"Dos largos días después del desalojo, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes se han descolgado con un extenso comunicado en el que se quejan de haber sido maltratados, aseguran que quieren llegar a un acuerdo y ofrecen el piso al ayuntamiento para el programa ReViVa (el ayuntamiento ya ha contestado que eso es inviable). Qué increíble que de golpe recuperen la voz. Siendo malpensada, se me ocurre que quizá se les haya venido abajo una posible venta. A ver quién va a comprar ahora esa patata caliente. O como ha dicho en Bluesky el ministro de Asuntos Sociales: “Ha sido hablar de expropiarles la vivienda y de pronto les ha entrado la conciencia social”.
Rosa Montero
Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, los administradores de Urbagestión, no quieren ser calificados como “fondo buitre”. Seguro que saben de quienes hablo, pero, por si acaso, les resumo que es la empresa inmobiliaria que lleva siete años intentando echar a Maricarmen (una octogenaria en silla de ruedas) del piso en el que vivía desde 1956. Proeza que Urbagestión por fin consiguió perpetrar hace cuatro días, con la armoniosa ayuda de las instituciones de este país, esto es, de la policía que acudió a tirar la puerta abajo y a zurrar a los manifestantes, y de la judicatura, en concreto de la magistrada Elena Cortina Blanco. Como señalaba acertadamente Pablo Ordaz el otro día, lo más formidable del asunto es que toda esta brutalidad es por completo legal.
Pues bien, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes están empeñados en negar que son un fondo buitre, hasta el punto de querellarse por ello contra el Sindicato de Inquilinas (que intentó defender a Maricarmen) y de avisar a los medios de que ni se nos ocurra usar semejante expresión. En su comunicado aseguran: “No somos propietarios de ninguna otra vivienda. Como bien sabe la parte ejecutada, no se trata ni de un fondo de inversión ni de un fondo buitre, sino de una sencilla pyme”. Cómo me conmueve eso de “sencilla pyme”. Qué notable modestia empresarial. No tendrán ahora otra vivienda en esa empresa, pero con anterioridad han comprado y vendido inmuebles. Y por añadidura ambos son administradores solidarios de más de una docena de otras sociedades que van desde el sector inmobiliario al agroalimenticio, según leo en un informe de Jacobo García en EL PAÍS. Así que yo diría que es una sencillez algo compleja.
Pero, volviendo al tema, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes no quieren ser llamados buitres, y yo estoy de acuerdo. Porque los buitres son unos animales majestuosos que sólo se alimentan de criaturas muertas y que, al hacerlo, están cumpliendo una labor esencial y beneficiosa para el ecosistema. Ahora díganme en qué se parece esto a la actuación de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que se han abalanzado sobre Maricarmen mientras la pobre aún respira (aunque van a conseguir acabar con ella del disgusto) y con una actitud que, de entrada, se diría llena de avaricia (palabra que, según la RAE, significa afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas).
Y es que el piso que compró Urbagestión por 240.000 euros en 2018 ha cuadruplicado su valor. Al parecer, primero le pidieron a Maricarmen (que pagaba y siguió pagando hasta el final su alquiler de 500 euros al mes) una renta de 2.650 euros, cantidad que considero alucinante y, como diría la RAE, muy desmedida, porque el piso de Maricarmen debe de estar en unas condiciones de mantenimiento bastante más sencillas que la pyme de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes. Luego rebajaron el recibo a 1.650, también inalcanzable para Maricarmen, que cobra 1.450 de pensión. Y ahí comenzó este largo martirio.
Ahora hemos sabido que el pianista James Rodhes envió dos emails a Urbagestión ofreciéndose a comprar el piso; que la ministra de Vivienda intentó pagar la diferencia del alquiler o adquirir el inmueble, y, por último, me consta que, como se publicó en EL PAÍS, una persona que quiere mantener el anonimato se había ofrecido a completar la renta por el resto de la vida de Maricarmen. Pero Urbagestión no contestó. Un silencioso empeño en el desalojo que hacía sospechar que lo único que le importaba a Urbagestión era dar el pelotazo. Desalojar al bicho para poder revender el piso por un pastón, como en tantas otras rapiñas inmobiliarias. Por desgracia no es necesario registrar los costes humanos en la columna del debe de los libros contables.
Pero el escándalo y la movilización han sido tan grandes que, dos largos días después del desalojo, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes se han descolgado con un extenso comunicado en el que se quejan de haber sido maltratados, aseguran que quieren llegar a un acuerdo y ofrecen el piso al ayuntamiento para el programa ReViVa (el ayuntamiento ya ha contestado que eso es inviable). Qué increíble que de golpe recuperen la voz. Siendo malpensada, se me ocurre que quizá se les haya venido abajo una posible venta. A ver quién va a comprar ahora esa patata caliente. O como ha dicho en Bluesky el ministro de Asuntos Sociales: “Ha sido hablar de expropiarles la vivienda y de pronto les ha entrado la conciencia social”.
La tragedia de Maricarmen ha sido especialmente escandalosa por sus agravantes, como la extrema vulnerabilidad de la víctima. Pero me pregunto cuántos otros casos semejantes hay que ni siquiera cuentan con un eco público. De hecho, Isabel Díaz Ayuso ha minimizado el desalojo de Maricarmen alardeando de los 25.000 desahucios anuales que hay en España; que lo haga mientras juega al Monopoly con su ático de seis millones de euros es una coincidencia simbólica tan rematadamente obvia y delirante que hasta da reparo mencionarla.
Pienso en esos miles de inquilinos, en esas Carmencitas y Paquitas y Lolitas y hasta algún Francisco a los que van a desahuciar este año. Eso no lo pueden arreglar Rodhes ni los donantes anónimos. La febril inflación del precio de los pisos, la pavorosa falta de alquileres accesibles, la facilidad con la que las empresas inmobiliarias se dedican a cazar y echar inquilinos indefensos para poder hacer los negocios del siglo es una realidad indecente, una situación insoportable que sin embargo soportamos. Y me temo que cada día hay más individuos para los que este comportamiento de corsarios, que yo veo como una especie de terrorismo habitacional, constituye una sana manifestación del libre comercio, la libre iniciativa y el libre triunfo del poderoso sobre el débil. Por eso a Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes lo que más les encocoró fue que los llamaran buitres (a ellos, avispados y exitosos empresarios): publicaron su protesta por el término un día antes de comunicar que están buscando una solución. Qué extraordinario que les urgiera más deslindarse de un nombre que del hecho de arrojar a las tinieblas a una anciana impedida.
Hace unas semanas me contaron que la furia devoradora de las empresas inmobiliarias es tal que andan ofreciendo hasta 50.000 euros de propina a los porteros para que les avisen del fallecimiento de un dueño. Mal asunto, pensó mi febril cabeza escribidora. Que me perdonen los porteros, unos profesionales estupendos (amo a mi maravilloso conserje, por ejemplo), pero en esta sociedad tan encallecida lo mismo podría aparecer algún portero decidido a adelantar la muerte de ese vecino tan viejecito y solo. En la selva del ladrillo vale todo.
EL PAÍS DdA, XXII/6478
No hay comentarios:
Publicar un comentario