El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que una agresión militar de Estados Unidos contra la isla traería un baño de sangre de "consecuencias incalculables" y un impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional. En su cuenta de X, el mandatario cubano señaló que por sí mismas, las amenazas que ha sufrido la isla constituyen un crimen internacional. "Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra EU, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional. Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EU, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano", afirmó.
Raulito Torres/Aquí en La Habana
En la arquitectura del derecho internacional contemporáneo, existe un principio que, pese a su codificación explícita, ha sido sistemáticamente erosionado, secuestrado y aplicado de manera asimétrica: el derecho inmanente de todo Estado a la legítima defensa.
Este derecho, consagrado en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, no es una concesión graciosa del orden mundial, sino el reconocimiento jurídico de un atributo inherente a cualquier entidad política que aspire a garantizar la vida, la integridad territorial y la autodeterminación de su pueblo.
Desde una perspectiva materialista y antiimperialista, es obligatorio desmontar la falacia según la cual la legítima defensa es un privilegio exclusivo de las grandes potencias o de aquellos Estados que se alinean con los designios del hegemon.
El derecho a defenderse de una agresión enemiga, sea esta convencional, híbrida, económica o cibernética, no se otorga desde un púlpito moral metropolitano, sino que emana de la necesidad misma de una comunidad política de no perecer.
La historia demuestra que la calificación de lo que constituye una "agresión legítima" o un "defensor legítimo" ha estado mediada por las relaciones de poder.
Cuando el débil se blinda, el fuerte lo llama provocación; cuando el fuerte ataca, lo llama intervención humanitaria o guerra preventiva. Como analistas, debemos desnudar esta trampa discursiva.
La autodefensa no es una prerrogativa ontológica del Norte Global; es un mecanismo de supervivencia para el Sur.
Quien ha sufrido invasiones, bloqueos, guerra no convencional y operaciones de desestabilización no necesita pedir permiso moral a su agresor para disuadir o repeler la violencia.
La doctrina de la "defensa popular" o "guerra de todo el pueblo", desarrollada por diversos movimientos de liberación y Estados poscoloniales, sostiene que la distinción entre lo civil y lo militar se desdibuja cuando la nación entera es blanco de una agresión que busca el colapso social.
En tales circunstancias, el desarrollo de capacidades disuasorias, incluyendo sistemas tecnológicos no tripulados, defensa aérea o cibernética, constituye un acto de afirmación soberana, no una escalada belicista.
La inversión en defensa por parte de un país bloqueado y amenazado no es militarismo; es la contracara de la autodeterminación, un escudo que protege el derecho a construir un modelo social distinto al impuesto por el capitalismo global.
Resulta crucial romper con el tabú que criminaliza preventivamente las capacidades defensivas del oprimido.
En un sistema internacional anárquico, donde los organismos multilaterales han mostrado una incapacidad estructural para frenar las agresiones unilaterales, la disuasión simétrica o asimétrica es una respuesta racional y éticamente justificable.
Exigirle a un Estado que renuncie a toda defensa frente a un enemigo históricamente hostil es exigirle su suicidio político o su sometimiento neocolonial.
Que quede claro: la izquierda no celebra la guerra ni hace apología de la industria armamentista. Pero la izquierda consecuente tampoco predica la indefensión ni el pacifismo abstracto que solo beneficia al opresor. La verdadera paz no se construye sobre la rendición, sino sobre el equilibrio, el respeto a la soberanía y la derrota de la doctrina de guerra preventiva. La legitimidad de defenderse no depende de la simpatía del analista ni del consenso de los medios corporativos; radica en la lucha histórica de los pueblos por no ser arrollados.
En ese sentido, el derecho a la defensa es innegociable, universal y no sujeto a la autorización del imperio de turno.
Cualquier país que enfrente una amenaza real y tangible a su existencia tiene el derecho, y el deber con su pueblo, de prepararse para repelerla.
DdA, XXII/6348
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