Es mentira que el sistema público de pensiones esté quebrado. Su sostenibilidad depende de decisiones políticas que determinan la distribución de la renta, de la evolución de la productividad, del empleo, de los salarios y de cómo se financie. Lo que hay que hacer es blindarlo frente a quienes, como en Chile, quieren convertir nuestras pensiones en un negocio privado. El 29 de noviembre también se decide eso. Vox lo ha dicho sin rodeos, y el PP lleva años abonando el terreno con incentivos fiscales a los planes privados, con discursos sobre la quiebra del sistema y con la idea de que las cotizaciones son un capital individual.
Juan Torres López
En plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre, la derecha española ha vuelto a poner sobre la mesa una vieja receta: sustituir, en todo o en parte, el sistema público de pensiones basado en la solidaridad por la capacidad que cada persona tenga de ahorrar a lo largo de su vida laboral.
El responsable económico de Vox, José María Figaredo, ha afirmado que el sistema público de pensiones, que paga cada mes a unos diez millones de personas, “es un zombi” y “está quebrado”. Su receta es la reforma hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual. No es solo una propuesta. El Partido Popular lleva años preparando el terreno para que se lleve a cabo. En 2014, Esperanza Aguirre defendió ante la convención nacional del PP que las cotizaciones se considerasen un capital que pertenece a cada trabajador, compatible con los criterios de capitalización de las compañías de seguros. El Gobierno de Rajoy optó por el camino gradual de estimular los planes privados con ventajas fiscales y facilidades de rescate. Formas distintas, más bruscas o más suaves, de ir en la misma dirección, la de trasladar la jubilación desde un derecho colectivo hacia el ahorro individual invertido en los mercados financieros. Aunque hay que señalar por pura honestidad que esta idea no es patrimonio exclusivo del PP y de Vox. Es, en realidad, el programa de la derecha económica, de la banca y de sus centros de estudio y, a veces, ha encontrado acomodo en el propio PSOE. Fue un Gobierno de Felipe González el que reguló en 1987 los planes y fondos de pensiones privados y el ministro José Luis Escrivá, ya con Pedro Sánchez de presidente, fomentó en 2022 una ley para impulsar los planes de pensiones de empleo con fondos de promoción pública.
Por eso es muy importante entender que, detrás de esa expresión amable de “modelo mixto”, hay un cambio radical que pone en peligro el bienestar de las personas que se jubilan sin disponer de grandes patrimonios.
En un sistema de reparto, como el español, las cotizaciones de quienes trabajan hoy pagan las pensiones de quienes están jubilados. La pensión es un derecho reconocido por ley y garantizado por el Estado y su cuantía se conoce de antemano porque depende de lo cotizado y de los años trabajados, no de lo que pase en la Bolsa. En un sistema de capitalización, por el contrario, cada trabajador ahorra en una cuenta individual y una gestora privada invierte ese dinero en los mercados financieros. La pensión que reciba cuando se jubile no está asegurada, sino que será lo que haya en la cuenta el día de la jubilación, sea mucho o poco, según la evolución de la inflación y los mercados financieros.
Quienes defienden la capitalización para evitar, según dicen, la insostenibilidad de las pensiones públicas, siempre omiten lo fundamental: es un sistema mucho más inseguro, menos rentable, más peligroso y, sobre todo, perjudicial para las rentas más bajas.
No es verdad que la capitalización resuelva el problema que dice resolver, el de la insostenibilidad de las pensiones públicas por razones demográficas, porque “en el futuro habrá muchos viejos y pocos trabajadores cotizando”.
Las pensiones, se financien como se financien, siempre se pagan con lo que se produce cada año. Un fondo privado no guarda pan ni medicinas para dentro de cuarenta años: guarda acciones y bonos que habrá que vender cuando llegue la jubilación. Y, si de verdad hubiera menos trabajadores produciendo y menos ahorro, también habría menos compradores para esos activos que quienes se vayan jubilando tendrán que vender para obtener dinero líquido. Si las pensiones públicas estuvieran amenazadas por un problema demográfico exactamente igual lo estarían los fondos privados.
Además, los fondos privados de pensiones rinden mucho menos de lo que prometen. Según los datos de INVERCO que analiza el catedrático de Hacienda Pública Ignacio Zubiri, los fondos españoles con 25 años de antigüedad apenas han logrado una rentabilidad real del 0,42% anual. Como ha señalado Zubiri, “bajo supuestos razonables, ahorrando durante 20 años el 10% de su salario, el trabajador obtendría una pensión que no llegaría al 10% de su último salario. Y con 30 años, su pensión no llegaría al 15% de su último salario”.
Los fondos de pensiones privados también son extraordinariamente inseguros. Si los mercados caen, como en 2008 y en otras muchas ocasiones, la pensión privada se hunde. Se volatiliza total o parcialmente. Aunque la gestora, eso sí, cobra siempre.
Tampoco dicen quienes defienden el tránsito a la capitalización que el cambio que habría que hacer desde el sistema actual es carísimo. Tanto, que se puede decir que es inviable hacerlo. Habría que seguir pagando las pensiones de reparto mientras las cotizaciones se iban desviando a cuentas privadas, de modo que una generación tendría que pagar dos veces.
Por supuesto, se omite también que los sistemas de capitalización multiplican la desigualdad. Las personas con salarios bajos, en situación de precariedad, quienes hayan tenido carreras interrumpidas y, sobre todo, las mujeres arrastran esa desventaja hasta la vejez sin ningún mecanismo solidario que las compense.
¿Por qué entonces se defiende que se pase a un sistema de pensiones privado que tiene muchos más defectos objetivos, peligros financieros e inconvenientes que el sistema público? La respuesta es sencilla: transferir al sector financiero la gestión de la enorme masa de ahorro y dinero que suponen las pensiones públicas es un negocio gigantesco. Nada de lo anterior es teoría. En Chile hicieron todo esto y lo que allí ha ocurrido es lo que debe tomarse como referencia y aviso a navegantes.
La dictadura de Pinochet impuso en Chile, en 1980, la capitalización individual a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Aunque, significativamente, hubo dos colectivos a los que dejó fuera del experimento y que conservaron el viejo sistema público: los militares y los policías. Los arquitectos del modelo sabían bien cuál de los dos sistemas era mejor.
Los resultados después de varias décadas confirman el diagnóstico y lo ocurrido justo este año lo resume todo. Las siete AFP, que controlan activos por unos 229.000 millones de dólares y son la única fuente de ahorro para la jubilación de la mayoría de los chilenos, se lanzaron en los dos últimos años a comprar productos financieros que les darían beneficios si los tipos de interés estadounidenses seguían bajando. Pero ocurrió lo contrario y han registrado pérdidas que rondan los 7.700 millones de dólares. El golpe más duro lo recibió el fondo más conservador, el que se recomienda a quienes están a punto de jubilarse, y lo que perdieron no se evaporó: lo ganaron bancos como Société Générale, Bank of America o BNP Paribas.
La reacción de los responsables del fiasco tampoco tiene desperdicio. El presidente de la patronal de las AFP se negó a hablar de pérdida y la llamó “valorización económica del fondo”, y un consejero técnico de la propia Superintendencia propuso como remedio que quienes estén a punto de jubilarse aplacen su retiro hasta que el mercado se recupere.
Y Chile no es una excepción desafortunada. La Organización Internacional del Trabajo ha documentado que, de los treinta países que privatizaron total o parcialmente sus pensiones entre 1981 y 2014, dieciocho tuvieron que revertir la reforma, entre ellos Argentina, Hungría, Polonia y Bolivia.
Es mentira que el sistema público de pensiones esté quebrado. Su sostenibilidad depende de decisiones políticas que determinan la distribución de la renta, de la evolución de la productividad, del empleo, de los salarios y de cómo se financie. Lo que hay que hacer es blindarlo frente a quienes, como en Chile, quieren convertir nuestras pensiones en un negocio privado. El 29 de noviembre también se decide eso. Vox lo ha dicho sin rodeos, y el PP lleva años abonando el terreno con incentivos fiscales a los planes privados, con discursos sobre la quiebra del sistema y con la idea de que las cotizaciones son un capital individual.
Y si alguien tenía dudas, las ha despejado uno de los grandes altavoces mediáticos de la derecha. El director de OkDiario, Eduardo Inda, comentaba en el programa Milenio las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que había puesto en duda el futuro del sistema público, y pidió silencio: “Cállate con las pensiones, que es un tema sensible”. “Que hablen –dijo– el 30N o cuando ya estén formando gobierno”. No le pidió al PP que garantizara las pensiones, sino que no hablara de ellas hasta que los votantes ya no pudieran tenerlo en cuenta. Esto es lo que está en juego en las próximas elecciones.
CTXT DdA, XXII/6499
