen sin la mínima explicación.

El Tribunal Supremo no argumenta por qué nunca se investigó si alguna de los centenares de personas con acceso al correo electrónico en el servidor de la Fiscalía entró en él. La sentencia tampoco cuenta por qué creen los jueces que solo cuatro personas podían ser autoras de la filtración. Por mucho que leemos, es imposible encontrar ninguna explicación de qué hace tan creíble la declaración de la fiscal Lastra, que dijo que el fiscal no había negado ser el autor de la filtración. Tampoco se explica por qué las versiones de los periodistas son tan creíbles y sin embargo no se toman en cuenta. Queda sin aclarar qué es eso de la unidad de acción entre la filtración de una noticia y el mencionar en una nota de prensa un hecho de sobra conocido por la sociedad… En más de dos centenares de folios los jueces no han encontrado hueco para responder a estas y otras cuestiones esenciales. El lector de la resolución puede llenarse la cabeza de complicados argumentos jurídicos, pero se queda sin saber por qué diantres se condena al fiscal general del Estado.

Ahí es donde fracasa la idea misma de derecho. Una sentencia, incluso una aparentemente construida a posteriori para llegar a determinado fallo, debe contener explicaciones, no afirmaciones. Lo jurídico debe construirse como un ejercicio de lógica, no como un acto de autoridad. Sin embargo, nos encontramos con una sentencia que hay que obedecer –porque la dicta el órgano judicial con más autoridad del país–, pero que no argumenta lógicamente sus conclusiones. Tal paradoja puede dañar gravemente la confianza en la justicia: puede llevar a gran parte de la ciudadanía a pensar que hay que obedecer a los jueces porque tienen poder, pero no porque actúen jurídicamente.

Es posible aventurar que si el Tribunal Supremo no fuera la última instancia judicial española la sentencia sería muy diferente. El principal problema del Tribunal Supremo es que sus miembros saben que ninguna otra instancia judicial puede revisar su decisión sobre la culpabilidad o la inocencia de un acusado, por eso no se sienten obligados a explicar nada. La impunidad tiene esas cosas. Sí saben que el Tribunal Constitucional controlará si han vulnerado algún derecho fundamental, y a defenderse contra eso dedican la mayor parte de su texto. Pero respecto a la culpabilidad del fiscal en un delito de revelación no dan explicaciones. Este tribunal es supremo porque es el último, pero en ningún caso porque sea el mejor. A veces ni siquiera parece un tribunal.

No sabemos si la escasez de argumentos se debe a que estamos ante una sentencia política o a que los magistrados están convencidos de que el autor de la filtración fue Álvaro García y han decidido condenarlo incluso sin pruebas suficientes. Da igual. En uno y otro caso estamos ante un resultado que se acerca más a la arbitrariedad que a la justicia reglada.

¿No debería el periodismo democrático de este país hacer una convocatoria para manifestar su protesta por el tratamiento dado por el Tribunal Supremo a los profesionales que comparecieron en el juicio contra el Fiscal General del Estado y cuyo testimonio fue despreciado por cinco de los jueces de este tribunal?

SOBRE LA MENSAJERÍA DE LETRINA DE RODRÍGUEZ Y SUS EFECTOS EXPANSIVOS

Félix Población

Rodríguez quiere erigirse en servil recadero de su exjefe Aznar el las Azores y las patrañas que costaron trágicas guerras de invasión y siguieron a los atentados más sangrientos de nuestra historia. El que pueda hacer que haga, dijo el taciturno expresidente al que sus falacias volaron el bigote, y Rodríguez no deja de hacer según el estilo tabernario y baladrón que le caracteriza. Para ello utiliza un lenguaje simple de gamberro en bruto, como si para su oficio de asesor de una presidenta ignara -a la que pretende comparar con el presidente del gobierno de la nación con intención de sustituirlo-, fuera el empleo del insulto y la amenaza lo que más juego le da para ganarse el voto retrógrado. Leer el último tuit de este personaje indecente denota hasta qué punto su celebración de la sentencia que condenó al Fiscal General del Estado es, al mismo tiempo, un reflejo de a qué tipo de individuos puede satisfacer semejante desaguisado jurídico, el más grave episodio que ha tenido lugar en este país desde el intento no del todo fracasado de golpe de Estado de 1981. Si por instigación de su exjefe, quien maneja al antojo de este a la presidenta del gobierno autonómico de Madrid se retrata de este modo -rastrero y chulesco -, habrá que preguntarse por lo que este tipo puede llegar a expresar en venideros mensajes, contribuyendo con ello a seguir dando la falsa impresión de que la crispación política va in crescendo, cuando ese nefasto caldo de cultivo tiene hasta ahora a esa derecha extrema y a la extrema derecha como actores estelares: "Estás hundido. Eres un dictador. Hoy tendría que caer tu gobierno. Solo hay que ver tu cara: Ayuso te gana de largo: Tú no puedes salir a la calle: a ella la admiran. Tú y tu familia y tus adjuntos vais Pá'lante", escribió el tal Rodríguez, y como desde determinados medios, que no son sólo los de la derecha y la ultraderecha, este tipo de escritura de lodazal sigue dando lectores, la mierda discursiva de este sujeto cunde y se expande, cuando lo que a mi juicio debería primar es la elusión de semejante gargajeo insidioso en esos medios de información. Basta con que las redes se atoren con toda la porquería que genera esa mensajería de letrina. El periodismo comprometido con los valores democráticos no debería servir de cauce a quienes con declaraciones de esa guisa no dejan de poner en riesgo esos valores. Si el hartazgo de esta basura es general y no hay ya marcha atrás, como leo en el diario Público, algo deberían hacer en contra este y otros medios para intentar al menos no seguir contribuyendo a ese hartazgo. Desde luego, darle resaltada primacía de portada, no, porque Rodríguez habrá disfrutado con la publicación a lo grande de una más de sus deyecciones. Un excelente profesional como Manuel Rico sabe que los tuits indecentes podrán sumar clics porque la indecencia abunda y se nutre de sí misma en las redes sociales, pero mejor es lograrlos mediante un periodismo lo más decente y digno posible, que cada vez es más necesario ante tanta inmundicia de falsedades y vilezas.

DdA, XXI/6194

LAS CASAS PÚBLICAS DE CONVERSACIÓN DE JOVELLANOS

Lazarillo

Gracias a mi estimado y a menudo proveedor Luis Miguel Piñera, cronista de la villa de Gijón, y merced al amable envío de su articulo sobre El Liceo Jovellanista y la Tuna Jovellanista, publicado en el último número del Boletín Jovellanista, me entero de que Melchor Gaspar de Jovellanos  hizo referencia en su Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España (1786) a las llamadas casas públicas de conversación en estos términos: "Hace también gran falta en nuestras ciudades el establecimiento de cafés o casas de conversación y diversión cotidiana, que arreglados con buena policía son un refugio para aquella porción de gente ociosa que, como suele decirse, busca a todas horas dónde matar el tiempo. Los juegos sedentarios y lícitos de naipes, ajedrez, damas y chaquete, los de útil ejercicio como trucos y billar, la lectura de papeles públicos y periódicos, las conversaciones instructivas y de interés general, no sólo ofrecen un honesto entretenimiento a muchas personas de juicio y probidad en horas que son pérdidas para el trabajo, sino que instruyen también a aquella porción de jóvenes que, descuidados en sus familias, reciben su educación fuera de casa o, como se dice vulgarmente, en el mundo". A este Lazarillo le parece un texto maravilloso que le hace recordar sus años de adolescente en el Ateneo Jovellanos de aquella villa, donde empezó a ser en buena medida lo que ha venido siendo a lo largo de más de medio siglo, un ciudadano en pro de cultura y de la cultura. Que Jovellanos haya pensado 180 años antes en la mocedad ateneista que me tocó a fondo en su propia ciudad es algo que ilumina de sentido su vida y obra ilustradora. Toda mi gratitud.

DdA, XXI/6194

AUNQUE VENGA DE LAS ALCANTARILLAS, EL DINERO NUNCA APESTA

 Esto es lo que cuenta la escritora Irene Vallejo en su última columna, publicada en el periódico Heraldo de Aragón, acerca del emperador romano Vespasiano y la tasa que impuso sobre la orina.

DdA, XXI/6194