“La intervención militar del 3E en Venezuela representa un punto de inflexión estructural, que marca la transición hacia un nuevo orden internacional caracterizado por el ‘decisionismo soberano’, en el cual la norma jurídica es reemplazada por la capacidad de coerción de las potencias”. Así comienza la declaración de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, en este momento tan difícil y complejo para el pueblo venezolano*.
El documento viene firmado por siete personas: Santiago Arconada, Antonia Muñoz, Edgardo Lander, Carlos Mendoza Potellá, Héctor Navarro, Mariano Crespo y Gustavo Márquez Marín.
Analizan lo que consideran como una “hegemonía regional renovada”, que busca el “control absoluto de los recursos naturales estratégicos de la región”, impidiendo la participación de “potencias extrahemisféricas”. Venezuela se ha convertido en un “laboratorio de la seguridad hemisférica, donde el control de los flujos energéticos y las infraestructuras críticas del país, han pasado expresamente a ser considerados ‘vitales’ para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
En segundo lugar considera que la intervención del 3 de enero fue un golpe de Estado y cambio de régimen que instauró un “protectorado colonial del siglo XXI”. A partir de ese momento, sostiene la Plataforma, la sobrevivencia del Estado-nación venezolano está en juego. “Se libra una guerra cognitiva feroz para que el pueblo asimile su propia dominación y acepte la tutela como un “alivio” necesario para sobrevivir ante el agravamiento de la crisis multidimensional”.
En tercer lugar, la ocupación territorial se concreta en el despliegue de dos mil marines luego del terremoto, para controlar el aeropuerto de Maiquetía y el puerto de La Guaira. El objetivo consiste en el control de los recursos estratégicos (hidrocarburos y tierras raras) y la reestructuración de las instituciones a través del control del sistema electoral y de justicia (CNE y TSJ).
Como describe el cuarto punto, de este modo se “busca garantizar elecciones supervisadas y determinadas por los intereses de la Casa Blanca, con el fin de legitimar el régimen neocolonial y preservar el control estadunidense a través de una democracia tutelada, eliminando cualquier rastro de autonomía nacional y soberanía popular libre”.
Se llega así a la constitución de un “Estado tutelado”, cuya gestión “ha quedado atada a la agenda de la Casa Blanca”. En adelante, sigue la Plataforma, Estados Unidos define y administra las estrategias y políticas públicas en todos los rubros imaginables, desde hidrocarburos y minería hasta comercio exterior y seguridad, inversiones extranjeras, finanzas públicas, manejo de deuda externa y reestructuración de los poderes públicos.
Estamos ante “una gobernanza directa desde Washington”, que llega al punto de que el Tesoro de Estados Unidos recibe directamente los ingresos de las exportaciones petroleras venezolanas, que luego “se distribuyen al país gradualmente a través de bancos privados, permitiendo que Washington decida en qué se gasta el dinero y quién tiene permiso para hacerlo”. Marco Rubio ordena y Delcy Rodríguez, con todo su gobierno, obedecen. Se da prioridad a las corporaciones estadunidenses y se desplaza a los competidores, en especial a China.
Finalmente, la declaración señala que la república entró en un proceso de disolución, que fue posible porque la sociedad venezolana ya estaba agotada por la precariedad y las crisis que se superponen, al punto de que la moral colectiva resultó debilitada, “facilitando la instalación del régimen colonial”. Sólo una reacción popular contundente permitiría rescatar la soberanía y deslegitimar el neocolonialismo impuesto.
A mi modo de ver, se trata de una descripción importante de la situación que atraviesa Venezuela y que es el espejo en el que debemos mirarnos los movimientos y pueblos de la región. En Ecuador el gobierno de Noboa difundió el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029, que apunta directamente contra los pueblos que buscan la autonomía y los movimientos que protestan y desobedecen. Algo similar ya viene sucediendo en el Perú bajo la influencia del fujimorismo, en El Salvador, Honduras, Guatemala y ahora también en la Argentina de Milei.
Para los movimientos y los pueblos es urgente comprender que estamos ante un plan integral contra la vida que no controlan, para someternos y de ese modo seguir dominando. Creo que hay varios temas que debemos considerar. El primero es que se trata de nuestra sobrevivencia como pueblos. No podremos seguir siendo lo que fuimos si no resistimos. Nuestras sociedades, nuestros mundos, estarán completamente trastocados del mismo modo que la naturaleza, cuyo destino seguiremos. El segundo es que no conseguiremos cambiar las cosas en el corto plazo. Estamos ante un período histórico, ante una realidad que se nos impone durante largo tiempo. Ya no sirve ocupar un Estado blindado para los más ricos.
LA JORNADA MX. DdA, XXII/6416
