El marco del 78 consagró esta asimetría desde su génesis. Mientras blindó la propiedad privada con amparo preferente, relegó la vivienda al artículo 47, confinada en el capítulo secundario de los principios rectores. En la práctica jurídica cotidiana, esta arquitectura implica que el derecho a un hogar no puede reclamarse de forma directa frente al interés de rentistas o fondos de inversión.
Miguel Bernardo
La muerte de Mari Carmen Abascal, desalojada en camilla tras toda una vida en su hogar, desnudó con una crudeza insoportable el cinismo del sistema actual. Su resistencia vecinal y su doloroso desenlace no constituyen un caso aislado ni una desgracia técnica: representan el síntoma terminal de un orden social que sacrifica a sus miembros más vulnerables para salvaguardar el beneficio especulativo. Mari Carmen encarnó la dignidad cívica frente al despojo; el Estado que la expulsó demostró que, sin un techo inviolable, la ciudadanía no es más que una ficción decorativa.
La tradición republicana enseña que no existe libertad civil posible sin independencia material. La verdadera libertad no consiste en el permiso formal de votar cada cuatro años o transitar libremente por la calle, sino en la ausencia de dominación: la garantía inquebrantable de no vivir sometido al arbitrio ajeno.
Quien carece de un techo seguro o padece la amenaza constante de un desahucio no es un ciudadano soberano; es un siervo contemporáneo obligado a tragar abusos cotidianos y salarios precarios solo para no verse en la indigencia.
El marco del 78 consagró esta asimetría desde su génesis. Mientras blindó la propiedad privada con amparo preferente, relegó la vivienda al artículo 47, confinada en el capítulo secundario de los principios rectores. En la práctica jurídica cotidiana, esta arquitectura implica que el derecho a un hogar no puede reclamarse de forma directa frente al interés de rentistas o fondos de inversión. El régimen protege el lucro mercantil antes que la vida de su propia gente.
Solo un proceso constituyente netamente republicano puede quebrar esta lógica oligárquica. Una Constitución republicana debe elevar la vivienda a derecho fundamental subjetivo e inalienable, prohibir la especulación inmobiliaria, subordinar la propiedad al interés general y construir un parque público protegido contra cualquier privatización.
La memoria de Mari Carmen y de quienes batallan contra los desahucios nos recuerda que la soberanía popular no se sostiene sobre el vacío: la conquista de un hogar digno es, en su raíz, la conquista inaplazable de la República.
LA VOZ DE ASTURIAS DdA, XXII/6494
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