Lazarillo
En el último Boletín del Director que firma semanalmente Nacho Escolar en El Diario trata del acoso callejero que sufren, preferentemente en Madrid, personas conocidas, ya sean periodistas, comunicadores o políticos vinculados con la izquierda, después de que supiéramos del último caso conocido y confesado por el Gran Wyoming, según contó este en una reciente entrevista con Aimar Bretos en La Sexta. El artículo lleva por titular El negocio del odio y a juicio de Diario Red, juicio que compartimos, lo concluye el autor con una argumentación que por lo menos merece ser tenida en cuenta, pues, tratándose El Diario de un periódico de la llamada progresía mediática, tal argumento podría acomodarse más a la línea editorial de periódicos conservadores como ABC, La Razón, El Mundo o El Español:
"En esta dinámica del odio -escribe Escolar-, una parte de la izquierda también ha tenido su cuota de responsabilidad. Fenómenos como los escraches de 2013 —un acoso menor al lado de lo que ha llegado después— sirvieron para justificar la espiral de violencia de la extrema derecha". Y remata: "Entre todos los eslóganes que peor han envejecido del 15-M está aquel de 'el miedo va a cambiar de bando'. Nunca cambiará. Porque nadie en España ha ganado a la extrema derecha en el campo de juego del miedo, la violencia o la intimidación".
La réplica de Diario Red al artículo del director de El Diario se hace en estos términos: Los escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en 2013 fueron concentraciones convocadas por personas a las que un banco estaba a punto de echar de su casa. Su techo de "violencia" material consistió en pegar pegatinas en las fachadas y portales de algunos diputados del PP. En aquellas protestas había abuelos, había niños, había familias enteras a las que el ordenamiento jurídico —ese que el Gobierno de Mariano Rajoy se negaba a reformar pese a la sangría de desahucios y suicidios— había empujado al borde de la calle. Lo que las movía era la pobreza y el desamparo, la indignación contra un gobierno que había permitido que se ejerciera contra ellas una violencia administrativa y económica de magnitud histórica.
Aquellas protestas fueron, además, disueltas con rapidez por las fuerzas del orden cada vez que se aproximaron a la fachada de un domicilio. Eran espontáneas, ciudadanas, autoconvocadas. Nadie las pagaba. Ningún partido las dirigía. Ninguna gran corporación las financiaba. No perseguían un objetivo partidista, sino una exigencia concreta y democrática: el cese de los desahucios y la dación en pago.
Ninguno de esos rasgos comparten los escraches de la PAH con el hostigamiento que Escolar describe en su propia pieza. La violencia política de la extrema derecha hoy no la protagonizan abuelos ni niños. No la mueven la pobreza ni el desamparo, sino que la ejecutan activistas profesionalizados —Vito Quiles, Bertrand Ndongo y la red que los respalda— remunerados por pseudomedios que, como recordaba el propio Escolar, reciben generosa financiación pública de autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP y por Vox. No son ciudadanos espontáneos: son operadores pagados. Se prolongan en el tiempo durante meses y años, no son disueltos prácticamente nunca por las fuerzas del orden y persiguen un objetivo partidista nítido: silenciar y desgastar a las figuras públicas de la izquierda. Los escraches buscaban que se reformaran las leyes para que hubiese justicia social y derechos. Los escuadristas de extrema derecha buscan atemorizar a las personas de izquierdas para que no se delinquen a la política o al periodismo.
Toda comparación, evidentemente, solo puede establecerse entre cosas distintas: comparar es siempre poner en relación dos realidades que no son idénticas. Y Escolar se cuida bien de subrayar la asimetría —los escraches fueron, escribe, "un acoso menor al lado de lo que ha llegado después"—. Pero el problema no está en el grado que les atribuye, sino en la categoría en la que los inscribe. Sigue llamándolos "acoso", sigue sosteniendo que constituyeron un error y sigue argumentando, exactamente como hace la derecha, que aquellas protestas tienen una parte de responsabilidad en lo que está pasando ahora. No coloca las dos cosas en pie de igualdad (porque hacerlo es intelectualmente imposible), pero sí las dibuja como dos ejemplos de una misma praxis con distinta intensidad. Y esa es, precisamente, la jugada discursiva que el bloque de poder lleva una década pidiendo prestada: convertir la protesta ciudadana de unas víctimas de los desahucios en la antesala simbólica del escuadrismo profesionalizado de la extrema derecha.
Escolar cierra su pieza con una recomendación: "plantarse ante el odio, denunciarlo, comprender sus mecanismos y alejarse de él. No caer en su provocación. No convertirte en alguien peor". El consejo es razonable. Su aplicación también: pasa por nombrar correctamente quién hostiga y quién es hostigado, y por no atribuir a las víctimas históricas de la violencia política una cuota de responsabilidad por la violencia que reciben.
Obviamente, el director de El Diario no ha considerado para nada en la carta semanal a sus suscriptores que los acosos, persecuciones, difamaciones y otros tipos de violencia verbal por parte de la derecha y la extrema derecha, con el concurso a veces de la propia progresía mediática, tuvieron hace ya algún tiempo como objetivo preferente a los representantes políticos de Podemos, dos de cuyos ministros fueron prácticamente sitiados en su propio domicilio por una turba de indeseables durante meses, además haber recibido amenazas postales de muerte y otras contra alguna de sus parlamentarias que se formularon desde los micrófonos de una determinada emisora de radio sin ninguna consecuencia en ningún caso.
DdA, XXII/6349
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