Aristóteles Moreno
Medio millón de españoles cruzaron la frontera hace 87 años. Pisaron suelo francés exhaustos y mugrientos. Desbordado por la avalancha, el Gobierno galo los confinó en la playa rodeados por una alambrada de espino y custodiados por tropas coloniales: senegaleses y, paradojas de la vida, marroquíes.
Hombres, mujeres, ancianos y niños dormían al raso en agujeros cavados en la arena con sus propias manos para protegerse del gélido frío de invierno. Allí fueron internados en condiciones infrahumanas, sin apenas agua potable, ni comida, ni ropa, ni servicios básicos. Muchos padecieron disentería, tifus y sarna.
¿Les suena?
El Gobierno francés gestionó la crisis humanitaria como un problema existencial de orden público y seguridad nacional. La prensa agitaba cada día la bandera de la xenofobia y el discurso del miedo contra una horda amenazante de “ladrones”, “vándalos” y “violadores” que habían invadido Francia para sembrar el caos.
Un decreto ley del Ejecutivo galo prestó cobertura jurídica para el internamiento obligatorio de “extranjeros indeseables”. La opinión pública observaba a aquellos harapientos inmigrantes como una carga presupuestaria que consumía ingentes recursos sufragados por el esforzado contribuyente francés.
Cundió el pánico entre la población local ante el previsible desabastecimiento de las materias básicas y el contagio de enfermedades tercermundistas que se propagaban como la pólvora si no se tomaban medidas urgentes.
¿Les va sonando el tema?
Las autoridades francesas priorizaron el coste económico y las tensiones internas sobre las razones humanitarias de aquellos cientos de miles de seres infrahumanos que vivían hacinados a la espera de un rayo de luz.
El Gobierno francés no tuvo misericordia. Retorció deliberadamente las condiciones de insalubridad para forzar el regreso “voluntario” de miles de españoles. Muchos optaron por el exilio a terceros países. Otros acabaron en campos de trabajo forzado para manufacturar material bélico o ejecutar labores agrícolas.
Casi 100.000 regresaron a España. La mayoría fueron procesados en consejos de guerra sin garantías. Miles fueron fusilados. Doce años después, tras la mayor catástrofe humanitaria del mundo conocido, con 75 millones de víctimas y 60 millones de desplazamientos forzados, la Convención de Ginebra aprobó el Estatuto del Refugiado. Conscientes del umbral de deshumanización que la civilización acababa de cruzar, 147 países se conjuraron para proteger a cualquier persona perseguida en cualquier parte del planeta. Por primera vez, el mundo se comprometía a no abandonar a su suerte a ningún refugiado cualquiera que fuera su credo, su raza o su condición.
Ochenta y siete años después de los campos del sur de Francia y 75 de la Convención de Ginebra, millones de personas siguen siendo catalogadas como “extranjeros indeseables”. Solo hace falta abrir el periódico de cada día para comprobarlo.
CORDÓPOLIS DdA, XXII/6452
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