En su cumpleaños la Constitución es una coherencia cuántica de muchas constituciones superpuestas. Lo del hospital de Torrejón es un recordatorio. A las derechas les gusta decir que lo público es más caro y funciona peor. Las empresas privadas funcionan mejor que el estado para vender bolsos o fabricar cacerolas. ¿Se imaginan una zapatería pública, atendida por funcionarios? El estado funciona mejor para gestionar derechos. ¿Se imaginan abrir más restaurantes para que no haya colas de hambre? Y sí es más caro lo público, por supuesto. Los derechos son más caros que los privilegios, porque son universales y lo público es lo que gestiona los derechos. La salud es más barata si es un privilegio de algunos que si es un derecho de todos. En España hay más ricos riquísimos que antes (siempre muy pocos), hay más pobres y la clase media se va haciendo mediocre. La desigualdad aumenta. Los ricos riquísimos no quieren una población con los derechos que marca nuestra constitución cuarentona. No quieren que tengamos derechos, porque tener derechos todos es tener menos poder los que están en ventaja. No quieren derechos porque son caros, requieren servicios públicos que los gestionen (hospitales, escuelas, oficinas y todo eso) y eso implica la joya de la distribución de la riqueza: los bienhadados impuestos, que ellos tanto odian (la Constitución usa tres veces la palabra «distribución», dos de ellas en este sentido que acabo decir). Y la tercera razón por la que no quieren derechos es que esas actuaciones públicas en que nos protegemos unos a otros y nos aseguramos de que todos tienen libertades y oportunidades eliminan espacios muy lucrativos de negocio. Entre la Seguridad Social y Torrejón, el negocio está en Torrejón y los derechos en la Seguridad Social. Unos partidos quieren un país de negocios y más negocios y otros quieren un país de negocios, pero sobre todo de derechos. Unos diremos que la salud es un derecho y otros dirán que España es una nación indisoluble. Unos querremos centros de salud donde se atienda a quien lo necesite y otros querrán que un señor alto y rubio sea Rey. Cada uno cogerá su cachivache constitucional. Lo de Torrejón es una barbaridad, pero ¿qué esperaban? Se invierte dinero en un negocio para hacer negocio, así sea fabricar cacerolas o traficar con el cáncer. Derivar la gestión de derechos al lucro privado es sencillamente eliminar los derechos. Lo de Torrejón no es una aberración ni un error, es la naturaleza de las cosas cuando no se entiende que el estado no puede dedicarse a vender zapatos ni el negocio privado a atender los derechos de la gente. En Madrid crece la corrupción en torno a la sanidad privada y empezarán las puertas giratorias. ¿Hay algún sitio en que no sea así?
DdA, XXI/6189








