Ricardo Miñana
Ver a Melania Trump en compañía de Ghislaine Maxwell no es una anécdota trivial cuando sabemos quién es Maxwell y qué hizo. No hablamos de rumores ni de insinuaciones: hablamos de una mujer condenada por tráfico sexual de menores, de una red de abuso construida junto a Jeffrey Epstein, de víctimas reales cuyas vidas quedaron marcadas para siempre.
La justicia, en este caso, no fue una teoría ni una conspiración: fue un veredicto. Maxwell fue declarada culpable por captar, manipular y entregar a menores a un depredador. Eso no es un error social ni una mala compañía; es un crimen atroz que destroza infancias y exige responsabilidad.
Por eso la indignación no nace del sensacionalismo, sino del contraste moral. Cuando figuras públicas aparecen vinculadas —aunque sea socialmente— con quienes cometieron tales atrocidades, la pregunta no es ideológica, es ética. Porque la verdadera medida de una sociedad no es cómo trata a los poderosos, sino cómo protege a los vulnerables.
Las víctimas merecen algo más que silencio incómodo o frases vacías. Merecen memoria, justicia y una condena clara hacia quienes participaron en su sufrimiento. Y quienes fueron hallados culpables de traficar con menores no merecen simpatía ni ambigüedad: merecen cumplir íntegramente su condena.
El hecho de que el 75% de los estadounidenses apoye la publicación total de los archivos de Jeffrey Epstein, incluso si ello implica a miembros de su propio partido político, revela algo profundo y poco común en el clima político actual: una demanda transversal de verdad y rendición de cuentas. En una sociedad cada vez más polarizada, este consenso sugiere que hay límites que no deberían estar sujetos a lealtades partidistas, y uno de ellos es la justicia frente a crímenes graves que afectan a los más vulnerables.
Los archivos de Epstein no representan solo un escándalo individual, sino un posible entramado de abusos de poder, silencios cómplices y protección institucional. Mantener información oculta, por conveniencia política o temor a las consecuencias, no hace más que reforzar la desconfianza ciudadana hacia las élites y las instituciones. La transparencia, aunque incómoda, es una condición necesaria para restaurar la credibilidad pública y demostrar que nadie está por encima de la ley.
Publicar todos los archivos no es un acto de revancha ni de espectáculo mediático, sino una exigencia ética. El mundo necesita llegar al fondo de este caso no solo para esclarecer responsabilidades, sino para enviar un mensaje claro: la verdad importa más que la reputación de cualquier partido, figura pública o sistema de poder. Solo enfrentando los hechos, por dolorosos que sean, es posible aspirar a una justicia real y a una sociedad más digna.
DdA, XXII/6269
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