Félix Población
¿Alguien antes de ayer podía imaginar que el fallo de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el caso contra Álvaro García Ortiz, Fiscal General de Estado, siendo además condenatorio como ha sido, se podría adelantar sobre la propia sentencia y dar a conocer en la misma fecha del quincuagésimo aniversario de la muerte del dictador y caudillo de España?
Con sólo pensarlo, esto nos parecería demasiado expresivo por parte del citado tribunal, aunque lo formen una mayoría de fiscales conservadores. Pero así ha sido, quizá por temor a que el fallo se filtrara antes de la sentencia, pues de filtraciones va el asunto. Sin que la sentencia esté redactada, porque una de las dos magistradas que no compartieron tal fallo iba a ser en un principio quien lo hiciera, los restantes colegas es como si se hubiera dicho en complicidad con el calendario que la de ayer era una fecha oportuna para publicar lo que el magistrado emérito de ese mismo Tribunal Supremo Martín Pallín considera "lo más parecido al golpe de Estado contra Lula, Dilma Rousseff, Evo Morales o Rafael Correa".
A García Ortiz se le condena sin pruebas y pasando por encima del testimonio de cinco profesionales de la información de diversos medios que, dispensados de revelar su fuente por deberse al secreto profesional, sí quisieron aclarar en el juicio que la fuente reveladora de secretos que no lo eran no era el Fiscal General del Estado.
Gabriel Rufián*, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, ha sido todo lo claro que siempre suele ser quien posiblemente sea uno de los diputados más lúcidos del hemiciclo, no sólo al explicar que se juzgue al presidente del Tribunal Supremo por supuestamente filtrar una información que días antes conocía la mitad de la prensa de Madrid -y también la fiscal general de Madrid que se negó a investigar más de 7.000 muertes en las residencias de esa Comunidad-, sino al darle un significado al fallo del Tribunal Supremo: El mensaje es claro, Ayuso no se toca.
Lo quiso hacer el anterior líder del Partido Popular, Pablo Casado, con el pelotazo del hermano de esa señora con las mascarillas en plena pandemia, y acabó mal. Lo quiso hacer el Fiscal General del Estado por el fraude fiscal del novio de Díaz Ayuso y ha sido condenado. Pareciera que la diligencia en resolver estos casos a favor de la presidenta cuya gestión de la pandemia ocasionó la muerte de más 7.000 ancianos en las residencias por no recibir asistencia hospitalaria, podría obedecer a aquella consigna de Aznar el de las mentiras sobre el atentado terrorista más sangriento en la historia de España: el que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte.
No, no nos habíamos atrevido a imaginar que el Tribunal Supremo de España, en las personas de cinco de sus miembros, iba a tener la azarosa bravata de hacer coincidir su fallo con la fecha del fallecimiento del dictador. Pero sí estamos convencidos de que de su criterio se desprende que, una vez más, a la señora presidenta del gobierno autonómico de Madrid no se la toca.
También parece cada día más verosímil -vistas estas protecciones, tanto en su partido como en la judicatura- que sólo ella, a la postre, con toda su ineptitud y precario bagaje intelectual -está probado que no son necesarios-, pueda dar el salto a la presidencia de la nación, después de haber aglutinando tan a su favor en la comunidad madrileña -con los protocolos de la vergüenza a su cargo- el voto de la derecha y la extrema derecha.
El mensaje es claro, Ayuso no se toca, porque de tocarla y no protegerla la derecha y la extrema derecha carecerían de la lideresa que las puede aglutinar para el gobierno de España**.
*“Hay una parte del Poder Judicial que hace mucho tiempo que hace golpismo, porque los golpes de Estado se hacen desde un plató y en sede judicial, es así de duro. Es un buen día para recordar que un montón de jueces se acostaron franquistas y nos contaron que se levantaron demócratas. Más allá de condenar al fiscal general del Estado, el mensaje es claro: Ayuso no se toca. Es la gran esperanza blanca de toda esa parte del Estado que va en contra del Gobierno. Hermano de Ayuso. 280.000 euros en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado. Novio de Ayuso. 350.000 euros en comisiones. ¿Quién pilla? El fiscal general del Estado. El mensaje es claro: Ayuso no se toca".
**Coincidencias curiosas: Andrés Martínez Arrieta, ponente que fue de la inhabilitación del juez Garzón tras las corrupciones de la Gürtel, lo es ahora en la inhabilitación de García Ortiz, y Ángel Hurtado, otro de los jueces del Tribunal Supremo que condenó al Fiscal General fue el único que se opuso a la condena del PP por la Gürtel. Activistas políticos a favor del Partido Popular, los llamó el magistrado emérito Martín Pallín. Esto es un caso de Lawfare de libro, ha dicho.
Dany Horror y la condena a todo un Fiscal General del Estado, pieza mayor
A la atención de los magistrados y magistradas de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Javier F. Ferrero
Les escribo desde la incredulidad cívica y desde la obligación ética que tenemos quienes ejercemos el periodismo como un servicio público. El país ha asistido hoy a una sentencia que no solo marca un antes y un después en la Fiscalía General del Estado. Marca, sobre todo, un antes y un después en la confianza (ya gravemente deteriorada) de la ciudadanía en la imparcialidad de sus instituciones.
Reconozco que la palabra “impensable” se ha desgastado. Pero pocas veces había resultado tan pertinente como al ver cómo un tribunal que durante años ha mostrado una flexibilidad sorprendente con determinados poderes y una severidad casi ritual con otros decide inhabilitar durante dos años al fiscal general del Estado por un delito sin pruebas sólidas, sin indicios consistentes y con dos votos particulares que, prácticamente, desmontan la tesis de la Sala.
No les escribo para discutir doctrina penal. Les escribo porque ustedes no administran solo justicia. Administran también símbolos. Y hoy, con esta resolución, han elegido un símbolo devastador: la idea de que enfrentarse a una mentira organizada desde un entorno político poderoso tiene un precio judicial. Que desmentir un bulo puede costarle a un fiscal general su carrera. Que quien intenta frenar la intoxicación informativa contra un funcionario público puede acabar convertido en sospechoso por el simple hecho de ocupar el despacho equivocado, en el momento equivocado y frente a los intereses equivocados.
Durante el juicio se escuchó de todo, y casi nada acreditaba la autoría atribuida a García Ortiz. Se oyeron afirmaciones sin fuentes, como la ya célebre confesión del señor Miguel Ángel Rodríguez. Se oyeron conjeturas. Se escuchó a la UCO construir una acusación sobre la base de que quien dirige una institución “domina” una situación y, por tanto, se convierte en sospechoso principal por pura posición jerárquica. Se vieron informes incompletos, recortes de mensajes, omisiones significativas. Y ustedes saben que la justicia no puede edificarse sobre silencios tácticos ni sobre deducciones de mando.
Sin embargo, Señorías, el resultado ha sido una condena ejemplarizante. No hacia quien filtró información, sino hacia quien se atrevió a sostener la versión que desmontaba el bulo de un entorno que lleva años utilizando la mentira como método de trabajo, como arma política y como estrategia de desgaste institucional.
Lo que ustedes han avalado hoy (con dos magistradas negándose a firmar la conclusión mayoritaria) es una victoria para la fábrica de la manipulación. Y es también un recordatorio de que, en esta democracia fatigada, la justicia parece capaz de mirar con lupa quirúrgica a quienes incomodan al poder, y con prismáticos al revés a quienes lo detentan.
No es casualidad que esta sentencia llegue justo en un momento en que el debate público depende cada vez más de narrativas tóxicas, de campañas de intoxicación y de aparatos comunicativos diseñados para blindar impunidad. El mensaje que se desprende es claro: si intentas frenar un bulo con hechos, la sospecha recaerá sobre ti. Si te atreves a señalar la mentira, la maquinaria te aplastará. Si ocupas un cargo institucional y no satisfaces los intereses del bloque mediático-político dominante, el sistema encontrará una acusación lo bastante elástica como para derribarte.
Ustedes, Señorías, han decidido convertir una controversia política en una condena penal. Han decidido que la duda razonable no merece espacio. Han decidido que la palabra de quienes reconocen inventar bulos pesa más que la ausencia de pruebas. Y han decidido que los votos particulares (tan sólidos, tan argumentados) serán un apéndice, no un límite.
No les escribo para pedir rectificaciones. Les escribo para asumir con claridad pública lo que ustedes parecen haber olvidado: una democracia no solo se erosiona cuando fallan los gobiernos. Se erosiona también cuando sus tribunales desatienden la prudencia, ignoran la falta de prueba y permiten que el relato suplante a los hechos.
Ustedes han elegido enviar un mensaje al país. Yo solo dejo constancia del mío: lo que hoy han firmado pasará a los libros no como un ejemplo de justicia, sino como un episodio de rendición institucional ante el ruido, la presión y la política del miedo.
Atentamente, Javier F. Ferrero
Director de Spanish Revolution.
DdA, XXI/6174
