Solo cabe preguntarse qué habría pasado si estos airados defensores del garantismo, la democracia y el Estado de Derecho hubieran hecho su trabajo cuando el Estado Profundo empezó a tratar de violentar la voluntad popular de los votantes de sus adversarios con los mismos medios antidemocráticos que ahora emplean.
EDITORIAL
Indignación generalizada entre los ministros, los sindicatos policiales, los catedráticos, los demócratas en general y los tertulianos de a pie por el auto del juez Peinado que abre juicio oral a Begoña Gómez y le retira el pasaporte porque existe un evidente riesgo de fuga, con o sin escolta. Todos se caen del guindo de repente, aleluya. De repente, en la democracia plena española resulta que hay medios, submedios, policías y jueces activistas que inventan, prevarican y maniobran contra el presidente del Gobierno y su entorno para intentar hacer caer al Ejecutivo.
¿Dónde vivía esta gente indignada –y con toda la razón– en el periodo 2015-2024? ¿Dónde estaban cuando se aprobó y se aplicó la Ley de Partidos? ¿Por qué no se rompían la camisa en Twitter cuando se conoció el caso Titiriteros, el caso Alberto Rodríguez, el caso Granadinas, el caso Monedero, el caso Niñera, el caso Dina, el caso Oltra, las cuentas falsas de Trías en la portada de El Mundo, los desmanes de la policía patriótica, la causa general y la condena a los procesistas catalanes, la reunión de Inda y Urreztieta con la fiscal general del Estado (y su mano derecha, Álvaro García Ortiz) en casa de Baltasar Garzón el día que salía Villarejo de la cárcel?
¡Qué escándalo, aquí se juega!, gritan ahora con el pecho henchido de furia quienes agacharon la cabeza como avestruces cuando el Estado Profundo y sus terminales judiciales, mediáticas, empresariales y policiales trataban de destruir por todos los medios al movimiento de izquierda más pujante de Europa, aquel que competía con el PSOE por ganar las elecciones y gobernar el país.
Mientras algunos denunciábamos esas operaciones antidemocráticas, muchos de quienes ahora se rasgan las vestiduras en los platós silbaban o miraban hacia otro lado.
Durante años, tanto la prensa progresista mimada por la banca y la gran empresa como el PSOE (el sanchista y el antisanchista) tomaron partido por las cloacas y eligieron ser cómplices de Ferreras, Inda, Olivera, García Castellón y sus secuaces. Tal vez consideraron que era el mal menor, que aquellas acciones ilícitas de la judicatura y de los aparatos policiales y mediáticos corruptos eran solo un accidente del camino, una anomalía temporal, desagradable pero necesaria para mantener a flote el deteriorado sistema monárquico del 78.
La inmensa mayoría de esos analistas, tertulianos y ministros que hoy gritan escándalo contribuyeron de una forma u otra a desactivar con las peores artes, por acción o por omisión, el cambio que el país pedía a gritos en las urnas, y lograron que el Gatopardo fuera la única salida a la crisis constitucional y a la rebelión social y política que nació con el 15M.
Ahora que el Gatopardo bipartidista saca sus garras contra sus antiguos aliados, la progresía moderada habla de golpe a la democracia y llama a la ciudadanía a movilizarse. Por supuesto, tienen razón, aunque resulta difícil ignorar la hipocresía y el doble rasero.
Solo cabe preguntarse qué habría pasado si estos airados defensores del garantismo, la democracia y el Estado de Derecho hubieran hecho su trabajo cuando el Estado Profundo empezó a tratar de violentar la voluntad popular de los votantes de sus adversarios con los mismos medios antidemocráticos que ahora emplean.
CTXT DdA, XXII/6366
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